En los últimos meses varios gestores sociales del departamento del Cesar han denunciado amenazas y persecuciones, relatando que en ocasiones se ven obligados a trasladarse de las ciudades por el temor a ser asesinados.

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La Corporación de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar rechaza las agresiones en los últimos tiempos, de las cuales han sido víctimas más de 40 defensores sociales. Ante este panorama reiteran a las administraciones municipales mayor protección para quienes defienden los derechos humanos de los habitantes de la región.

Cuando los líderes sociales son amedrentados recurren a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía y a la Unidad Nacional de Víctimas, entes encargados de estas áreas; aunque aseguran en muchas ocasiones no lo hacen por miedo.

“Normalmente no se denuncian estos hechos porque no hay credibilidad en las entidades encargadas de atender las denuncias. Lo más común es hacer las denuncias públicas cuando se invita a las comunidades a ciertos actos, y otro medio, que es el más riesgoso, en los noticieros radiales”, manifestó Álvaro Tavera, director de Cambiemos, una asociación de líderes sociales del Cesar.

“El Estado es frío e indolente socialmente”, son una de las expresiones de Tavera, quien basa su argumento en la poca importancia que dan las entidades públicas y privadas a los líderes sociales.

Con los asesinatos a estos defensores no solo se busca eliminarlos físicamente, sino también borrar lo que esas personas representan para la sociedad, ya que las comunidades les otorgan su información, miedos, problemas e inquietudes. “Es una labor que busca mostrar la verdadera política de servicio, de defender los derechos colectivos, que todas las acciones que se realizan van encaminadas al bienestar social”, recalcó Gaspar Narváez, integrante de la Asociación de Usuarios Campesinos del Cesar.

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El 14 de agosto de 2020 la Defensoría Nacional emitió la resolución 074, en la que se fijan unos parámetros para reconocer el trabajo de los líderes sociales y se les designa como titulares de 12 derechos fundamentales, se fijan los criterios para identificarlos y se establecen 17 tipos de liderazgo. El documento también traza una ruta para las investigaciones en caso de asesinatos.

HABLAN LOS LÍDERES…

Yaniris Barraza Guzmán, lideresa social y directora de la Asociación Colombia Profunda, trabaja con familias víctimas de la violencia, con la búsqueda de personas dadas por desaparición, incluso han hecho entrega de los cuerpos a los familiares de la mano con la Fiscalía. Recientemente recibió un pasquín,  presuntamente firmado por el ELN, en el que proferían amenazan en contra de ella y su familia. 

“Entre las diferentes amenazas que me han hecho en el 2016 fue por medio de un pasquín donde decían que eran de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2020 por medio de llamadas telefónicas intimidantes, en 2019 llegaron dos personas aquí a mi hogar y se identificaron diciendo que eran del ELN y el último también lo hicieron a nombre del mismo grupo” expresó Barraza Guzmán, agregando que sus días están lleno de temor por su labor social y uno de sus grandes miedos es ser asesinada por ayudar a las personas a defender sus derechos, aclarando que muchos de esos son violentados por falta de conocimiento.

“El ejercicio de la dirigencia en nuestro país se está convirtiendo en un peligro. Por ser integrante de la Asociación de Usuarios Campesinos he sido desplazado en dos ocasiones, en una de ellas se tomaron mi parcela y decidí irme de la ciudad para distanciarme del peligro porque me daba miedo denunciar, ya que los atacantes se pueden dar cuenta”, agregó Gaspar Narváez.

Aunque las cifras de acciones violentas en contra de los líderes sociales, agropecuarios y demás en el departamento del Cesar son evidentes, muchos de estos defensores de derechos humanos, políticos y económicos continúan sus trabajos arriesgando la vida de ellos y la de sus familiares.

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La presidente del comité en la parte productiva de Fedearroz Cesar–Guajira, Alma Delia Castro, aseguró no haber sufrido intimidaciones o amenazas a pesar de enfrentar actitudes de monopolios en el tema de comercialización y luchar por la defensa del derecho a la vida, libertad de pensamiento y demás porque afirma que los aportes de los colombianos a través de impuestos se deben respetar. “Pero eso no quiere decir que no haya un estado de zozobra o alarma porque se están viviendo momentos difíciles en el país”, subrayó.

ALGUNOS CASOS

Idanis Palma fue víctima de un atentado sicarial en El Copey; Carlos Rueda, consejero de Paz en el Cesar, recibió intimidaciones en su vivienda por parte de un desconocido; el más reciente hecho fue contra María Yolenda Pérez, gestora de la comunidad Birua Arhuaca, quien sufrió un atentado en el cual recibió tres impactos de bala. Estos y muchos más se suman a la lista de víctimas de defensores sociales que temen por sus vidas.

Derechos de los líderes sociales según la Resolución 074 de 2020

-Derecho a ser protegido.

-Derecho a la libertad de reunión.

-Derecho a la libertad de asociación.

-Derecho a libertad de opinión y expresión.

-Derecho a la protesta.

-Derecho a la libre circulación.

Por: Ketty Gutiérrez/EL PILÓN.