Como es bien sabido estamos en presencia de una ola inflacionaria global y un frenazo de la reactivación que pueden conducir a la temida estanflación. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y es así como la inflación galopante ha elevado el Índice de precios al consumidor (IPC) en los primeros cinco meses hasta el 9.07%, el triple de la meta que se había fijado el Banco de la República para este año  del 3%, en un rango entre 2% y 4%. Después de los precios de los alimentos se destaca la escalada alcista de las tarifas de los servicios públicos, particularmente la de energía que se situó en el 17.3%. 

Al analizar los factores que incidieron en esta alza desmesurada de la tarifa de la energía hemos podido establecer que el principal de ellos es el aumento del Índice de precios al productor (IPP), al cual están atados los cargos de generación, de transmisión y distribución, que alcanzó en mayo el 34.32%. También se ve impactada por el incremento del cargo por restricción en la fórmula tarifaria.    Dicho aumento se atribuye en gran medida al cambio de metodología en su cálculo y estimación por parte del DANE.

Pero, indudablemente, en donde más se ha sentido esta alza desproporcionada de las tarifas de energía es en la región Caribe, en donde sus dos mercados, Caribe Mar y Caribe Sol, son servidos por los operadores Afinia y Air´e, en el primero con un incremento en los primeros cinco meses de este año del 33.52% y 44.55%, respectivamente, muy superior al promedio en el interior del país que está en un rango entre el 20% y el 25%. A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas (P), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Ello es injusto para con los usuarios, que vienen de padecer la pesadilla del pésimo servicio que prestó ELECTRICARIBE.

Alarmados los alcaldes de las ciudades capitales de los 7 departamentos del Caribe atendidos por Afinia y Air´e se dieron cita en Barranquilla para explorar alternativas de solución a esta problemática. Al final de sus deliberaciones le hicieron un llamado al nuevo Congreso de la República, recién electo y al próximo Presidente de la República para que se cree un Fondo regional de Estabilización de las tarifas de energía “con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía”. También se planteó “buscar recursos del presupuesto nacional por el orden de los $8 billones, que podrían pagarse en 10 años y así evitar que el aumento sea cobrado al usuario vía tarifa”.

Se trataría de que la Nación sea la que financie las inversiones a las que están obligados los operadores, para que las mismas no se trasladen a los usuarios vía tarifas. Ambas propuestas tropezarán, muy seguramente, con su inviabilidad fiscal, dadas las maltrechas finanzas que heredará quien asuma la Presidencia de la República a partir del 7 de agosto.