Hay buenas causas que terminan siendo la base o pretexto para extraños negociados. He seguido con atención la situación presentada en Aguachica (Cesar) en la cual el alcalde de esa municipalidad ha enfrentado la existencia de cámaras para el control de velocidad en carretera y amenaza desmontarlas él mismo utilizando grúas, así le envíen la Policía para evitarlo, llegó a precisar, lo que de paso me impone la obligación de manifestar al señor alcalde que él es precisamente el jefe de esa Policía.

Eso podría parecer una pelea de políticos, o corresponder a una reacción entendible del señor alcalde, por los hechos que creo la motivan,  pero exagerada y peligrosa, dicho esto como consejo no pedido.

Esa actitud es la muestra de una reacción  desesperada de mucha gente, señor alcalde incluido, porque ellos y una gruesa parte de la opinión pública sospecha que la instalación de esas cámaras no obedece totalmente al fin loable e hipotético de salvar vidas, sino que según se dice, no me consta, son un negocio que beneficia exageradamente el bolsillo de unos privados.

Para mí este y otros casos merecen ser analizados con la mayor seriedad, buscando descomponer el problema en las partes que tiene y así poder observar cada cosa por separado para llegar a las conclusiones a que haya lugar.

Lo primero es expresar que lo que se persigue con las “fotomultas” es un fin noble, pues de lo que se trata es proteger vidas y bienes, regulando la velocidad de la marcha en carreteras e imponiendo unas sanciones, en este caso multas. No sobra decir que estas se emplean en casi todos los países del mundo. Son un medio de prueba. Nadie podría estar en contra de eso. Yo sería partidario de que ellas estén en todas las carreteras pero fijando las velocidades máximas a valores acordes y no determinar, por ejemplo, una de 30 kilómetros por hora en toda una doble calzada, construidas precisamente para agilizar el tránsito terrestre.

El problema se presenta cuando bajo la máscara del bien común, parece que se agazapa un negocio que en poco o en nada beneficia al ente público, y no solo eso, es que también atenta contra la fluidez del tránsito vehicular y se tornan odiosas provocando un rechazo general, llevando a renuencias explicables pero peligrosas, pues las vías de hecho no son el camino para corregir estos desatinos. Aquí el problema no es de grúas sino de un buen abogado asesorado por técnicos que permitan armar un argumento válido para el desmonte o adecuación de esos aparatos.

En muchas ocasiones da la impresión de no ser una actitud de prevención sino una vulgar trampa para esquilmar al ciudadano que por falta de una debida señalización excede unos topes no en forma deliberada y consciente de violar una regla, sino porque como en las minas “quiebrapatas” están ubicadas para que se caiga en ellas. Eso es pura y baja mala fe.

Aguachica no es sino un caso, pero como ese existen muchos. No es que se deje de controlar el exceso de velocidad, de lo que se trata es que prevalezca la racionalidad y la protección de unos bienes jurídicos y no el diseño y montaje de fraudes que por encima de todo lo que buscar es aumentar los saldos de cuentas bancarias bajo la portada de una buena obra.