Al igual que en el país, el ejercicio periodístico en la región Caribe se ha desarrollado en medio del conflicto: en un primer momento, la Bonanza Marimbera cobró la primera víctima documentada y posteriormente el narcotráfico. La aparición de las estructuras guerrilleras, los grupos paramilitares y la clase dirigente y política corrupta han sido los actores que han impuesto la violencia a los periodistas de la región Caribe.  

Lea también: Así identificaron al presunto ladrón que hirió a Naylin Durán; lo mandaron preso

La combinación de todas las formas de violencia y de actores del conflicto con sus rituales de la muerte y de prácticas de silenciamiento contra el periodismo del Caribe ha dejado una lamentable cifra de asesinatos de trabajadores de los medios que reposan en la lista de periodistas asesinados de la FLIP y están documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Además de la eliminación física de la víctima, los daños a la familia y a la región comunicativa, otra de las consecuencias es el silenciamiento colectivo en el marco de una práctica sistemática y selectiva contra el periodismo de Colombia y  el Caribe, generando atrasos y pocos desarrollos democráticos en el Estado local y permitiendo que los mismos gobernantes y castas políticas se perpetúen en el poder con sus prácticas maniqueístas a través de las cuales el periodismo critico se convierte en un ‘elemento desviado’. Una sociedad informada toma mejores decisiones. Luego entonces: ¿a quién le conviene la autocensura, censura y silenciamiento de la prensa?

La Bonanza Marimbera impuso una violencia que se extendió a sus territorios de proximidad. La cultura marimbera, entre otros factores, legó un comportamiento violento, aún vigente, observable en la manera de dirimir los conflictos por la vía de las armas, lo que se puede evidenciar en las cifras de homicidio en las lógicas de ‘justicia por mano propia’ y ‘sangre por sangre’ y en el porte y tenencia de arma. 

“Esa relación socio histórica entre ambos departamentos conserva algunos elementos del pasado en el presente, entre esos la necesidad de responder al adversario a través de cualquier forma y eso incluye la violencia, por eso las armas para la autodefensa es un asunto cultural pero además ideológico, político y social”, refirió el profesor y sociólogo José Varela, de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en el informe periodístico ‘Los pistoleros’, entre cultura obsoleta y delincuencia’, publicado por el diario EL PILÓN el 10 de octubre de 2019.

La disputa ocasionada por la ‘mala yerba’ puso una larga lista de muertos entre los que se cuentan   los primeros periodistas asesinados en el Caribe colombiano. 

A la Bonanza Marimbera le sigue la consolidación del narcotráfico con los carteles de la droga, la aparición y repartición del territorio por parte de la guerrilla, los paramilitares, las ‘Convivir’ y posteriormente las Autodefensas Unidas de Colombia y la violencia de Estado en medio de una disputa territorial. Además de los actores, el Caribe y el departamento del Cesar han vivido algunos episodios de violencia relacionados con la migración colonial que provoca la creación del departamento en asocio con el despojo de las tierras de los campesinos, las crisis de las bonanzas bananera, algodonera y marimbera, que deja mano de obra cesante, quienes van a engrosar las filas de los grupos armados. Al conflicto generalizado se suma la tensión generada por el extractivismo en la región.

Le puede interesar: La música como instrumento de paz en Tierra Grata

En consecuencia, en medio de un repertorio de conflictos históricos, el periodismo del departamento del Cesar ha sido víctima de la imposición de un modelo violento enmarcado en una estrategia de silenciamiento colectivo en el territorio: “El pasado no se olvida”, relata una fuente anónima a los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica. “Hacer periodismo en el Cesar pasando del registro a la investigación es casi una afrenta para los violentos y las mafias de la corrupción que se enquistaron en el departamento”. (CNMH, 2015, pág. 161).

Apartes de una comunicación del abogado Reinaldo Villalba a la familia Quintero Torres reafirma lo expuesto: “La represión tuvo como objetivo amedrentar y silenciar a los periodistas de modo que no dieran cuenta a la sociedad y al mundo de los crímenes que se estaban llevando a cabo en Colombia, y en particular en el departamento del Cesar. Está claro que este gremio fue objetivo de numerosos ataques, muchos de ellos, consistentes en homicidios”.

Los periodistas, en medio del ocultamiento de información, se vieron confrontados con el compromiso de investigar y suministrar a la audiencia una información ajustada a la realidad de los hechos que estaban sucediendo, “lo que sin duda molestó a quienes tenían las armas, legales o ilegales”. (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

ALGUNOS HECHOS VIOLENTOS EN VALLEDUPAR

Un libro compilatorio de dos décadas (1994–2014) de información del diario EL PILÓN relata que el 22 de agosto de 1996, los paramilitares amenazaron de muerte a la periodista y defensora de derechos humanos Amparo Jiménez Pallares. “El 11 de agosto de 1998 aquella advertencia se hizo realidad”. (EL PILÓN 20 Años). El hecho ocurrió en el barrio El Cerrito de la ciudad de Valledupar, en cercanías al Batallón de Artillería Número 2  La Popa.

A mediados de 1999, circulaba la versión de que iban a matar a otro periodista en Valledupar. Jaime José Daza (JJ), quien se desempeñaba como editor judicial del diario EL PILÓN para la época de los hechos. Renunció al periódico porque dice que conocía que iban a matar a un periodista. Manifiesta haber solicitado protección al Estado, pero “nunca se dio” y por eso se retiró, y días después el país y el Cesar conocieron la ‘mala noticia’ del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres. 

No deje de leer: Así identificaron al presunto ladrón que hirió a Naylin Durán; lo mandaron preso

“Después del crimen de Amparo Jiménez, se tejió el rumor de que antes del año asesinarían a otro periodista. A los 13 meses, el 16 de septiembre de 1999, la víctima fue Guzmán Quintero Torres, también a manos de grupos paramilitares” (EL PILÓN). “Era él o yo”, agrega JJ.   

Los periodistas trabajaban condicionados y bajo la presión de guerrillas y paramilitares. “Llegaban amenazas que iban a dinamitar el periódico si seguíamos publicando asesinatos por parte de las Autodefensas o la muerte en serie de ganado vacuno ante las ‘vacunas’ que exigían los grupos guerrilleros”, recuerda JJ Daza. Algunos trabajadores de los medios decidieron abandonar la actividad y las empresas para las que trabajaban e incluso hubo algunos desplazamientos. 

“El Estado conocía de todos estos planes que había para acabar con la prensa vallenata, era la segunda muerte y esto nos marcó a todos y tuvimos que alejarnos de los periódicos y de los diferentes medios de comunicación”, refiere JJ Daza, en entrevista realizada en junio de 2020.

Las voces y documentos consultados coinciden en señalar que en Colombia y en el Cesar existió una política de silenciamiento de los periodistas a través de asesinatos, amenazas, hostigamientos, secuestros y violaciones de derechos humanos por parte de los actores de la guerra. 

“Precisamente a Guzmán le matan porque no quiso silenciarse, rechazó de plano la autocensura impuesta por el terror, quedó demostrado que la sociedad toda, y el periodismo en particular, fue víctima de políticas dirigidas a su silenciamiento, es decir, existió una política consistente en atacar a los periodistas, eliminándolos físicamente si fuere preciso”, se puede leer en comunicación del abogado Reinaldo Villalba.

EL SECUESTRO DE SIETE PERIODISTAS EN ATÁNQUEZ

El 11 de noviembre de 1999, el periodista José Urbano Céspedes y el camarógrafo Aldemar Cárdenas, del Canal Caracol; el camarógrafo Libar Maestre, del noticiero CMI; el periodista David Sierra y el camarógrafo Isbel Ballesteros, del canal RCN, y Edgar De La Hoz y Pablo Camargo de EL PILÓN, fueron secuestrados por guerrilleros del frente 59 de las antiguas FARC en el corregimiento de Atánquez, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando cubrían una masacre, al parecer, perpetrada por grupos paramilitares, ocurrida en la zona. (El Tiempo, 1999).

Lea también: La aguda crisis que vive el Cesar por la ocupación de camas UCI

“El Ejército señaló que el grupo de periodistas fue retenido por las Farc, que los dejó en libertad días después tras exigir la mediación de la Cruz Roja Internacional”. (EL PILÓN, 2014). 

En lo sucesivo, los periodistas vallenatos ‘se regularon’ y en algunos casos se autocensuraron; cesaron los asesinatos tal vez como una consecuencia del silenciamiento impuesto, pero persisten las amenazas individuales y, en algunos casos, colectivas a los periodistas que se atreven a hacer periodismo crítico e investigativo, violentando las libertades de prensa y expresión.

A Jota Jota Daza, sobreviviente de la violencia impuesta a la prensa vallenata, le ha tocado ejercer el periodismo bajo amenazas constantes al igual que el periodista Enrique Camargo Plata, quien fue víctima de un atentado en su contra. También víctima de los violentos es Katia Ospino Salem por ejercer un periodismo crítico e investigativo. Otros y otras periodistas abandonaron el oficio. 

Se infiere a partir de las propuestas y trabajos observados que pocos periodistas le apuestan al periodismo crítico e investigativo y prefieren hacer periodismo de registro y desarrollar sus trabajos a partir de boletines de prensa y pronunciamientos institucionales, muchas veces cayendo en el ‘unifuentismo’, y otros prefieren dedicarse a la comunicación organizacional e institucional porque corren menos riesgos y los salarios son mejores que las condiciones laborales que ofrecen algunos medios existentes en el territorio, entre otras razones.

Luego entonces: ¿vale la pena arriesgar la vida en una actividad que ha demostrado ser de alto riesgo? En el caso de Guzmán Quintero Torres, para el momento de su asesinato estaba contratado por un salario mínimo sin seguridad social, según información recolectada en trabajo de campo.    

CAMINO A LA AUTOCENSURA

Los asesinatos de los periodistas: Amparo Jiménez Pallares y Guzmán Quintero Torres, ocurridos en agosto de 1998 y septiembre de 1999, respectivamente, y posteriormente  de Martín La Rotta Duarte, en febrero de 2004, plantean un nuevo orden del quehacer periodístico en el departamento del Cesar y la región Caribe de Colombia. 

Le puede interesar: ¿El Estado garantiza las libertades de prensa y expresión?

Lo que se podría considerar una estrategia de Mercenarismo de Estado, por su carácter sistemático y generalizado en contra de la prensa regional, “motivaron a que el gremio se autocensurara”, incluso muchos periodistas dejaron la profesión por temor y falta de garantías para ejercer el periodismo. “Nunca volví a ejercer el periodismo, ni creo que lo vuelva a hacer. Eso me afectó psicológicamente…”, rememora Josefina Jimeno, amiga y compañera de Amparo, a la periodista María Ruth Mosquera en el artículo de prensa ‘El silencio de una periodista que dejó su profesión por temor’, publicado por Fecolper el 6 de abril de 2015.

Dos periodistas críticos y defensores de derechos humanos asesinados en un año lograron el propósito de infundir en la prensa vallenata lo que el abogado Reinaldo Villalba llama “Terrorismo de Estado”. El asesinato selectivo de periodistas acompañado de intimidaciones, seguimientos, allanamientos, señalamientos por enfoques críticos, agresiones, daño y despojo del material grabado y equipos de trabajo, entre otros actos violatorios de la libertad de prensa y expresión, hacen parte del repertorio de violencia en la década de 1995-2005.

Por: Hamilton Fuentes