El próximo diciembre, la Defensoría del Pueblo Regional Cesar continuará con la recolección de declaraciones a 10 personas que, como miembros de distintas organizaciones sociales y políticas, buscan que la Universidad Popular del Cesar (UPC) sea reconocida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a a Víctimas como sujeto reparación colectiva.

Desde mayo de 2016, el proceso de toma de declaraciones empezó y a su debido momento, diversos protagonistas y sobrevivientes de lamentables historias han continuado sin descanso dando a conocer los hechos que motivan la solicitud ante la Unidad de Víctimas: la memoria de los estudiantes José Cuello Saucedo, Elizabeth Córdoba Uliana, Rosilda Aria Velásquez y los docentes Miguel Ángel Vargas Zapata y Luis Mendoza Manjarrés.

El proceso busca, además de la reparación integral de la universidad como víctima del conflicto armado, que se garantice la no repetición de asesinatos, amenazas, desplazamientos, agresiones y humillaciones en contra de los miembros de ese claustro educativo; también se busca la verdad porque nadie ha sido responsabilizado puntualmente de estos crímenes.

Ya existe un documento amplio en la Defensoría que da cuenta de una época violenta en la historia del Cesar, que cobijó a la UPC, de cómo miembros del Bloque Norte de las AUC permearon la universidad intensamente por alrededor de una década.

El reconocimiento a la UPC como sujeto colectivo de reparación sería uno de los hechos más importantes desde la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, logro que ya han conseguido ante la Unidad de Víctimas las universidades de Córdoba y del Atlántico, también golpeados por la violencia paramilitar.

“Una época de terror”

Roosevelt Carrillo Martínez es hoy presidente de la Asociación Sindical de Profesores de la UPC, ASPU, con cerca de 160 miembros. Él huyó de las amenazas que desconocidos le hicieron constantemente por sus labores sindicales; quiso llegar a Suecia, lejano país al que si alcanzó a viajar la docente Miryam Segura, atemorizada. Él solo logró alcanzar refugio en Bogotá.
“Compañeros recibieron amenazas y no las creyeron porque eran trabajadores sociales, ellos que iban a pensar que por actividades sociales iban a ser asesinados, eso a mí particularmente me aterró que las fuerzas oscuras, no sé si de la sociedad y del Estado, hayan interpretado esas actividades como un peligro para el establecimiento”, narró el docente.
Carrillo Martínez insiste en que luego de todos estos años y con una época propicia para el diálogo, debe reconocerse a los mártires de la universidad.
“La sociedad tiene que reconocer que hubo una personas sacrificadas, asesinadas, por un trabajo que estaban haciendo en pro de la sociedad. Los compañeros profesores y estudiantes en eso era que estaban entretenidos intelectualmente, entonces tiene que reconocérseles que fueron unos mártires de la universidad por su bienestar social”, concluyó el profesor Roosevelt.

Hagamos memoria

Es importante recordar que los estudiantes y docentes asesinados promovían el debate, la interlocución vehemente con los gobiernos como representantes de la comunidad estudiantil para mejorar las condiciones del proceso educativo; por ejemplo: la disminución de los valores de las matrículas, el buen uso de los recursos económicos para el fomento de la investigación, entre otros.

La aparición paramilitar en el poder cesarense, con el objetivo de coptar las instituciones, no fue ajena a la UPC y esto lo registran claramente las observaciones de la Defensoría que deberán servir como insumos a la Unidad de Victimas en su resolución.

“Esta iniciativa es un llamado desde las organizaciones estudiantiles, sociedad civil como el Centro de Memoria del Conflicto, como la Corporación Grupo de Memoria Histórica del Cesar, la mayoría egresados de la UPC, nace por eso. Sabemos que el conflicto armado y las estructuras paramilitares coptaron la institucionalidad, podemos hablar de más de 10 años por el frente ‘Mártires del Cesar’. Es para sanar, dignificar el nombre de quienes fueron víctimas y se pueda hacer un ejercicio de memoria, reconstruir lo que pasó”, afirmó Orlando Carreño, sociólogo egresado de la UPC.

“¿Quiénes tomaron los recursos de la universidad? ¿Quiénes desde la parte administrativa apoyaron a la elección de rectores que se sabe, eran apoyados por ‘Jorge 40’? Es importante que se sepa esto, muchas veces incomodará y causará molestias pero es el ejercicio de la verdad”, agregó el sociólogo.

Según esto relatos y lo consignados en las declaraciones a la Defensoría del Pueblo, en la UPC no solo fueron asesinados con sevicia los estudiantes sino que también se desmanteló todo movimiento de pensamiento crítico y allí se sembró para el futuro el peor de los actos de los violentos: minar la iniciativa intelectual, que hoy tímidamente quiere reaparecer.

Las declaraciones

Los relatos registrados en la Defensoría del Pueblo, fortalecidos con declaraciones y registros de prensa de EL PILÓN, contienen detalles de los hechos de sangre, que se constituyen en los argumentos para que la Unidad de Victimas otorgue el reconocimiento a la UPC.

“Alrededor de la 09:00 p.m. del jueves 23 de enero de 1997 cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron violentamente en la vivienda del estudiante de último semestre de Licenciatura en Matemáticas y reconocido líder estudiantil José Cuello Saucedo, de 28 años de edad, ubicada en el barrio Garupal de Valledupar, y luego de proferir amenazas contra su familia se lo llevaron con rumbo desconocido. Al día siguiente su cuerpo sin vida, amarrado, con siete impactos de arma de fuego y con evidentes signos de tortura, especialmente en su manos que registraban fracturas múltiples, fue encontrado cerca del puente Salguero…”.

“Semanas después, siendo aproximadamente la 07:00 p.m. del jueves 13 de febrero de 1997, varios hombres se bajaron de un vehículo Sprint color gris y sin placas en una vivienda del barrio Los Caciques de Valledupar y se llevaron a la fuerza a la joven de origen Wayuu Elizabeth Córdoba Uliana, de 25 años de edad, estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública. Al día siguiente, en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de Río Seco, incinerado en medio de un montón de llantas quemadas, fue hallado su cuerpo”.

“Un día después, el 14 de febrero de 1997, cuando se trasladaba a Agustín Codazzi a visitar a una abuela, desapareció Rosilda Arias Velásquez, de 20 años de edad, estudiante de cuarto semestre de Contaduría Publica. Al día siguiente, su cuerpo sin vida, el cual presentaba cuatro impactos producidos con arma de fuego, fue hallado en el corregimiento de Mariangola en Valledupar”.

El 16 de mayo de 2001, el docente de la UPC y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios seccional Cesar, Aspu, Miguel Ángel Vargas Zapata, fue asesinado cuando salía del campus universitario. Ese día, a las 6:30 de la tarde, Vargas salía en su vehículo Fiat de color rojo, y era esperado por un sujeto que le disparó en varias oportunidades, emprendiendo la huida a pie.

El hombre de 46 años alcanzó a ser auxiliado, pero falleció en la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López.

En un crimen casi que calcado acabaron con la vida de otro líder de Aspu, Luis José Mendoza Manjarrés. El 22 de octubre de 2001, después de dictar sus clases de administración de empresas, el docente de 43 años fue baleado cuando se disponía a subirse a su automóvil para salir del campus. Mendoza estaba amenazado de muerte y aunque estuvo por fuera de la ciudad durante varias temporadas, volvió junto a su familia y la sentencia se cumplió. Él fue candidato de la Unión Patriótica al Senado, administrador de empresas egresado de la UPC y luego docente de la misma institución.

Por Andrés Llamas Nova / EL PILÓN