Investigación, extensión de los programas en las regiones a través del sector productivo, formación avanzada mediante postgrados y acreditación de programas académicos, producción bibliográfica y fortalecimiento de redes de laboratorios al servicio de la comunidad son algunos de los aspectos que asegura tener la Universidad Popular del Cesar, UPC, para el próximo 2021, dejando a un lado los líos administrativos en los que se han visto envuelta en estos últimos meses.  Así lo hicieron saber sus directivos en una rendición de cuentas.

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El rector del alma máter, José Rafael Sierra Lafaurie, indicó que otra de las metas que tienen por parte del Consejo Académico es gestionar más matrículas gratuitas  en todos los programas para que haya estudiantes beneficiados con becas departamentales y nacionales.

Añadió que se aprobó la actualización del cuerpo docente, dando oportunidad a profesionales de la región con una convocatoria para todos aquellos que se sientan con cualidades y los requisitos para dictar clases.

“Se ordenó abrir un espacio en el portal para tales fines; los Consejos de Facultades evaluarán las hojas de vida y el Consejo Académico estará a cargo de la elección de esos docentes para el periodo académico 2021-I”, explicó el funcionario.

Destacó que para el 2021 está aprobado un presupuesto de $89.000 millones, en el que el Gobierno nacional aportará el 45 % y el 55 % la Universidad a través de recursos propios.

“La prioridad es la academia, la acreditación que se necesita para la vinculación de los docentes para ver si se logra hacer por 11 meses, que es lo que pide el Ministerio de Educación”, dijo Sierra Lafaurie.

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De este mismo modo explicó que para el pasado lunes se tenía prevista la realización de una sesión del Consejo Superior en la que se iba a presentar y debatir el presupuesto, pero esta no se llevó a cabo por discusiones sobre el quórum, ya que dos de los consejeros en representación del Ministerio de Educación y la presidencia de la República solicitaban que se le diera participación a los dos miembros que fueron elegidos el 20 de noviembre, a pesar que estas elecciones habían sido suspendidas y por tanto quedaron sin piso jurídico.

“Duramos debatiendo este punto hasta las 8:00 de la noche, el Ministerio insiste en avalar estas elecciones a pesar que este hace parte del CSU, pero fueron revocadas y no podían estar esos dos consejeros.  Habían puntos muy importantes para la universidad y es el tema del presupuesto que había que aprobarlo; al no darse la sesión hay más tiempo y la norma nos faculta a través del Acuerdo 021 del 15 de junio de 2002 para hacerlo por resolución y en eso se trabaja con la oficina Jurídica y la oficina de Planeación realizando lo pertinente”, indicó el rector.

Igualmente se refirió a la medida preventiva del Ministerio de Educación que solicita intervenir a la UPC mediante la creación de fiducias y un inspector que vigile los procesos.

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“Con esto lastimosamente se le causa un detrimento a la universidad porque tiene un costo elevado y causa retrasos en los pagos; no obstante, no tengo ningún problema porque todo lo que sea para la transparencia lo acogemos, inclusive le comuniqué al presidente para que le dijera a la ministra de Educación que el inspector sea una persona transparente. Lo importante es rescatar la universidad de las  irregularidades en los últimos seis meses, las cuales se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes. Este es un mandato del Ministerio y toca cumplirlo”, puntualizó el rector.

POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ/ EL PILÓN.