En cumplimiento de las exigencias del Acuerdo Final, el Gobierno expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por el cual se crea la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales…”, otro asalto a las instituciones porque, sencillamente, su objetivo es obligación constitucional exclusiva de la Fiscalía.
Sentí vergüenza ajena leyendo que había que adecuar las capacidades de investigación y acusación de la Fiscalía, su estructura, su planta de personal, su nivel estratégico, sus áreas de apoyo, en fin, toda la Fiscalía a “las exigencias del Acuerdo”.

Me sorprendió constatar que el Acuerdo Final “redefine la política criminal de la Fiscalía” y que, a pesar de la insistencia en que no se trata de una rueda suelta, se reconoce con desfachatez que “…modifica el rol de la Fiscalía General de la Nación como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal y de la investigación y persecución de los hechos que revistan las características de un delito”. Es sencillo, si la adscripción de la Unidad Especial a la Fiscalía no fuera solo de papel o meramente administrativa, pues no se perdería tal exclusividad.

Y si poco faltara, su director será nombrado por el Fiscal de terna presentada por el Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP, conformado al tenor de “los intereses de las Farc”. Lo dicho: el Acuerdo Final socavó el perfil constitucional de la Fiscalía General y creó una instancia paralela: ¿acaso una Fiscalía de las Farc?

Afortunadamente, la dignidad se pasea de nuevo por el búnker, rescatada por el Fiscal Martínez de la genuflexa posición de su antecesor frente al Gobierno y las negociaciones con las Farc. El Fiscal ha marcado territorio frente al Acuerdo Final y, en cuanto a la Unidad Especial de Investigación, logró acotar algo su pretendida autonomía.

Aun así, la Unidad se perfila como rueda suelta, con obsesión por las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo”, pero con total olvido frente a las sucesoras de las actividades delictivas de las Farc. En un país donde cualquier hampón es calificado como sucesor del paramilitarismo, pero también ciudadanos de bien, ganaderos y productores agropecuarios sometidos al aporte extorsivo, la estigmatización en manos de esa Fiscalía de las Farc puede convertirse en cacería de brujas.

Ni qué decir de “la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz” (art.1). ¿Quién tipifica esas “conductas criminales” en medio de la estigmatización a los “enemigos de la paz”? ¿Acaso la oposición crítica podrá ser calificada como calumnia? ¿Acaso ahora mismo podría estar delinquiendo por no estar de acuerdo con “la implementación” y manifestarlo públicamente? ¿Estamos frente al delito de opinión?

Por José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie