COLUMNA

La salud: prioridad actual

Me llamó la atención la circulación en las redes sociales de cuatro fotografías: una en Londres, otra en parís y la otra en Madrid, donde pude observar sitios que eran bastante concurridos, hoy completamente desolados y la cuarta en Colombia, donde se observan en una discoteca más de cien personas bailando y divirtiéndose, indiferentes, sin […]

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Me llamó la atención la circulación en las redes sociales de cuatro fotografías: una en Londres, otra en parís y la otra en Madrid, donde pude observar sitios que eran bastante concurridos, hoy completamente desolados y la cuarta en Colombia, donde se observan en una discoteca más de cien personas bailando y divirtiéndose, indiferentes, sin tener en cuenta que la aglomeración de personas propicia la propagación de este apocalipsis viral.

Con la vigencia del estado de emergencia, fundamentado en el art. 215 de nuestra Carta Magna, el gobierno nacional emitirá una serie de decretos con fuerza de ley para enfrentar esta situación con medidas económicas y sanitarias. Muchas personas, especialmente jóvenes, continúan desentendidos, como si nada ocurriera, reuniéndose como si fueran inmortales, no se dan cuenta que en casa tienen adultos mayores llegando infectados a contagiarlos. El Covid-19 nos invita y obliga a reflexionar. A brindar tiempo y protección hacia nosotros. Este virus no conoce clases sociales ni fronteras, la sociedad colombiana debe admitir disposiciones que emanen de las autoridades nacionales, departamentales y locales; cualquier medida debe practicarse y respetarse en razón al tiempo que exija esta crisis.

Todas las medidas necesarias, económicas, laborales, en materia de salud, las más indispensables para atender esta emergencia, deben provenir del Estado; no se trata de asistencialismo, es una crisis que con acertada responsabilidad le corresponde atender. Tenemos que ser conscientes y responsables, acatando estas normas con fuerza de ley; no faltaran algunos que vayan en contra vía y que incursionen en el campo penal, quebrantando los arts. 368 y 369 del Código Penal, con penas de cuatro a ocho y diez años de prisión por violar medidas sanitarias y propagar epidemias.

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