Aunque ya es sabido por todos, hoy volvemos a señalar que el sistema de salud está en cuidados intensivos y no hay una cura a corto plazo. Pacientes y gerentes de clínicas y hospitales temen que en cualquier momento el sistema colapse por completo, aunque podría decirse que eso ya sucedió.
Ya no hay tutela que valga, mucho menos fallos de desacato, las EPS hacen lo que quieren y cuando quieren, prueba de ello son las innumerables quejas que el pasado jueves le fueron presentadas en Valledupar al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, quien vino a reunirse con usuarios, representantes de los centros asistenciales y autoridades locales.
Mientras los usuarios tuvieron la oportunidad de reclamar por los incumplimientos de las EPS, los propietarios de las clínicas quedaron con las manos en la cabeza; a la red privada ni siquiera le permitieron reunirse con el ‘súper’. Ellos viven también su propia tragedia debido a las demoras en los pagos por servicios prestados y por ende no tienen como cancelarles a tiempo a los empleados y proveedores.
Hay quienes afirman que el problema de la salud es por decisión política, teniendo en cuenta que de los millonarios recursos que se manejan gran porcentaje termina desviado a través de contratos amañados. Ahora pagan justos por pecadores, porque la Fiscalía el año pasado estableció que por 18 diferentes modalidades se robaron casi medio billón de pesos del sistema y ahora hay más filtros para el giro de recursos, filtros que podrían estar dilatando los pagos.
En Colombia son varios los escándalos en el sistema salud, donde están involucrados prestadores de servicios, funcionarios del Estado y políticos reconocidos, pero no hay quien les ponga freno y esa es la molestia de los gerentes de IPS públicas y privadas, que buscan celeridad en la recuperación del dinero por los servicios prestados.
En el Cesar hay alrededor de 27 hospitales en crisis porque las EPS no liquidan los contratos, sino que les hacen otrosí dejando los saldos a favor de las IPS sin cancelar. Por ello, los centros asistenciales que hacen planeación con los recursos, que suponen van a recibir en determinadas fechas, quedan rezagados en inversiones y pagos fijos mensuales.
Recordemos que el Congreso de la República le dio dientes a la Superintendencia de Salud para que pueda sancionar con mayor rigurosidad, con fuertes medidas disuasivas a los incumplidos y corruptos del sistema, pero no es suficiente. Lo más importante es el acompañamiento interinstitucional de los diferentes órganos de control para que los dineros no se desvíen, ya que es muy difícil, casi que imposible, recuperarlos.
El superintendente se fue preocupado y no era para menos, al punto que se comprometió a realizar mesas de trabajo con las empresas que más le deben a la red pública y privada, como Comfacor, Emdisalud, Saludvida, Comparta, Nueva EPS, Coomeva y Asociación Barrios Unidos de Quibdó. Esperamos que el ‘súper’ regrese pronto con buenas nuevas.