La paz de Colombia depende de lo que pase en el agro y en la agroindustria, parece sencillo, pero ha sido muy difícil buscar una solución. La consigna “la tierra para quien la trabaja” ya ha enmohecido. Colombia es un país feudal, el 1 % de los dueños de tierras posee el 83 % de las propiedades, con un Gini agrario de 0.87, quizás el más alto del mundo, el de América Latina es 0.79. Esta desigualdad se hace más palmaria si tenemos en cuenta que las mayores extensiones de tierra no están dedicadas a la agricultura sino a la ganadería extensiva, a veces ociosas. 

Mientras tanto, ocho millones de campesinos no tienen donde trabajar. Tener grandes extensiones de tierra se volvió un símbolo de prestigio y poderío regional y la forma más fácil de lavar activos. Por lo general, los terratenientes son también políticos, muchos de ellos narcos con gran capacidad de infiltrar al Estado y cooptar sus poderes; se confirma que el enunciado de Marx: “el Estado es la dominación de unos sobre otros”. 

Las guerras que comenzaron por la tenencia de la tierra para los campesinos hoy sirven para controlar las rutas del narcotráfico, por eso existen tantos grupos armados al margen de la ley que comparten tareas y ganancias con algunos sectores institucionales dentro los cuales pueden figurar miembros de la fuerza pública y del poder judicial, así como del sector privado. Este ya no es un problema local ni regional ni nacional, es internacional. 

Por estos días escuché en un programa de RTVC a unos invitados internacionales hablando del asunto; son miles de toneladas de narcóticos las que llegan a los puertos del mundo sin ser detectadas pasando por las narices de los radares de la última tecnología. Los pequeños decomisos de gramos que hacen en los aeropuertos a las mulas, no es más que fijar la atención en las pequeñas cosas, son distractores de opinión. Parece que este problema no tiene solución, el mundo está en manos de las mafias internacionales con capacidad para comprar a todo el mundo. 

Colombia es un país privilegiado para mantener parte de la oferta. ¿Por qué llegamos a esta situación? Tal vez por mantener una estructura agraria inadecuada. El presidente Lleras Restrepo intentó hacer una reforma agraria y logró instituir unos entes ejecutores como INCORA, IDEMA, ICA, complementados con una poderosa organización denominada “Usuarios Campesinos”, pero mató el tigre y le tuvo miedo al cuero, un nuevo Frankenstein lo asustó, miedo al que también se sumaron muchos terratenientes. 

Tan fue así que ayudó, después, a elegir a Misael Pastrana en un proceso electoral muy cuestionado por el inmenso fraude que hipotéticamente le hicieron al general Rojas Pinilla. En Chicoral, Tolima, fue desmontado ese supuesto monstruo. Ahí fue troya, la guerra en el campo se fortaleció y la guerra no ha terminado, de allí surgió el M-19. Este problema fue el punto central de los acuerdos de paz firmados por el presidente Santos y las FARC cuyo sucesor lo hizo trizas. 

Al presidente Petro le tocó recoger estas pisoteadas banderas pese a ser pactadas ante la comunidad internacional y contra vientos y mareas quiere izarlas. Hace ocho días en forma simultánea se entregaron casi ocho mil hectáreas de tierra a los campesinos en varias partes del país; ya son más de 100.000 Ha las entregadas por este gobierno, compradas a precios comerciales. Pero de las despojadas que ascienden a 6.5 millones de hectáreas, por restituir en los 13 años de aprobación de la ley de víctimas, solo se ha cumplido con el 10 %; los bienes quitados a la mafia se convirtieron en una nueva oportunidad de saqueo para los delincuentes de cuello blanco que operan dentro de los gobiernos. 

Este ha sido un proceso con muchos enemigos y dificultades donde los llamados “terceros de buena fe” (calanchines) juegan un papel preponderante. Valdría la pena preguntarle al extogado Pretell cómo definiría él esta figura jurídica ya que fue uno de los beneficiarios de este gran negocio donde, detrás de los desalojos iban los jueces legitimándolos. 

Luis Napoleón de Armas P.