En el año 2013 se conoció el primer logro en la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, como una muestra de la voluntad de las partes en el, hasta entonces, desconocido proceso de paz, y como un mensaje de que por fin se empezaba a discutir el origen del problema y sus soluciones; causas del conflicto reciente en Colombia: la tierra.

Tener donde labrar, sembrar y cultivar durante décadas y saber que no existe un documento que avale la propiedad de la misma; el temor a ser despojado de un predio claramente propio, que ha pasado de generación en generación; la desigualdad y la falta de garantías para competir en el mercado; pésima o ninguna vía de acceso, educación rural para establecer la pertinencia de la siembra en la tierra que se posee, servicios públicos inexistentes, y los grupos armados ilegales que de un espectro ideológico y de otro oscurecieron el panorama del campesino durante décadas, hasta establecer una pobreza extrema en el sector.

Los campesinos del Cesar esperan que lo pactado en La Habana se cumpla con agilidad para reivindicar al gremio, su labor y garantizar que por fin llegue a Colombia el pago que no llegó hace décadas y que, todos coinciden, originó el conflicto.

Puntos de vista

Diego Osorio, de la Asociación Campesina de la Serranía de Perijá, Asoperijá, organización que promueve el ordenamiento territorial y la reafirmación de las Zonas de Reserva Campesina, ZRF, asegura que este momento, aunque parecía imposible, es la oportunidad para el campesinado de Colombia y sus deseos de desarrollo productivo, en paz y estable económicamente.

Acceso y uso de la tierra

1.1.1 Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (tres millones de hectáreas)

“El fondo de tierra que se va a crear no está hablando de expropiar tierras que fueron adquiridas legalmente, que es a veces lo que a los ganaderos les genera preocupación. El fondo se constituye de tres fuentes: la primera los baldíos que existen (propiedad del Estado), la segunda si es expropiación a predios que se demuestre que fueron adquiridos ilegalmente por ejemplo en el narcotráfico. Y la otra parte que nos compete a Asoperijá, tierras que están en zonas de reserva forestal…”, puntualizó Osorio.

No es la incredulidad y los antecedentes de intentos fallidos por hacer justicia en el campo colombiano, los únicos enemigos de este proceso de paz a punto de ser refrendado por los ciudadanos en el plebiscito: la desinformación divide y perjudica a los colombianos.

“…está bien que se hable de tres millones de hectáreas, pero los campesinos ya están, en su mayoría, en esas hectáreas, sin título, ese es el problema. Es que por ejemplo: en el Perijá en su gran mayoría, a excepción de la reserva forestal de Codazzi de 90 mil hectáreas, toda es reserva forestal y ahí están los campesinos, simplemente esa tierra donde ellos están pasaría a la formalización, que es tierra que entrará al Banco de Tierras, pero que ya está ocupada, entonces hay que hacer un poco de claridad sobre eso”, agrega.

La Formalización Masiva (siete millones de hectáreas) para los pequeños y medianos productores del campo colombiano, el enfoque de género para garantizar que la mujer acceda a las oportunidades en igualdad de condiciones, la jurisdicción agraria para establecer mecanismos que protejan los derechos a la propiedad privada, son frases claves establecidas en este proceso: el punto uno de los Acuerdos de La Habana, contempla todo lo que durante año y medio de negociaciones hasta el 2013, se concibió como el problema del campo y sus soluciones.

“En 1974 se hizo una sustracción de la tierra para construir dos resguardos indígenas (Yukpas); Becerril y Codazzi, Iroka y Sokorpa. De esas 90 mil hectáreas se le entregaron alrededor de 50 mil a los indígenas y dice el acto administrativo que deben entregarse 30 mil hectárea a los colonos campesinos pero eso no se cumplió y esto es lo que hacemos desde Asoperijá para titular 150 predios que ya están identificados”, explicó Osorio.

Colombia Rural y el Censo Nacional Agropecuario de 2015, son claves en este acuerdo del articulado consolidado en La Habana. Estos informes aseguran que en Colombia el 48% de los 3´718.000 predios rurales inscritos en el catastro nacional no tiene títulos registrados, pero aun ese documento de identificación catastral debe actualizarse y esto está pactado en el punto 1.1.9 los Acuerdos.

La cifra de perjudicados por la falta de titulación y limbo jurídico en el Cesar es alta y merecen una solución urgente, asegura Juan Carlos Gamboa Martínez, miembro del Sindicato de la Defensoría del Pueblo.

“Actualmente cuando se habla de campesinos sin tierra, se refieren a campesinos que tienen ocupación pero no propiedad, y eso equivale al 60% de los que están en la Serranía de Perijá. Hay campesinos que consideran tener su título pero están en zona de reserva forestal, y cuando se hace la consulta al Incoder qué sucede con estos predios, se dice que esos títulos se expidieron en contra de una ley que por lo tanto hay que revocar. Hay cifras: 60% está sin título y otro 40% que considera tenerlo, hay un limbo jurídico porque tiene predio y título en dónde no se podía titular”, dijo el funcionario.

Por su parte, Marta Rodríguez Sánchez, estudiante Economía de la Universidad Popular del Cesar e integrante del Observatorio de Tierras, Territorios y Buen Vivir del Cesar, explica las labores de su organización en cuanto a las zonas de reserva campesina, ZRC: Asoperijá en Codazzi, La Paz, San Diego y Manaure, y la Mesa Regional de ZRC, esta última concentrada en el centro del Cesar, Curumaní, Chimichagua, Pailitas, Chiriguaná, ad portas de constituirse.

Estas organizaciones de ZRC han optado por el ordenamiento territorial, “desde estas zonas debemos levantarnos y decir qué vamos a hacer para defender nuestros territorios, qué alternativas a ese modelo económico nacional podemos construir porque no solo se habla del territorio sino también de la especie humana.

“Otro mito sobre las ZRC es que los campesinos las tendrán improductivas, lo cual es falso en el sentido de que los campesinos son los productores de los alimentos que se consumen en la ciudades, pero en cierta medida las ZRC generan unos obstáculos a ciertos modelos de desarrollo extractivista. Por lo tanto una ZRC no puede concebirse como un monocultivo de palma por ejemplo, porque esta zona es fundamental para reactivar la economía campesina”, complementó Juan Carlos Gamboa Martínez.

“La Zonas de Reserva Campesina no se la inventaron las Farc, son parte de una Ley 160 de 1994, una manera de resarcir el olvido con los campesinos en la Constitución Política de 1991, poco a poco se retoma el asunto”: Diego Osorio, líder de Asoperijá.

Zonas de reserva forestal “mandadas a recoger”

Gamboa Martínez asegura que en medio de toda esta discusión por la tierra, los usos y abusos en el marco del conflicto, se ha identificado que las zonas de reserva forestal han sido un obstáculo para el desarrollo rural y no han podido proteger los territorios como los establecieron en un comienzo.

“Si bien estas ZRF les han servido en algún momento al gobierno para frenar la avanzada de la colonización, en la práctica nos damos cuenta que solo les han servido para negar la titulación a los campesinos, pero cuando llegan las empresas mineras muy fácilmente de manera expedita les entregan los títulos mineros”, argumentó.

¿Quién es dueño de qué y cuál es la vocación de la tierra?

Los Acuerdos de La Habana en su primer punto establecen que a través de la actualización y modernización del catastro y la vocación: “En Colombia la tierra se está utilizando mal, por ejemplo los ganaderos poseen una gran cantidad de tierra y no manejan modelos como el silvopastoril”, comenta Diego Osorio, de Asoperijá.

El líder campesino se refiere a lo contemplado en el numeral 1.1.10 Cierre de la frontera agrícola y protección de las zonas de reserva, que entre sus puntos anuncia que en los dos años siguientes de hará el Plan de Zonificación Ambiental y a su vez promoverá la resolución de conflictos por la vocación de la tierra y su uso real.

Las formas de construir un Fondo de Tierras con tres hectáreas para los campesinos que no las tengan o sean insuficientes, es recuperar terrenos baldíos; tierras provenientes de la actualización, delimitación de las zonas de reserva campesina; expropiación de tierras adquiridas ilegalmente por vía de la extinción de dominio judicial; tierras expropiadas por motivos de utilidad pública o interés social y tierras donadas.

Andrés Llamas Nova / EL PILÓN