Por Gustavo Cotes Medina

La Corte Constitucional le dio el aval al acto legislativo que fija el marco jurídico para el actual proceso de paz. Hoy, el Gobierno Santos cuenta con la herramienta indispensable y tiene su “hoja de ruta” para que nuestro país pueda avanzar en las negociaciones buscando una paz estable y duradera.

Este aval, de sana ponderación, establece un modelo de justicia transicional “imperfecto para tiempos imperfectos” que impone un conjunto de inamovibles con el objetivo de proteger la dignidad de las víctimas, la finalización del conflicto, la desmovilización, la dejación de las armas, la liberación de los secuestrados y la obligación del Estado de investigar y juzgar toda violación grave a los derechos humanos. 

De esta manera, queda el camino trazado hacia la paz lo cual implica un avance importante, un compromiso, un mensaje directo a las Farc y varios “sapos por tragar”. Con el fallo de la Corte queda vigente la prohibición de participación en política para los miembros de las Farc que estén implicados en condenas  como máximos responsables de delitos de lesa humanidad.

Voceros autorizados como el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de paz, Oscar Arias, plantea sus dudas de someter el proceso de paz a un referendo y tiene la percepción que hemos invertido demasiado tiempo en estos diálogos que ya tienen aburrido al mundo porque cincuenta años de un conflicto interno no tiene sentido. Además, se plantea una línea divisoria y un punto medio entre justicia y paz, que es necesario resolver.

Frente a las normas internacionales lo importante es que las víctimas queden satisfechas. 

La Corte advirtió al Estado colombiano y al Congreso sobre los alcances que pueda tener la Ley Estatutaria porque tiene control constitucional previo y deberá  atender los lineamientos dictados por los magistrados.

El marco jurídico ha recibido críticas de Human Rights Watch-HRW- y de la Corte Penal Internacional-CPI-vigilantes severos de nuestras obligaciones internacionales, especialmente cuando existen riesgos de impunidad.

El debate está abierto: La jurisdicción internacional no debe estar por encima de un tratado de paz aprobado por el Constituyente primario.

¡Nuestro país no puede renunciar a su soberanía jurídica! Sin embargo, y a pesar del esfuerzo, no lograremos una paz perfecta. Se necesita establecer plazos para el fin de las negociaciones y somos conscientes que la construcción de la paz será para los colombianos un proceso complejo y costoso, ¡pero ya tenemos la cuota inicial!