Como expresidente tiene obviamente ciertas prerrogativas pensionales y protocolarias pero, si somos realmente una democracia, Uribe debe cumplir con la ley y con sus deberes ciudadanos, como cualquiera de nosotros. Pero es más, como expresidente tiene incluso un deber moral mayor de colaborar con las autoridades.

Su negativa a declarar ante la Fiscalía y escoger que lo hará ante el procurador es entonces inaceptable pues Uribe incumple con su deber constitucional de colaborar con la justicia.

La explicación es elemental pero conviene recordarla pues el uribismo ha querido enredar algo que es jurídicamente claro.

Uribe hizo una denuncia pública sobre la supuesta recepción de dineros del narcotráfico por la campaña de Santos en 2010. De ser cierto, sería un hecho gravísimo y delictivo que la Fiscalía debe investigar. Pero la denuncia de Uribe suscita muchas dudas: ¿cuáles son sus evidencias? ¿En qué momento y de qué forma conoció esos supuestos hechos? ¿Por qué hace la denuncia ahora, a pocos días de la elección presidencial y al día siguiente de la revelación de que había un hacker vinculado a la campaña uribista, si los hechos supuestamente ocurrieron hace cuatro años, cuando Uribe era presidente?

Por esas dudas, es normal que la Fiscalía citara a Uribe a confirmar la denuncia y a explicar sus fundamentos. Y Uribe tenía que asistir y declarar pues todos tenemos constitucionalmente el deber de colaborar con la justicia, que incluye, entre otras cosas, declarar sobre los delitos que uno conoce y no hacer falsas denuncias.

Uribe se negó a declarar y recusó al fiscal y al vicefiscal por supuesta falta de garantías. Pero su tesis es jurídicamente inaceptable; yo puedo recusar a quien me va a juzgar, pero no puedo recusar a una autoridad judicial que simplemente me cita a declarar para investigar delictivamente a otra persona pues yo no voy a ser juzgado. Simplemente tengo que decir la verdad. Y si tengo las evidencias de que mi denuncia está fundamentada ¿por qué no las doy a la Fiscalía?

La negativa de Uribe a declarar es no sólo sospechosa sino que es una obstrucción a la justicia, que es aún más grave por tratarse de un expresidente. Y no se subsana con la tesis de que declarará ante el procurador, pues la investigación de los delitos corresponde a la Fiscalía y no a la Procuraduría. Algo que el expresidente Uribe obviamente sabe.

Este incidente, y muchos otros del pasado, muestran que Álvaro Uribe piensa que no es un ciudadano como cualquiera de nosotros sino que es una persona superior que está por encima de la Constitución y de la ley. Y que sólo colabora con la justicia cuando sus resultados le son favorables. Esto es grave pero aún más grave es que Óscar Iván Zuluaga, el candidato uribista, parece pensar lo mismo pues no ha condenado esa evidente obstrucción a la justicia. ¿Es ese el tipo de justicia y Estado de derecho que nos ofrece Zuluaga?