Petro está acorralado, entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Su objetivo es evitar ser suspendido de su cargo y eventualmente condenado por la comisión de delitos electorales.

Son múltiples los hechos que muestran que la campaña de Petro violó los topes, que al menos parte de la financiación provenía de fuentes prohibidas y que tanto su gerente de campaña como él sabía. Petro ataca con tanta vehemencia como mentiras a la Fiscalía porque pretende demorar o evitar las acusaciones contra su hijo y su hermano, su gerente de campaña y el presidente entonces de Colombia Humana, además de los tramposos dirigentes de FECODE. Sabe que las imputaciones formales harán una profunda mella en su gobernabilidad y que el traslado de pruebas al CNE y a la Comisión de Acusaciones lo dejarían en la cuerda floja. 

Petro cree que es el “jefe” del Fiscal y pretenderá actuar como tal una vez sea elegida cualquiera de sus ternadas. La Suprema debe ser especialmente cuidadosa en la escogencia de la Fiscal y en los tiempos de la misma, evitando tanto como sea posible la interferencia de Petro en las investigaciones. Y no hay duda de que la asonada tuvo la finalidad de presionarla y de mostrarle los dientes. Las banderas del M19 fueron un cruel recordatorio a los magistrados de hasta donde es capaz de llegar Petro.

Además de la intimidación a la Suprema y a la Fiscalía, Petro desarrolla acciones en tres frentes adicionales para evitar su caída. Uno, el uso del presupuesto para conseguir apoyos tanto en el Congreso como en las regiones. Dos, la consolidación de apoyos de base, trasladando ingentes recursos a juntas de acción comunal y movimientos indígenas y “populares” y fortaleciendo grupos que puedan ser rápidamente convertidos en milicias petristas. De ahí la legalización de las “guardias campesinas”, el programa de pago a jóvenes para que “no maten” y el fortalecimiento de las guardias indígenas. 

Finalmente, la estrategia exige la construcción de una narrativa de dos caras, una en la cual se deslegitima a los opositores y a las instituciones que son freno y contrapeso de los excesos y faltas del ejecutivo, y otra en la que se vende la idea de que cualquier decisión de esas instituciones de suspender o retirar del cargo a Petro significaría una ruptura democrática, una violación a la voluntad popular.

Poco importa que el triunfo en las elecciones haya sido tramposo, que la diferencia entre los candidatos haya sido apenas del 3%, que en este año y medio de desgobierno el apoyo de entonces se haya desvanecido, y que, más allá del resultado de las elecciones, las instituciones tienen no solo el derecho sino la obligación de hacer lo que les ordenan la Constitución y la ley, incluyendo la suspensión de Petro en su cargo si se prueba que violó los topes electorales. La defensa de la democracia es el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

Por Rafael Nieto