Mientras siga la desigualdad entre las universidades estatales, especialmente en la Popular del Cesar, La Guajira, Sucre, Uniatlántico, Córdoba, Magdalena, en la Costa Caribe, comparativamente con la Nacional, UIS, Tecnológica y la del Valle, por mencionar cuatro del interior del país, el litoral caribe seguirá subyugado a la avaricia centralista.

Se podría decir que a pesar de la inequidad entre el “gigante” de la Nacional, la educación superior ha tenido que sortear impactos como el de la pandemia, para el cual las universidades ni los gobiernos estaban preparados.

Pero lo de la pandemia fue un hecho fortuito que dejó en ruina a varias universidades y especialmente a las privadas, porque las públicas tuvieron el apoyo gubernamental. 

Estudiantes, profesores y administrativos se recomponen del azote de la pandemia. Pero, la desigualdad económica sigue siendo caótica, ínfima y sin cobertura a nivel regional. 

Sencillamente, porque los gobiernos no les dan la importancia que debe tener el sistema educativo del país. Le importa más al congresista, al diputado, al político, al alcalde y al gobernador echarle cemento al suelo con sumas exageradas que construir una plataforma que sea capaz de detectar los males de la educación superior.

Es que la corrupción, el poder político y el sometimiento son otros de los problemas en muchas universidades, incluida la Nacional y la Popular del Cesar.

Tenemos unos congresistas apáticos –prácticamente con pocos estudios de educación superior, varios de ellos esclavizados a clanes familiares y otros hereditarios del poder político- que pareciera no les interesa el crecimiento educacional.  

En cuanto a lo regional, tuvieron que pasar 15 años para tener un rector en propiedad en la UPC.  Pasaron casi veinte rectores encargados que enraizaron labores impropias a la académica y derrocharon a sus antojos nombramientos sin ningún pergamino educativo ni perfil profesional. 

En hora buena el presidente Petro ha prometido dar solución a la problemática de las universidades estatales y entre su agenda está la UPC. 

Recientemente, el rector Robert Romero Ramírez, en un encuentro de rectores con congresistas en Bogotá, planteó la necesidad de refinanciar la universidad pública, especialmente la UPC. Sobre el tema dijo: “si se mantiene el mismo sistema de distribución establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, lo que se hace es aumentar la brecha de inequidad existente entre algunas universidades y otras; haciendo un cálculo con dicho sistema, para el 2023, mientras que en la Universidad Nacional estaría recibiendo $19.469.930 por estudiante,  la UPC estaría recibiendo $3.602.425 pesos por estudiante, casi la mitad del promedio nacional que sería alrededor de $7 millones de pesos”. 

Seguidamente expresó que este sistema de financiación está condenando a las universidades pequeñas a que sigan siendo pequeñas sin tener oportunidad de crecer ni mejorar en calidad; sin embargo, el sistema les exige a las universidades los mismos indicadores de calidad para acreditarlas. Y precisó que la inequidad es mayor si se tienen en cuenta en regiones como el Cesar, en donde la Universidad Nacional tiene una sede y compite en condiciones desproporcionadas con la Universidad Popular del Cesar.

“No estamos pidiendo que le reduzcan las transferencias a las universidades que reciben un mayor valor, lo que estamos pidiendo es que les aumenten las transferencias a las universidades que estamos recibiendo valores inequitativos. Hoy está en manos del Congreso de la República acabar con esa inequidad y esa odiosa discriminación entre las universidades públicas”, concluyó el rector Robert Romero. Hasta la próxima semana. [email protected]   @tiochiro.