En el año 2020, la economía y las finanzas del Estado se vieron seriamente afectadas por la crisis pandémica. Los mayores gastos asumidos por el Estado para paliar y contrarrestar sus devastadores efectos trajeron consigo un menor recaudo de impuestos, lo que menguó los ingresos e impactó por partida doble la caja registradora de la Nación. De allí que ese año cerrara con un déficit fiscal, también histórico, de –7,8 % del PIB.
En los años subsiguientes, 2021, 2022, 2023 y 2024, el déficit fiscal registró en esos periodos cifras de -7,1 %, -6,2 %, -4,2 % y, nuevamente al alza, -6,8 % en 2024, el más alto en 20 años, excepción hecha de los años 2020 y 2021, lastrados por la pandemia. Indudablemente, uno de los datos más preocupantes tiene que ver con el bajonazo de los ingresos tributarios en 2024, al ubicarse el recaudo en $18,5 billones, muy por debajo de los $13,9 billones estimados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Desafortunadamente, las expectativas de mayores ingresos gracias a las reformas tributarias de 2021 y 2022 no se cumplieron. Estas, sumadas, según ANIF, le representarían al fisco mayores recaudos del orden de los $50 billones. Ello, debido sobre todo a que puntos clave de la última de ellas, como la no deducibilidad de las regalías que pagan las empresas extractivas, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Se destaca también el incumplimiento de la meta de la DIAN de lograr un mayor recaudo por valor de $15 billones mediante resolución de litigios, sin sustento alguno para ello.
Según ANIF, “los impuestos sobre la renta, uno de los pilares del ingreso corriente del Estado, cayeron 15 % en 2024, luego de haber crecido a tasas elevadas en los dos años anteriores (29,4 % en 2022 y 46,4 % en 2023)”. Lo más grave es que “esta contracción en la tributación contrasta con el crecimiento sostenido del gasto, que se expandió 42,5 % en 2024”. El desbordamiento del gasto en funcionamiento es ostensible. Según el profesor de la Universidad Javeriana Henry Amorocho, “el gasto en funcionamiento creció 14 % en términos reales, en contraste con el incremento de los ingresos del Estado, que fue de 2,33 % nominal”.
Y, como era de esperarse, para sostener este tren de gasto por parte del Gobierno, se recurrió al endeudamiento. De allí que el nivel del endeudamiento pasó del 57,6 % en 2022 al 61,3 % en 2024. Según el superintendente financiero César Ferrari, también aumenta “por la deuda, que creció significativamente desde 2020. El pago de intereses pasó de 2,8 % del PIB en 2020 a 4,7 % en 2025. Así, el pago de intereses pasó de $53 billones en 2020 a $112 billones en 2025”.
El Gobierno no logró que el Congreso aprobara el Presupuesto para el 2025, debido a su desfinanciamiento, cifrado en $12 billones, lo cual lo llevó a expedirlo por decreto. Tampoco logró que se aprobara su proyecto de ley de financiamiento, con el cual intentó tapar el hueco. A este propósito, afirma Corficolombiana que “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto no son acordes a la realidad fiscal y económica”.
Por: Amylkar D. Acosta M.
