Enorme el irrespeto y desorden presentes en nuestro país; por ejemplo, uno de los tantos detractores de la presidente de la JEP, a través de, Las 2 Orillas, de internet, le escribió una carta censurándola, dizque por querer beneficiar a ‘Jesús Santrich’. Además, acota que EE. UU es una nación respetable para inventar un crimen con el propósito de solicitar extradición. Ignorando, que Mirtha Patricia Linares Prieto, es una jurista académica con amplio palmarés, desempeñado con responsabilidad, transparencia y serenidad, atributo propio de persona con principios éticos y valores morales, por ende, respetuosa de las libertades, derechos y deberes de la humanidad. De veras, tal carta deja el mensaje de que Colombia es una ‘república bananera’ donde abunda el matoneo.

El artículo 22 de la Constitución Política de 1991 ordena que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El artículo 95 dispone que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Por tanto, es obligación del presidente de la República, reestablecer la paz interna cuando se altera.

El mundo conoce la complejidad del conflicto interno de Colombia, también que el acuerdo de paz formalizado en La Habana, Cuba, fue el resultado de la negociación política entre los representantes del presidente de la República y los comandantes de las Farc, con la intención de acabar la vieja conflagración que, en más de 50 años, sus diferentes protagonistas han cometido todo tipo de acciones violentas, incluidas aquellas atroces, catalogadas como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad

Exabruptos altamente repudiados, tan es así, que dicho acuerdo, no fue refrendando por la ciudadanía en plebiscito convocado por el entonces presidente JM Santos, a quien le otorgaron el Premio Nobel por su valiente persistencia. A los opositores del proceso de paz los intimidó la opinión internacional a favor de la paz y, en consecuencia, aceptaron el acuerdo inicial con la propuesta de incluirle modificaciones y así fue firmado el 26 de septiembre de 2016.

No obstante, los uribistas de cepa han seguido rechazando el acuerdo de paz, con más argucias que argumentos. Para colmos, en la contienda por la presidencia para el cuatrienio 2018-2022, Fernando Londoño Hoyos, quien de milagro salió vivo del atentado perpetrado por milicianos de la guerrilla −después de ser Ministro de Interior y Justicia del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez−, en uno de sus dogmáticos discursos manifestó, que si el uribismo retomaba el poder haría trizas el acuerdo de paz firmado por ‘Timochenko’ y el expresidente JM Santos. Con la intención de evitar que el expresidente senador comparezca ante la JEP, dicen sus enemigos intransigentes.

La JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz, aunque el gobierno de USA le ha reiterado su respaldado, se ha sumado al uribismo, pareciera por la pérdida de su dominio en Venezuela, ahora gobernada por el dictador Nicolás Maduro, secundado por Rusia y China, potentes países que hasta hoy han impedido la invasión del gigante americano a nuestro vecino país, cuyo tirano en contraprestación, les entrega a sus protectores las riquezas naturales del territorio venezolano a bajo costo.

Según algunos críticos, EE. UU. ha optado por la estrategia de fortalecer la derecha colombiana para, conjuntamente, desprestigiar a la JEP, haciendo creer que sus fallos beneficiarán a los guerrilleros desmovilizados.