Tengo como decálogo de vida no alegrarme de las dificultades del prójimo, así considere que el percance obedece a alguna falta particular del individuo afectado. En los temas judiciales soy más sensible, aun teniendo el pleno convencimiento de la culpabilidad del cuestionado. La condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez no es la excepción.
Por eso cuando un buen amigo uribista, de los que son pero no lo aceptan públicamente, me dijo que debía estar contento y después de aclararle el asunto, se me ocurrió escribir esta columna porque muy seguramente la mayoría de progresistas somos amigos de la imparcialidad jurídica, independiente a la inclinación política o el poder económico, porque de no ser así, estaríamos aprobando el tradicional e inequitativo esquema judicial, en el que el castigo solo era para quienes carecen de las relaciones sociales y políticas, o el dinero suficiente para torcer el imperio de la justicia. La llamada ‘ley para los de ruana’.
En este sentido la sentencia de Uribe es histórica, ya hoy no somos solo los pobres quienes soportamos el peso de la ley, sino que por primera vez un expresidente de la República responde efectivamente ante la justicia por sus delitos, así no le impongan reclusión intramural en una cárcel o incluso la pena pueda ser sustituida.
Lo que sí debemos festejar es que el proceso no prescribió por vencimiento de términos, hubiese sido nefasto hasta para el mismo implicado, porque el hecho de no haber sido vencido en juicio por el uso de mecanismos dilatorios, no quiere decir que sea inocente y la investidura del presidente de la República debe permanecer intachable. Entre más jerarquía tiene un funcionario, mayor exigencia ético moral debe exigirse a sus actuaciones.
Hoy ya nos atrevemos a penalizar las sacrosantas figuras, que se endosan la licencia para decretar la vida o muerte de un ser humano que piensa diferente, así el adoctrinamiento mediático suscite la paradoja de que la víctima aplauda a su victimario o que el obrero defienda al verdugo de sus conquistas laborales o que quien sufre carencias económicas por falta de oportunidades endiose a quien se las quitó, con el único fin de enriquecerse a costa de la negación de los derechos colectivos.
Cierto es que cada quien se consuela como quiere y en el afán de restarle majestad a la justicia debido al fallo adverso, se escuchan argumentos baladíes que hasta risa dan; por ejemplo, que la sentencia la hizo una mujer como si ellas no están cansadas de probar que tienen iguales o mayores capacidades intelectuales que algunos hombres; también que fue larga la lectura porque que en Estados Unidos duran pocos minutos; también dicen que el testigo fue un delincuente con una condena de cuarenta años, como si en el derecho penal los protagonistas fueran ángeles; en fin, intentan generar tal confusión desde los micrófonos de los tan sesgados como grandes medios nacionales y regionales, que por poco canonizan al condenado.
Lo mejor será que esperemos el final del proceso y mientras tanto actuemos de acuerdo a las decisiones judiciales, porque lo que sí debemos aplaudir, es que solo sean los jueces en su sabiduría y potestad, quienes decidan si un colombiano es culpable o inocente, independiente a su condición económica y política.
Por: Antonio María Araújo Calderón.
