En su reciente columna publicada en EL PILÓN, el ingeniero William Fuentes defiende la Avenida del Río como si se tratara de la obra que salvará a Valledupar de todos sus males. Sus argumentos suenan convincentes a primera vista, pero cuando se miran con lupa aparecen vacíos, omisiones y, sobre todo, una verdad incómoda: el proyecto es ilegal y destructivo.
Lo que se discute no es si es necesario intervenir la margen derecha del río Guatapurí. Lo exige la ley, lo reclaman los habitantes del sector y lo demanda la ciudad entera. La verdadera pregunta es cómo se debe hacer. Y la respuesta no puede ser la que propone la Gobernación del Cesar.
El proyecto actual de la Avenida del Río es, ante todo, ilegal. En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la margen derecha está definida como zona de manejo y preservación ambiental. Allí solo se permiten usos de conservación, restauración, recreación e investigación científica. Una vía vehicular de 40 metros que abre la puerta a la urbanización de la franja protectora contradice de manera flagrante el POT, la Resolución 0098 de 2020 que adopta el POMCA del Guatapurí y las determinantes ambientales vigentes.
Pero el problema no es solo jurídico. Sabemos que esto les importa poco y que hay muchas formas de “sacarle el quite a la ley”. El principal problema, y el que nos impulsa como Foro Ambiental a alzar la voz, es la destrucción de los relictos de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país. La “Avenida Contra el Río”, como hemos bautizado a este proyecto a manera de protesta, fragmenta corredores ecológicos y afecta áreas de importancia cultural y ambiental como el humedal Sicarare y el cerro Minakalwa. La compensación con nuevos árboles no reemplaza lo que se perdería: un árbol adulto cumple funciones ecológicas que no se recuperan en décadas, así se asuma que los nuevos árboles sobrevivan en las condiciones adversas que se les plantean.
A nivel urbano, es un proyecto que le roba a Valledupar la oportunidad de construir el Ecoparque Lineal Río Guatapurí. Este proyecto, contemplado en el POT y respaldado por el POMCA, plantea recuperar la ronda hídrica, prevenir inundaciones y superar el déficit de espacio público. Un espacio verde, abierto y seguro para la recreación, el deporte, la cultura y la restauración ecológica sería infinitamente más atractivo y beneficioso que una autopista. Esa es la verdadera modernidad que necesita la ciudad. Mientras en el mundo levantan el cemento de las orillas de los ríos, aquí pretenden robarnos la oportunidad de un ecoparque verde y público para cambiarla por una avenida innecesaria. Eso no es desarrollo: es atraso con disfraz de modernidad.
Tampoco hay evidencia de que esta obra mejore la vida de quienes más lo necesitan. El presupuesto no contempla inversión en servicios básicos ni compra de predios para los 11 barrios de la margen derecha. Es decir, la tragedia social de esas familias queda intacta porque le tiran el balón a la Alcaldía, que ha manifestado en múltiples ocasiones no tener dinero. Así lo ha sostenido también el secretario de Infraestructura, quien lo ha usado para justificar que sea la Gobernación la que haga el proyecto.
Este, en realidad, es un argumento que instrumentaliza la pobreza. Si la intención es mejorar la vida de esas 6.000 familias, las inversiones sociales y la infraestructura para aguas residuales se pueden realizar sin la construcción de la vía. Es inaceptable que se use la tragedia social como excusa para un proyecto que no les resuelve nada. Se les promete dignidad, pero lo único que recibirán será el polvo del cemento y la certeza de que otra vez fueron usados como pretexto.
En cuanto a la movilidad, la justificación es endeble: la carrera 4ª ya es una de las vías más rápidas de la ciudad. ¿Cuál es el problema real que resolvería esta avenida? ¡Ninguno! Sería una vía vehicular redundante e innecesaria. Para el Foro Ambiental es bastante clara la intención que se esconde detrás del discurso: pasar al otro lado del río. Si no fuera así, no se plantearían las glorietas que contempla el trazado ni sería necesario adosarse al cauce del río. De hecho, fue bastante evidente en el primer intento de licitación que presentó la Gobernación.
El Guatapurí no es un obstáculo para el desarrollo: es un patrimonio natural y cultural que abastece de agua a medio millón de personas y conecta ecosistemas vitales de la Sierra Nevada. Lo que Valledupar necesita no es una autopista que fragmente y destruya, sino un proyecto de restauración y ecoparque que recupere los servicios ecosistémicos del río, brinde espacios públicos de calidad y proteja a las comunidades en riesgo.
Defender el Guatapurí no es romanticismo ambientalista. Es desenmascarar un proyecto ilegal que beneficia a pocos y condena a muchos. Valledupar merece un plan de futuro, no una avenida que pasará a la historia como el monumento a la ilegalidad y la destrucción.
Por Foro Ambiental del Cesar*
*Wilson Pérez Ascanio, Hernando Dangond Osorio, Manuel Suárez Osorio, Rodolfo Quintero Romero, Comité Coordinador Foro Ambiental del Cesar, y la arquitecta Mariana Orozco Blanco.
