Sandra Santiago B.

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En el Cesar hay 12 mil millones de pesos para ejecutar obras de prevención y mitigación, pero la ANLA no ha otorgado el permiso de ocupación de cauce.

Cada vez que llega la temporada invernal al Cesar, el problema es el mismo: ríos y quebradas que  se desbordan y las autoridades ambientales no pueden hacer nada; unas veces porque no tienen recursos y otras, como en esta oportunidad, porque es el mismo estado a través de entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA que se convierten en ‘palos en la rueda’.

Producto de los recursos de regalías del carbón, hoy la Corporación Autónoma Regional del Cesar,  Corpocesar, cuenta con 12 mil millones de pesos, todos para invertirlos en obras que eviten desbordamientos y afectaciones a las comunidades que viven en las riberas de algunos ríos y quebradas del departamento.

Pero con el centralismo que de nuevo impera en el país, el Cesar volvió a quedar relegado y las inversiones que desea hacer, pese a contar los recursos, no las puede ejecutar, porque requiere del  visto bueno de la ANLA.

La comunidad clama, culpa de sus ‘desgracias’, a los mandatarios locales, pero en Bogotá está el ‘palo’ que no deja  que la rueda corra.

Según el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel, cuando llegó el año pasado al cargo,  inició el proceso para que le descongelaran los recursos de regalías, cosa que logró y de inmediato pidió el permiso de ocupación de cauce para intervenir ocho cuencas en el Cesar, entre ellos los ríos Guatapurí, Maracas, Pereira y Badillo, y las quebradas Las Guaduas, Torcoroma, Los Llanos y San Pedro.

En agosto de 2012 pidió el primer permiso; en septiembre, la ANLA le respondió que debía consignarle 44 millones de pesos de pesos solo para hacer la visita de inspección con miras a otorgar el permiso, algo absurdo consideró Corpocesar; sin embargo, consignó los recursos.

En Bogotá todo se ve perfecto desde los escritorios, consideran los expertos y en esta oportunidad no fue la excepción; tras recibir los recursos, la ANLA le respondió a Corpocesar que no requería  de permiso de ocupación de cauce, sino de licencia ambiental, porque los ríos Guatapurí y Badillo hacen parte de la red fluvial nacional, es decir son navegables y las obras a realizar ameritaban extraer material de arrastre, algo descabellado pensarían algunos.

“Ante eso, inmediatamente le pasamos un derecho de petición al Ministerio de Transporte para que nos certificara que el río Guatapurí y el Badillo no son navegables; se denota entonces un desconocimiento absoluto de la ANLA sobre la realidad de las regiones”, dijo el director de  Corpocesar.

Buscando agilizar el tema, el funcionario acudió directamente ante el Ministerio de Transporte  que de manera ágil y en menos de cinco días certificó que los ríos no pertenecían a la red navegable del país; a finales de octubre y ya con la certificación, la Corporación volvió a la ANLA para  pedirle que reconsiderara su posición porque era solicitud de aprovechamiento de cauce.

Pero la Autoridad Ambiental, sin tener en cuenta el riesgo que padecen las comunidades en cada invierno, se tomó su tiempo y meses después hizo la inspección; para que el tema le quedara claro,  Corpocesar se hizo acompañar de los alcaldes de las localidades donde se encuentran los afluentes, le explicó el tema y le mostró su experiencia en ese tipo de obras. La comisión, miró, revisó y se fue.

El 18 de marzo de este año, la ANLA volvió a pronunciarse; pero si su respuesta sobre la navegabilidad de los ríos Badillo y Guatapurí era descabellada, la de ahora es todavía más.

“Ellos nos respondieron y nos  piden una cantidad de información que no es posible completarla al menos en un tiempo corto. Lo que primero nos piden es una modelación hidráulica matemática de todos los ríos; la sola modelación  de cada cuerpo de agua, por  cotización que hicimos, nos cuesta 90 millones de pesos, son 10 cuerpos de agua, son 900 millones de pesos; fuera de eso  hay que  sacar una licitación aparte y buscar los recursos para eso, además tenemos que hacer  consulta previa con los indígenas, esto no se hace en seis meses; también tenemos que presentar un certificado de que en esa zona no hay restos arqueológicos  de importancia”, afirmó Villalobos Brochel.

Para colmo de males, y como prueba de que a veces es el mismo estado el que presiona para que las cosas no se hagan o se hagan de manera irregular, ahora el Departamento Nacional de Planeación, DNP, le pidió a Villalobos Brochel invertir cuanto antes los 12 mil millones en ese o en otro proyecto; pero debe ejecutarlos en el menor tiempo posible.

Así las cosas, Corpocesar está en una encrucijada; por un lado tiene a la comunidad que clama ayuda, por el riesgo inminente en el que se encuentra y por el otro está el DNP que presiona para que se ejecuten los recursos.

Los afectados

Mientras la ANLA se la pone ‘difícil' a Corpocesar, en los barrios de la margen derecha del río Guatapurí los habitantes no hacen más que quejarse y con toda la razón. El pasado viernes que cayó sobre Valledupar un fuerte aguacero, el río creció y se llevó la pared de una porqueriza ubicada en el sector de Paraíso, a la vez la acequia que atraviesa el lugar y que también toma agua de ese afluente, se desbordó y se llevó la pared que uno de los habitantes construyó en el patio de su vivienda.

“Lo que hay que hacerle al río, no se demora tres horas, porque hay que traer una máquina y quitarle la isla de arena que tiene”, dijo Gerónimo Padilla, quien desconoce que para hacer ese ‘trabajito' como él lo llama, todo debe pasar por Bogotá y buscar el visto bueno.

Samuel Martínez, otro de los habitantes del sector, quien lleva tres años viviendo en el lugar por necesidad, al no tener casa propia, tiene una apreciación similar a la de Gerónimo  y asegura que el Municipio debe meter una retroexcavadora y ‘enderezar' el cauce del río.

Martínez aseguró que en varias oportunidades han ido a la Alcaldía para que esta le saque arena al río y la coloque en la orilla para el desbordamiento, desconociendo que todo esto requiere un trámite y que en este caso, según la ANLA, deben conseguir hasta permiso de los indígenas.

Las obras

En el caso de Valledupar, Corpocesar tiene previsto intervenir cuatro  puntos del río Guatapurí: el  Parque Lineal de Hurtado, del que es poco lo que queda, pues los más de nueve mil millones de pesos que invirtió el gobierno de Ciro Pupo Castro se lo ha llevado el agua en cada creciente.

El segundo punto a intervenir corresponde a la zona aledaña al Centro de la tercera edad; otro punto es el conocido como La Canoa y, por último las inmediaciones de la laguna del Taruyal, que también sufren graves daños ocasionados por el afluente en época de lluvia.
En el corregimiento de Badillo, al norte de Valledupar tiene previsto hacer unas obras, debido a que el río que lleva el mismo nombre, se une al caño Mamón de Leche y en cada invierno se desborda e inunda el pueblo.

La quebrada Burturama en Aguachica que amenaza con llevarse la bocatoma del acueducto que surte de agua  a la comunidad.

En Curumaní el riesgo lo representa la quebrada San Pedro, que pone en peligro la zona de proyección del municipio, en donde son construidas viviendas de interés social, entre otras.

En San Martín, la Torcoroma hace daño a los habitantes de Aguas Claras; en Río de Oro son Las Guaduas que afecta a los habitantes del corregimiento de Los Ángeles. También está la quebrada Los Llanos que afecta al municipio de San Alberto.

Los otros que presentan problemas y que pretenden intervenir son los ríos Maracas en Becerril y Pereira en La Paz.

Pero tal como están las cosas para el Cesar, la Autoridad ambiental se ha convertido en un ‘karma', como lo dijo hace unos meses el senador Félix Valera Ibáñez, quien en esa oportunidad aseguró que por pura tramitología no han podido intervenir la margen derecha del Guatapurí.

Así las cosas y mientras desde la fría capital a cientos de kilómetros del Cesar, la ANLA no se entera de la realidad de las regiones,  a la  comunidad no le queda más que sentarse  a esperar un milagro; pues por ahora,  es poco lo que pueden hacer las autoridades locales, que se exponen a investigaciones de los entes de control por no hacer lo que les corresponde, simplemente porque desde Bogotá les ponen los obstáculos.

Luz de esperanza

La esperanza de una solución a esta situación, estaba en el debate de ayer citado por el senador Félix Valera Ibáñez en el Congreso de la República, pero de nuevo la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA mostró su desinterés por la región, pues no asistió a la cita.

Los que sí acudieron al llamado fueron la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General, un asesor del Ministro de Ambiente, la Viceministra de Ambiente, entre otros, debido a que un tema de connotación regional, tomó transcendencia nacional, “porque ya no solo afecta al Guatapurí y al Badillo, sino que afecta todo el tema de prevención”, dijo Villalobos Brochel.

Es así como el Asesor del Ministro del Medio Ambiente se comprometió a tratar el tema de manera directa con la directora de la ANLA, Luz Helena Sarmiento.

Por lo pronto, la Corporación agotará todas las vías, para lograr realizar las obras, mientras que la Comisión Quinta volverá a citar a Sarmiento para que informe sobre la situación en que tiene a regiones como el Cesar.

Como plazo para agotar todas las instancias, Corpocesar se puso el mes de agosto, pues tiene al DNP ‘respirándole en el cuello' para que invierta los recursos sea en ese o en otro proyecto, aunque el funcionario recalcó que su interés es hacer las obras.