Inquieta la cuota inicial del informe a plazos de la Comisión de la Verdad, que en sus primeros capítulos ya deja ver a las víctimas de las Farc como menos víctimas y a la Fuerza Pública más culpable que los culpables. 

La Comisión no se conformó con ‘la verdad’, sino que dio recomendaciones para todo, “no vinculantes”, pero ajustadas al Acuerdo con las Farc y al programa del gobierno Petro, como un bloque ideológico para una “Paz Grande”, reconociendo que la del acuerdo fariano, con pretensión de ‘estable y duradera’, fue solo una ‘paz chiquita’.

Se advierte la intención de socializar la responsabilidad de las Farc. “Somos muchos -en diverso grado, por acción o por omisión- los responsables de la tragedia”. Si la culpa es de todos y la comisión fue exigencia de las Farc, con comisionados seleccionados a su amaño, no extraña que ‘la verdad’ convierta a toda la sociedad en ‘coautora’ de sus crímenes, como sustento a su impunidad.

Abundan cifras mágicas y lugares comunes, como los 8 millones de hectáreas “arrebatadas a campesinos” y la “descomunal concentración de la tierra”, para recomendar la profundización de la Reforma Rural Integral, también prioridad de Petro, con la anunciada democratización, Fondo de Tierras potenciado, Zonas de Reserva Campesina, Jurisdicción Agraria y Acuerdo de Escazú; ante lo cual los productores rurales deberán aferrarse al respeto a la propiedad de la tierra, consagrado en el Acuerdo después del plebiscito. 

Los 6.402 falsos positivos, de informes de ONG sesgadas contra la Fuerza Pública, así como la justificación de “La explosión de los jóvenes de Cali y otras ciudades”, fruto de su “energía e indignación”, que no del apoyo del ELN y transferencias de un banco ruso, sustentan otras recomendaciones: la Policía al Ministerio del Interior, la supresión del ESMAD y el servicio militar, la revisión de la Justicia Penal Militar, la inteligencia y contrainteligencia, y en general, la política de seguridad, sobre la cual no faltan juicios de valor con tufillo de izquierda,  que la tildan de “sistema de seguridad armada que no logra su cometido”.

Es una verdad ambivalente. Se reconoce el abandono histórico del campo, pero se insiste en la concentración de la tierra como causa de todos los males. Se justifica la impunidad para crímenes de las Farc, mientras se insiste en “frenar la impunidad”; se reconoce el papel de la Fuerza Pública, pero se la condena y se busca neutralizarla. Se señala el papel nefasto del narcotráfico, pero se recomienda atenuar la erradicación, promover la legalización y hasta el sometimiento con beneficios, es decir, el perdón social. 

A la comisión no le gusta cómo se elige al fiscal general, y claro, recomienda negociar con los elenos y hasta un ministerio para la paz, que se sumaría al de la igualdad, como si la burocracia solucionara problemas. En fin…