Los que apoyamos el acuerdo de paz del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc, nos preguntamos ¿Será qué sus opositores lo harán trizas? Por lo que vemos, esta es la intención indeclinable del partido Centro Democrático si llegaban al poder con presidente a bordo, pues así lo afirmó enfáticamente  el radical dirigente uribista, Fernando Londoño,  en uno de sus habituales discursos virulentos contra el socialismo, rompiendo hojas de papel en varios pedazos, como si fuera el acuerdo de paz firmado por ‘Timochenko’ y Juan Manuel Santos.

Pareciera que los uribistas de pura cepa están desesperados en vista de que pasa el tiempo y se acerca la fecha en la que el presidente Iván Duque debe sancionar u objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada en el Congreso, revisada y declarada exequible por la Corte Constitucional en casi todos sus artículos, que además ha recibido múltiples respaldos importantes, tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, desde hace rato reposa en la Casa de Nariño, en espera de que los asesores jurídicos del presidente dispongan cuál es la opción más  conveniente para aquellos comprometidos en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante el complejo conflicto armado interno colombiano.

En tan controvertida decisión se ha metido el presidente Donald Trump, en la búsqueda de derrocar al presidente Nicolás Maduro, para que el capitalismo retome el poder en Venezuela y Estados Unidos pueda seguir explotando el petróleo que ahora están acaparando los chinos y los rusos, cuyos gobiernos tienen representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Privilegio que ha impedido la invasión armada al territorio venezolano.

La estrategia del presidente Trump de entregar ayuda humanitaria a los venezolanos por Cúcuta, pregonando que Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en Latinoámerica, cuyo objetivo fue delegarle al presidente Duque el liderazgo en procura del derrocamiento del presidente Maduro o de presionar su renuncia con el apoyo de los presidentes de los países limítrofes y de Juan Guaidó, el presidente proclamado con el propósito de solucionar la descomunal crisis que atraviesa Venezuela.

En medio de este enredo la Fiscalía Nacional, captura a un fiscal de la JEP y a un exsenador que ya pagó condena por vínculos con el paramilitarismo, supuestamente implicados en favorecer al exjefe guerrillero fariano, alias ‘Santrich’. Los capturados aparecen en un video donde el susodicho fiscal de la JEP recibe 40 mil dólares como parte del pago para que evitara la extradición de ‘Santrich’. Lo cierto es que tal video es muy sospechoso de ser un montaje para desprestigiar a la JEP, y en consecuencia las denuncias de delitos atroces en sus audiencias que comprometan a grandes personalidades del país no tengan credibilidad.

En fin, todo esto hace parte del plan que pretende acabar el acuerdo de paz logrado por el expresidente JM Santos, por lo cual le otorgaron el Premio de la Paz en 2016. Reconocimiento que mantiene  inconforme a los uribistas radicales y seguramente presionan al presidente Duque para que por lo menos  objete algunas partes de la ley estatutaria de la JEP.