De acuerdo con The World’s most violent cities de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se encuentran en América Latina. La violencia en la región se puede atribuir al narcotráfico y al crimen organizado, especialmente en México. Además, la violencia en la región se ve exacerbada por la pobreza, la corrupción, la inestabilidad política y la impunidad.

Diferentes estudios coinciden en afirmar que el lugar donde una persona nace y vive se correlaciona con sus posibilidades generales de vida. Las personas que viven en entornos caracterizados por altos niveles de desigualdad económica y social tienden a estar más expuestas a la violencia y la victimización que las que viven en otros lugares. Los vecindarios que exhiben niveles más altos de desigualdad de ingresos y desventaja concentrada experimentan niveles más altos de desconfianza, desorganización social y delitos violentos. Si no se abordan adecuadamente estos problemas, reduciendo drásticamente la igualdad de oportunidades se perpetúa la violencia entre generaciones. Esto colige el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el cual, en Colombia se necesitan 11 generaciones para que los más pobres salgan de la pobreza. 

Un número creciente de ciudades alrededor del mundo están priorizando la prevención del crimen y la reducción de la violencia. Esto es más radical de lo que parece, ya que muchos gobiernos locales están comprensiblemente preocupados por reconocer estos desafíos por temor a que pueda afectar negativamente la inversión local y extranjera, el turismo y su legitimidad ante los votantes. Se trata de un proceso serio que realmente procura resolver el problema, con instrumentos valorados a partir de las lecciones aprendidas. 

Entre las lecciones aprendidas se destacan las siguientes: 1. La mejora urbana integrada debe centrarse en los puntos críticos: Las áreas de mayor riesgo frecuentemente carecen de infraestructura y servicios básicos y tienen poca conectividad espacial y digital con empleo formal. La ausencia del Estado y la ruptura del contrato social pueden exacerbar la violencia, dejando a los residentes pobres y marginados atrapados en su lugar. 2. Las mejoras en el diseño ambiental y la vigilancia inteligente se correlacionan fuertemente con reducciones en la violencia urbana:  El alumbrado público de mástil alto, por ejemplo, se acredita con la reducción del crimen y la violencia en los asentamientos informales. También son importantes el diseño de espacios públicos que sean seguros y accesibles para varios miembros de la comunidad, el despliegue inteligente de vigilancia y recursos en áreas desafiantes junto con el fortalecimiento de la participación comunitaria. Se ha demostrado que la vigilancia orientada a los problemas es eficaz.

3. Es esencial fortalecer el compromiso de la comunidad y la eficacia colectiva. Esto significa construir cohesión social, incluida la confianza entre los residentes y la reciprocidad positiva con el gobierno. 4. Mejorar el acceso a empleos y habilidades para la vida debe ser una prioridad. La creación de canales hacia trabajos decentes para jóvenes en barrios de alta violencia es eficaz para reducir la delincuencia y el crimen. El objetivo es ofrecer oportunidades y perspectivas para los jóvenes en riesgo que ofrezcan caminos para alejarse de la violencia. A esto último intuyo la apuesta del gobierno nacional respecto del programa de pagar a jóvenes “por no matar” que buscaría, según explicó el ministro Luis Fernando Velasco, “abrir oportunidades” en las poblaciones “de riesgo”. Es absurdo creer que con lista en mano se estaría llamando a delincuentes para pagarles un millón de pesos para que no delincan.

Es sabido lo compleja que está la situación en la inseguridad en las ciudades del país. Es un fenómeno multicausal, en el que deben ponerse de acuerdo los tres poderes del Estado y todos los estamentos en un plan común, de lo contrario va a ser muy difícil controlar esta situación.

Por: Luis Elquis Díaz.