En materia penal estar sometido de manera extensa al proceso siendo inocente es una injusticia. Sucede algo similar cuando se tiene al responsable sin que el proceso penal finalice con prontitud; la víctima de la conducta punible no ve, más allá de observar en la página de Fiscalía su denuncia “activa”, que avance la investigación judicial, o, incluso, se adelantan las indagaciones por acciones u omisiones punibles consumadas sin la vinculación de autores y/o participes titulares de esa responsabilidad. Todos esos escenarios son propios de la morosidad judicial, los cuales riñen con ese derecho fundamental de acceder a la Administración de justicia con eficacia.

Pero, ¿por qué la justicia penal en Colombia es lenta? Resulta menester señalar que los términos son importantes para lograr el respeto de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal y, así mismo, lograr una eficaz administración de justicia.

Entonces, es algo apenas lógico que la justicia penal logre los efectos que desean los interesados en el proceso, incluyendo a la sociedad en general que anhela respuestas apropiadas en dirección a su tranquilidad y buen vivir, pronunciándose sin dilaciones y demoras infundadas. Localizamos varios factores que evitan este postulado teleológico, siendo la infalible e indeseable corrupción que, como lo hemos visto esta semana mediante diversos portales de comunicación, permeó y llegó en un momento aciago para la credibilidad del máximo Tribunal de la Justicia penal, a través del funesto “cartel de la toga”. Pero este factor de corrupción resulta transversal, porque no solo se manifiesta cuando el soborno permea la honorabilidad de la toga, pues también extiende sus manos cuando, desde el nivel ejecutivo del poder público, el presupuesto asignado a la rama judicial llega “gota a gota”, o gota y chorro: una gota para la justicia y un chorro para el clientelismo, la burocracia y el peculado.

El erario en materia judicial no solo resulta importante para cubrir el sostenimiento salarial y prestacional de los servidores públicos que juraron cumplir y hacer la Constitución y las Leyes administrando justicia, sino que, además, es indispensable para la construcción, mejoramiento y adecuación de los mobiliarios o infraestructura física y tecnológica de los despachos judiciales. Vemos instalaciones de estos despachos sombríos y llenos de espacios poco adecuados para el correcto desempeño de la dignidad judicial.

Otro factor que impacta sobre la eficacia de la justicia está en la poca cantidad de jueces y fiscales, en proporción con la cantidad de habitantes. Según voces reconocidas dentro del universo jurídico, como José Miguel De La Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio, o el expresidente la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz Alemán, aseguran que, por cada 100.000 habitantes, deben existir 65 jueces, situación que en nuestro país está alejado de verse real, toda vez que, por la misma cantidad de habitantes, existen 12 jueces, lo cual impacta sobre la calidad y prontitud del servicio público de la justicia.

De acuerdo al último informe del World Justice Project (Proyecto Mundial de Justicia) de 23 de octubre de 2024, Colombia ocupa el puesto 114 de 142 países en el mundo, y el 21 de 32 en América Latina, en respuestas efectivas del sistema judicial penal.

Otro elemento mordaz para la incorrecta marcha del sistema judicial penal es la falta de capacitación y acceso meritorio al sistema de justicia, donde, no en todos los casos, pero en una cantidad importante, existen jueces o ficales que están en ejercicio de sus funciones de manera provisional y/o sin poseer conocimiento profundos en teoría del delito, procesal penal, investigación criminal y régimen probatorio, constitucional, lo cual impacta sobre el correcto desempeño del musculo judicial del Estado Social y Democrático de Derecho.

Los factores parecen incontables, pero enunciarlos resulta sencillo, la exigencia crucial está en hallar los remedios necesarios para atenuar esos riesgos que impactan sobre el recto y eficaz actuar de la justicia. Desde el punto de vista social, es decir, la sociedad como titular de la soberanía también posee deberes sobre este relevante tema, somos quienes, en cierta medida, aportamos los funcionarios o servidores judiciales que deben usar el martillo de la diosa Temis, así que, muchas veces, la justicia es el reflejo de los que somos en realidad.

Para concluir, en lo relacionado a la cifra descrita anteriormente sobre la cantidad de jueces por número de habitantes, es una regla que no garantiza mayor contundencia, pues, según el informe anual de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), Dinamarca es el país con mayor eficiencia de justicia, con solo 7 jueces por 100.000 habitantes, mientras tanto Serbia registra 30 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, en el caso colombiano, para intentar atenuar las injusticias derivadas de la lentitud del sistema, integrar soluciones encaminadas a superar esas barreras o problemas delimitado.