En un predio de 15 hectáreas, ubicado al lado izquierdo de la vía que conecta a Valledupar con el corregimiento de La Mesa, al occidente del Municipio, fue construido el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad; la primera cárcel que se hizo en Colombia y en Latinoamérica bajo los parámetros internacionales para albergar a prisioneros de alto perfil.
Si bien no es tan grande como las de Estados Unidos, fue imponente ante los vallenatos, al punto que la llamaron ‘La Tramacúa’. Precisamente, el buró (organismo) de prisiones del país norteamericano le ayudó al Estado colombiano en términos financieros y de logística para que se diseñara y se construyera la prisión, por un valor de 25.000 millones de pesos.
En abril de 2000, el establecimiento abrió sus puertas y comenzó a albergar a cientos de prisioneros sentenciados que estaban en otras cárceles del país, sin controles de seguridad y que las habían convertido en sus centros de operación criminal. La penitenciaría de Valledupar fue construida para albergar a 1.632 internos en nueve torres, con 80 celdas cada una. Reclusos políticos, entre ellos guerrilleros y condenados por delitos comunes fueron llenando estos espacios alcanzando el número de 1.393 presos, actualmente.
Los guardias del Inpec que comenzaron a trabajar ahí fueron capacitados para manejar este tipo de establecimientos, los controles de seguridad son más exhaustivos, recios y fríos al momento de neutralizar cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del lugar o de los internos. La cárcel está estructurada de tal forma para impedir que ningún elemento sea usado como arma, teniendo en cuenta el alto perfil de los condenados, por eso no hay abanicos en las celdas. El propósito es que la fuerza de la guardia se imponga ante las acciones de los reos.
Sin embargo, 16 años después de ser inaugurado por el presidente Andrés Pastrana, de ser pensado y diseñado como el gran centro de reclusión, su futuro está en manos de un fallo por una acción de tutela que impetró un grupo de internos, a través de la Fundación Lazos de Dignidad, para que fuera clausurado.
En los últimos años, los males de la penitenciaría venían siendo denunciados: problemas en la infraestructura, falta de ventiladores y otras situaciones; el difícil acceso al servicio del agua, porque el líquido no sube a todos los pisos de las torres; los problemas de insalubridad en los alimentos, y lo más grave, la supuesta tortura de los guardias del Inpec hacia algunos de los convictos. Todos estos problemas están apuntados en la acción de tutela.
El primer ‘estallido’ ocurrió en el 2011, cuando Ong’s nacionales e internacionales conocieron que varios internos se subían a las mallas de seguridad que cubren las torres para protestar por cualquier inconformismo, la mayoría era por el maltrato físico y por la alimentación. Los afectados pusieron en conocimiento que algunos funcionarios de la seguridad del Inpec los tumbaban de las mallas cayendo de alturas de hasta de 12 metros.
‘El Rancho’, como se llama la cocina y bodega para almacenar los alimentos apareció en este embrollo en el que está el establecimiento. Durante una inspección hecha por la Defensoría del Pueblo en 2013, se estableció que algunos productos estaban podridos y la infraestructura para cocinar no estaba en óptimas condiciones. En un estudio hecho por la Gobernación del Cesar se encontró que había material fecal en la comida y eso generaba enfermedades efecto contagiosas y gastrointestinales.
La visita técnica que hizo la Procuraduría General de la Nación ese mismo año reveló que algunas torres estaban en mal estado y tenían expuesto tubos y varillas que podrían causar un peligro.
LA TUTELA
Después de la protesta de 2011 los internos presentaron una acción de tutela al Tribunal de Valledupar por todas estas falencias argumentando que sus derechos estaban siendo violados, especialmente por las “continuas torturas”, pero esta instancia negó las pretensiones de los accionantes.
La solicitud pasó a la Corte Constitucional, que al revisarla respondió en la sentencia 282 de mayo de 2014 que el Tribunal se había equivocado, porque todo lo que los detenidos estaban pidiendo era justo. “Los internos piden respeto a la dignidad humana, que les dieran el tratamiento adecuado, pedían también que la tortura no se interpretara solo con el golpe, porque también está la psicológica, explican la forma en que tienen que vivir, con una temperatura que alcanza los 40 grados centígrados, sin agua y con plagas”, dijo la Fundación Lazos de Dignididad.
Se ordenó al Estado adoptar medidas para solucionar los problemas que afectan a los detenidos; sustentados en la ausencia de agua, que no sube a las celdas, soluciones al cumplimiento de los procesos; que sean tratados de manera decorosa cuando accedan a la protesta social y dieron un plazo de 11 meses para que esto se lleve a cabo. Si en ese tiempo no se soluciona, tendría que cerrarse.
La sentencia de la Corte fue devuelta al Tribunal Superior de Valledupar para que esta se encargue de verificar el cumplimiento de lo ordenado. La decisión de la máxima instancia judicial que preserva los derechos quedó en firme en noviembre de 2014, es decir que 11 meses después, en octubre de 2015, la Penitenciaría debía estar en óptimas condiciones. Sin embargo, esto no se dio y un grupo de internos enviaron un documento al Tribunal Superior de Valledupar por desacato a la orden de la Corte Constitucional. Al respecto, el Tribunal indicó que los tiempos calculados para que el establecimiento solucionara los inconvenientes no eran los indicados, por lo que dio hasta enero de este año como plazo para que se ejecutaran las obras.
En noviembre del año pasado, 500 detenidos iniciaron una huelga de hambre que fue suspendida el 2 de diciembre con la visita que hizo una comisión interinstitucional, que concluyó con el anuncio de una nueva visita de inspección o visita técnica el 19 de enero de este año para verificar que sea cumplida la sentencia. El 9 de febrero el Tribunal emitió un auto en el que ordena que siga funcionando el establecimiento por considerar que existía voluntad del Gobierno Nacional en solucionar el problema.
“El plazo que se había dado era hasta enero, pero no se decretó el cierre de la cárcel. Tenía que decretarse. Ante esto, los detenidos emiten una carta a la Corte Constitucional y piden que se decrete el incumplimiento, pero esta entidad responde el 22 de febrero con un auto en el que ordena al Tribunal Superior enviar un informe de lo hallado en la visita realizada el 19 de enero. En ese trámite está el proceso”, le dijo a EL PILÓN, Yuli Henríquez, una de las representantes de la Fundación Lazos de Dignidad.
“NO HAY MOTIVOS PARA CERRARLA”
El director del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, capitán Luis Perdomo, dijo que la historia de este lugar no se puede ocultar y aceptó que años atrás esta prisión fue epicentro de fallas e irregularidades en su proceder, especialmente en las acciones de los funcionarios al ejercer una fuerza sin límites sobre los internos.
Tiene claro cuáles son las deficiencias en la infraestructura en el recinto y por eso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del interior, desde el finales de 2014 inició una intervención para remodelar las torres y solucionar el problema hidráulico existente y por el que el agua no sube a la mayoría de pisos.
Actualmente, dos torres están en remodelación y una de esas estará lista para ser usada en unos 15 días. “La red de distribución antigua que tiene el centro hace que no llegue el agua a todas las torres y a todos los pisos, por eso al principio había problemas. Con la intervención que se están haciendo a las torres quedarán con el funcionamiento óptimo de este servicio”, dijo el capitán, quien además señaló que por estos trabajos en las edificaciones se ha ocasionado un sobre poblamiento, por la presencia de tres internos en una celda, cuando estas se encuentran diseñadas para dos reos. “Al arreglarse todas las torres ya no habrá problemas. En el momento que esté lista una torre se pasarán a esa los internos que estén en un pabellón no intervenido. Afortunadamente este es el único establecimiento que no tiene hacinamiento en el país”, agregó.
Comentó que se expandieron las instalaciones médicas; ahora cuentan con tres odontólogos, dos enfermeras jefes, seis auxiliares de enfermería y cuatro médicos que cumplen con un servicio dispuesto las 24 horas y los sietes días de la semana. Indicó que hasta el 1 de febrero el servicio de salud lo dio Caprecom y actualmente se está en el proceso de afianzar un ente que preste la atención necesaria para la población carcelaria, incluyendo los tratamientos especializados.
Con respecto a ‘El Rancho’, dijo que se hicieron adecuaciones locativas, ahora trabaja más personal y se mejoró el menú teniendo en cuenta la opinión de los convictos. “A final de 2016 el cien por ciento de las torres serán intervenidas”, aseguró el funcionario.
EL PILÓN le recalcó que las organizaciones no gubernamentales hacen énfasis en las torturas a los internos, quienes en protesta se suben a las mallas de seguridad y en algunas ocasiones cayeron de una gran altura; el capitán Perdomo respondió que la época de las agresiones ya pasó y por eso hay guardias del Inpec que fueron sancionados por la institución, por la Procuraduría, incluso procesados penalmente. “En estos momentos los guardias no están maltratando físicamente a los presos” y, según dijo, hay una exageración de lo que ocurre dentro del establecimiento.
“Con respecto a los internos que se suben a la estructura, sí buscamos una manera de bajarlos, pues vamos a estar expuestos a que el preso se pueda soltar y quede herido, incluso muera. Esos vídeos que son publicados no son del todo cierto, a veces hacen creer que tal caso ocurrió aquí, cuando en realidad sucedió en otra penitenciaría”, explicó.
¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES?
July Henríquez, de Lazos de Dignidad, acepta que la dirección de la penitenciaría ha tratado de solucionar lo que ocurre, pero hay cosas que se le salen de las manos y que son resorte del Gobierno Nacional, como el diseño y ejecución de obras; también ha tratado de disminuir los casos de abuso de poder, sin embargo, los detenidos dicen que los maltratos continúan y señalan a varios guardianes de cometer estas acciones. “Actualmente, más de 200 internos están en huelga de hambre. Quieren que se cierre el lugar”, añadió.
July Henríquez considera que la penitenciaría deberían cerrarla, porque no hay voluntad de fondo para solucionar los problemas que hay, teniendo en cuenta las denuncias sobre tortura. “Si no la cierran que garanticen los derechos básicos. Es un depósito de seres humanos para torturarlos”, sentenció.
Por su parte, el defensor del Pueblo en Cesar, Omar Contreras, manifestó que su entidad ha venido haciendo seguimiento a la cárcel debido a la orden de la Corte Constitucional, y a la conclusión que ha llegado es que no se ha mejorado la situación en que está el lugar a pesar de las obras hechas, tampoco se ha logrado equilibrar la situación de derechos humanos que reclama la población de esta penal.
“Lo único que pudimos evidenciar es que hay un hacinamiento importante por el tema de la adecuación de las torres. El Inpec está avanzando, muy lento diría yo, pero lo está haciendo para cumplir con el mejoramiento de ese penal. No soy quien para determinar si deben cerrarlo, porque eso le compete a la Corte Constitucional. Lo cierto es que tampoco podemos pensar que el hecho de cerrarla será la solución del problema. También habría que pensar en el costo fiscal que representa para la Nación de ocurrir la clausura”, dijo.
Mientras tanto, un informe entregado al personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, por parte de un grupo de sus colaboradores señala que “la situación de la huelga de hambre se ha disminuido. La comisión concluyó que las acusaciones eran falsas. Pero la Corte no se ha pronunciado. Ya solo hay 90 internos en huelga pero se turnan, unos desayunan y otros almuerzan”.
La Corte Constitucional tiene hasta este mes para resolver la petición hecha por los internos por no haberse cerrado el establecimiento, tal como se había sentenciado. ¿Cuál será el final de este enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y los internos? ¿Cerrarán el Establecimiento Penitenciario y Carcelario?
El 70 por ciento de los internos en el establecimiento carcelario son de esta región. El resto son del interior del país.
En abril de 2000 inauguraron a la Penitenciaría. La Fundación Lazos de Dignidad espera que este año, cuando la cárcel cumple 16 años, sea cerrada.
“Muchos quieren que se cierre el centro carcelario, pero no hay motivos para hacerlo. Se está trabajando para mejorar las condiciones en las que están los internos”: capitán Luis Perdomo.
“Hay un hacinamiento importante por el tema de la adecuación de las torres”: Omar Contreras.
“La situación de la huelga de hambre se ha disminuido. La comisión concluyó que las acusaciones eran falsas”: Personería de Valledupar.
Por Renier Asprilla
