Los obispos costeños de la Iglesia católica se sumaron este domingo 11 de septiembre, a las voces de entidades, mandatarios, gremios de usuarios que rechazan los altos cobros en el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe y que ha golpeado fuertemente el bolsillo de los habitantes de esta zona de Colombia. 

A través de un comunicado, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Barranquilla expresaron su solidaridad a los gobernadores, alcaldes, consumidores y organizaciones civiles que están liderando protestas para lograr un mejor servicio y un precio justo.

Cabe destacar que la Provincia Eclesiástica de Barranquilla está conformada por los monseñores Pablo Emiro Salas Anteliz, arzobispo de Barranquilla; Francisco Antonio Ceballos Escobar, obispo de Riohacha; Óscar José Vélez Isaza, obispo de Valledupar; José Mario Bacci Trespalacios, obispo de Santa Marta, y Luis Gabriel Ramírez Díaz, administrador apostólico de la Diócesis de El Banco, Magdalena. 

“Manifestamos que como pastores de la Iglesia católica que peregrinan en estas jurisdicciones eclesiásticas, nos solidarizamos y acompañamos al pueblo de Dios en sus justos y legítimos reclamos, en orden a alcanzar una mejor calidad de vida”, sostuvo la Provincia Eclesiástica de Barranquilla. 

Asimismo, instaron al presidente de la república, Gustavo Francisco Petro, a dar solución a este problema que aqueja a todos los habitantes de la región Caribe. “Pedimos a las autoridades territoriales, como también a los senadores y representantes de la región Caribe, que sean portavoces del pueblo que los eligió y aúnen esfuerzos para lograr satisfacer, ante las entidades competentes, los justos reclamos de los ciudadanos”, se lee en la misiva. 

Finalmente, la Provincia Eclesiástica de Barranquilla manifestó a las empresas generadoras de energía, como a las que la transmiten, distribuyen y comercializan (operadores de red Air-e y Afinia), revisar sus márgenes de ganancia a fin de mitigar el drama y las afugias por las que atraviesan los usuarios de este servicio, tanto los usuarios residenciales, 

como también los del comercio y de la industria. 

“A fin de llegar a una solución consensuada que, al tiempo que modere y mitigue el impacto sobre el ingreso y la capacidad de pago de los usuarios, no ponga en riesgo la estabilidad financiera de los distintos agentes de la cadena, pues ello podría conducir a una crisis sistémica de imprevisibles consecuencias”, acotó el documento.