El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 023672 del 21 de diciembre de 2020, ordenó medidas preventivas de vigilancia especial sobre la Universidad Popular del Cesar, luego de realizar una visita de inspección los días 2, 3 y 4 de este mes en curso, en los que recopiló información que permitió comprobar la supuesta ocurrencia de situaciones que estarían afectando de “manera grave el gobierno institucional, lo cual constituye un inminente riesgo o peligro al cumplimiento de las condiciones de calidad del servicio público de educación superior”.

Lee también: El millonario presupuesto y la burocracia por la que se disputan la UPC

Igualmente destacan que estas irregularidades inciden directamente en las condiciones de calidad exigidas por la Ley 1188 de 2008, y los Decretos 1295 de 2010; 1330 de 2019, particularmente en lo que refiere a aspectos administrativos, lo que incide en el normal desarrollo de sus actividades constituyéndose en deficiencias que deben ser objeto de medidas inmediatas y urgentes de carácter preventivo y de vigilancia especial que corrijan y normalicen tales situaciones, ya que hay un riesgo latente frente al correcto uso y apropiación de las rentas.

“A la fecha no existe presentación y aprobación del presupuesto de la vigencia 2021, reporte de derechos pecuniarios, y ya se han presentado eventos de demora en los pagos de salarios y aportes a la seguridad social. Estas situaciones, tienen una correlación directa con la calidad en prestación del servicio educativo.   Al no encontrarse aprobado el presupuesto, la Universidad carece de un proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, incluyendo el pago de obligaciones financieras e inversiones para el futuro mediato, en el cual se contemplen la totalidad de las obligaciones a la fecha, con cargo a los recursos operacionales, de tal forma que se evite incurrir en prácticas de endeudamiento y efectuar una reducción de gastos que no incidan o afecten la calidad del servicio educativo prestado”, destaca el Ministerio de Educación.

Por tanto, la entidad de orden nacional designó un ‘Inspector in situ’ para la gestión administrativa y financiera de la UPC.   Además ordenó la constitución de una fiducia para el manejo de los recursos y rentas; así las cosas no podrán recibir recursos por fuera de esta figura que también contará con un auditor de pagos, el cual deberá rendir informes periódicos de su actividad.

“En la fiducia se deben incluir todos los dineros que tenga la institución a la fecha y los que continúe recibiendo hasta el fin de la medida, por concepto de matrículas, derechos académicos y demás recursos provenientes de los ingresos por el desarrollo de actividades propias de la institución, además de las donaciones y los rendimientos generados a cualquier título, los cuales en su totalidad conformarán el encargo fiduciario. En consecuencia, la institución no podrá manejar ni recibir dineros por fuera de la figura mencionada”, señaló el Ministerio de Educación. 

No dejes de leer: Luego de todo, ¿quién manda en la UPC?

Sin embargo, líderes estudiantiles y representantes de egresados consideran que la medida del Gobierno nacional está relacionada a intereses políticos que van relacionados directamente con la asignación de recursos que tendrá la UPC en ocasión a la realización de los Juegos Bolivarianos en el venidero 2021, para lo cual recibiría cerca de $40.000 millones para la adecuación del parque La Vallenata, donde están ubicados varios escenarios deportivos.

Por ello, uno de los principales choques que se presenta en el campus universitario está relacionado con los consejeros, que la mayoría de estos, tres específicamente, conformados por la Gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Educación; Carlos Morón en representación a los exrectores, y Atán Manjarres en representación del sector productivo, nombraron como rector a José Sierra, el 19 de noviembre de este año, quien luego fue reconocido por el Ministerio de Educación.

Por otro lado están dos consejeros que representan al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República. En días pasados, en elecciones estamentarias se  eligieron a otros dos consejeros más: Ailen Fernández, en representación de directivos académicos, y a José Corrales por los profesores.   De avalarse la elección de estos dos, el grupo que eligió a Sierra perdería la mayoría.

No obstante, esta elección fue demandada mediante una tutela por el rector José Sierra, que luego de su nombramiento la había suspendido, pero igualmente la realizaron.

‘INTERVENCIÓN ILEGÍTIMA’

Carlos Echevarría, estudiante de Contaduría pública, manifestó que la intervención que realiza el Ministerio de Educación es ilegítima.

“Lo rechazamos rotundamente por parte de todos los estamentos estudiantiles, sindicatos y egresados de la universidad porque consideramos que se ven perjudicados los diferentes procesos académicos y financieros de la UPC.  No estamos por encima de lo que está haciendo el Ministerio de Educación, ya que el máximo órgano de las universidades son los Consejos Superiores estipulados por la Ley 30 de 1992, que señala una autonomía universitaria y la toma de sus decisiones como la designación de rectores, los cuerpos administrativos, financieros y académicos”, refirió el estudiante.

Te puede interesar: UPC Aguachica tendrá una inversión de 300 millones de pesos en infraestructura

Por su parte, Jorge Camilo Mandón, egresado del programa de Derecho de la UPC, subrayó que a la UPC le falta desarrollar temas vitales, pero esta pugna de poderes no deja avanzar al claustro de estudios superiores.

“Se está viviendo un enfrentamiento entre los diferentes estamentos. Hay una aparente normalidad con el nuevo rector, pero vemos que del Gobierno nacional se gestan iniciativas que contribuyen a la desestabilización de la UPC. Por un lado aceptaron la designación de José Sierra como rector, pero sin embargo realizaron unas elecciones para elegir consejeros que estaban suspendidas; todo esto se dio por encima del Consejo Superior Universitario”, puntualizó el egresado.

POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ/ EL PILÓN.