Por: Carlos Mario Jiménez  
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El gobernador del Cesar y varios alcaldes de este departamento elegidos el 30 de octubre de 2011, corren el riesgo de no cumplir sus períodos administrativos debido a las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación. 

El caso más sonado está en el municipio de González, donde en noviembre del año anterior, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó el fallo de primera instancia que anuló la elección de José Emilio Osorio Rocha, por inhabilidad en el grado de afinidad. La decisión se conoció por manos de la magistrada Doris Pinzón Amado, quien confirmó la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el cual falló contra Osorio Rocha la acción de nulidad electoral interpuesta en su contra que argumentaba inhabilidad por vínculos familiares.

El Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al igual que los mandatarios municipales de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, Javier Landazábal Gómez de Pueblo Bello, Wilson Rincón Álvarez de La Paz, Wilfrido Enrique Ruiz Rada de El Copey, Aideth Barrios Ortega De Astrea, Henry Chacón Amaya de Curumaní, Jorge Patiño Gómez de Bosconia, Luis Alberto Murgas Pupo de El Paso, son investigados y podrían ser inhabilitados por las presuntas faltas denunciadas en su periodo de gobierno. 

Esta situación resulta preocupante por la falta de visión en el esquema de tareas sobre políticas públicas por los altos dirigentes del departamento, por la dificultad de llevar proyectos de gobierno a largo plazo, la falta de medidas de los partidos políticos que dejan aspirar a quienes hoy están con indagaciones preliminares, y por el alto costo que genera para las finanzas del Estado la realización de elecciones atípicas. 

Fredys Socarrás, el alcalde de Valledupar, también está en la mira de la Procuraduría por la presunta omisión de un fallo judicial en el que se ordena el desalojo de un predio de invasión.  El mandatario de los vallenatos también está inmerso en un caso de un presunto nombramiento de funcionarios sin el lleno de los requisitos. 

Otro de los alcaldes cuestionados del Cesar, es el de Bosconia, Jorge Patino Gómez, quien al parecer en su periodo de concejal de este municipio habría contratado con Colombia Humanitaria, a través de la Cruz Roja colombiana. 

De otra parte, señaló el Ministerio Público en el Cesar, que se han abierto  procesos por casos como el hecho de no contestar Derechos de Petición, por presunta violación al Régimen de Inhabilidades y otros por vínculos con grupos al margen de la ley, hasta implicación en la muerte de una persona. 

¿Cómo se abren las investigaciones? 

Según el Procurador Provincial de Valledupar, Alberto de Jesús Valle Campo, la forma de llevar los casos y quejas que han llegado en los últimos años ocurre porque ellos tienen unos eventos diferentes, “para enterarnos de las noticias, para iniciar una investigación preliminar. Tenemos por quejas, también la ayuda de servidores públicos como es el caso de la Contraloría, Fiscalía, que nos envían un informe. También de un hecho preventivo, se puede generar una investigación disciplinaria”.

Valle Campo anunció que la queja más frecuente para abrir investigación contra un funcionario público es porque no contestaron un derecho de petición. “Hemos notado que de las investigaciones de impacto como  por ejemplo un detrimento al erario, no nos ha llegado información al respecto”.

El funcionario indicó que se puede decir que la gestión administrativa ha sido buena, porque no hay noticias de contratos que de pronto se hayan dejado de ejecutar o que lo hayan pagado y no se haya ejecutado, “eso siempre hace mella en la mente de la ciudadanía”. “Lo que es la participación ciudadana todavía no ha generado quejas y nosotros tampoco”, aseguró Valle Campo. 

De esta forma, se conoció que el número de investigaciones que registra en el inventario de la Procuraduría Provincial, ha disminuido a 400, reducción del 50 por ciento en comparación con el año anterior.  

¿Y en el país, cuál es la situación? 

En Colombia, uno de cada cuatro gobernadores son investigados y además de la inhabilidad por 12 años del mandatario Juan Carlos Useche del Valle del Cauca, donde ya se realizaron elecciones atípicas para reemplazarlo, en los departamentos de Huila, Chocó y Casanare los gobernadores también fueron sancionados y la Registraduría Nacional del Estado Civil espera que las decisiones queden en firme para realizar los nuevos comicios.

En la actualidad la Procuraduría tiene abiertas investigaciones contra ocho gobernadores en ejercicio. En cuanto a alcaldías, son 55 los investigados y ya han sido cuatro los municipios colombianos en los que el mandatario fue destituido.

Solo el año pasado se realizaron ocho elecciones atípicas por decisiones judiciales y ya están programadas dos para el año que comienza.

El costo, según señala el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, se puede calcular así: “A partir del valor que implica instalar una mesa, alrededor de 1.500.000, incluyendo kit electoral, logística y telecomunicaciones para la transmisión de datos. Si un candidato obtiene 100 mil votos y existe un promedio de 200 votos por mesa, se requirieron 500 mesas. A un costo de 1.500.000 por mesa, ese candidato inhabilitado le costó al Estado 750 millones de pesos”.

“Algunos caen por falta de asesoría”: Everardo Armenta 

EL PILÓN habló con el exprocurador Regional de La Guajira y del Cesar, Everardo Armenta Alonso, sobre el porqué se presentan tantas investigaciones en contra de los principales mandatarios de la rama política en el Cesar y en toda Colombia. 

“Porqué los funcionarios públicos cómo alcaldes y gobernadores caen en fallas, que incitan a los entes de control a investigarlos. Se dice comúnmente que todo servidor público como tiene tantos deberes legales que cumplir, también muchas prohibiciones, son muchas en las facetas que actúan y en algo pueden equivocarse, o aún sin hacerlos alguien puede quedar inconforme con lo que él decide y eso genera que los inconformes presentes quejas”, recalcó el actual Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Magdalena. 

Armenta Alonso dijo que a veces hay falta de preparación en los dirigentes, “muchas veces llegan a ciertos cargos públicos personas que no están capacitadas académicamente para ejercer, no conocen las funciones del cargo”. Comentó que además de no conocer las funciones, no se asesoran, “es otro error que puede estar cometiendo”. Everardo Armenta, quien a través de la Procuraduría Regional del Cesar, elevó un acto administrativo en contra de la inmobiliaria Amoblamiento Urbano, para que se declare nula la contratación que hizo el municipio de Valledupar con la empresa, aseguró “algunos funcionario públicos caen en este tipo de conductas por falta de asesoría”. 

“A pesar de conocer las funciones y el cargo, hay temas que son complicados y se puede acertar o no. Sí se equivocan hay que llevar eso al régimen disciplinario, y hay otros que a pesar de conocer sus funciones, de estar asesorados, actúan con dolo. Es decir, que saben que no están actuando bien y siguen por el camino de la equivocación, porque quieren hacerlo, eso es lo que se conoce como dolo, intención”. Everardo Armenta recordó “de ahí parte que el pueblo o la comunidad haya encajado el refrán de que no hay servidor público que no esté investigado”.