Durante una jornada de más de cinco horas compareció el profesional Octavio Javier Lafont Chica, perteneciente al área de Gestión Administrativa de la Secretaría de Educación Cesar, para declarar en el juicio del gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo, procesado por presunta corrupción en el PAE aplicado en el año 2015. 

El funcionario fue llamado a declarar por la defensa para explicar la manera cómo se llevaron a cabo los estudios previos y la selección de alimentos en el contrato cuestionado por la Fiscalía General de la Nación. 

No obstante, su testimonio comenzó desde la audiencia anterior y en esta oportunidad tuvo que contestar a las preguntas del fiscal 11 delegado ante la Corte, Julio Ospino. 

Una de esas estuvo relacionada a responder sobre por qué la Gobernación del Cesar tomó como referencia a las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga para la compra de los alimentos en el contrato del PAE pese a no estar determinado en los estudios previos que hicieron sobre este. 

Al respecto respondió: “Eso se replica en la guía emitida por el Ministerio de Educación que referencia las diferentes fuentes que pueden ser tomadas para referenciar los precios a objeto de determinar los valores unitarios de cada una de las modalidades. Entonces, ¿por qué se toman? Porque en el departamento del Cesar tiene cercanía con esas ciudades”, aseguró Lafont Chica. 

El representante del ente investigador insistió en que para el estudio del sector no se mencionó a esas ciudades en el análisis de costo en el contrato cuestionado.

Pero el testigo también dio su explicación: “Ese análisis lo hace el DANE a nivel nacional, como lo he manifestado, dentro de ese estudio se habla del impacto que tiene la producción o escasez de ciertas regiones y que pegan en las centrales de abastos objeto de estudio de los boletines SIPSA (Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del sector Agropecuario), que semanalmente emite el departamento administrativo”.

Octavio Javier Lafont también habló sobre los alimentos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar del cual participó, pero aseguró no recordar la conformación exacta de los ciclos de menús entregados a las instituciones educativas del departamento para el 2015. 

“Hígado sí sé que no se incluyeron dentro de los ciclos del menú. El hígado es una proteína bastante escasa y dado al volumen que se requiere para la prestación del servicio no se incluye dentro de los ciclos; además que el hígado es una proteína que no le gusta a todos los niños o estudiantes, entonces, posiblemente en algunas sedes educativas iba a generar rechazo”, precisó Lafont Chica. 

La declaración se suma a otras que ha presentado la defensa como la versión del exsecretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, y un investigador privado, además de evidencias documentales. 

EL CASO 

Según la investigación, la Fiscalía determinó al menos nueve inconsistencias en el contrato que la Gobernación del Cesar celebró con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones.

El documento, firmado cuando Monsalvo era por primera vez gobernador, estaba presuntamente dirigido a beneficiar económicamente al consorcio, por lo que se habría generado un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072. Además, se habría ejecutado presuntamente con omisiones en los requisitos de ley.