Aunque existe total reserva con relación a estos procesos, con el inicio del calendario escolar de este año se vuelve a poner el tema sobre la contratación de alimentación y transporte escolar sobre la mesa.

Un total de 25 casos relacionados con irregularidades en la ejecución de contratos de alimentación escolar, de los cuales cuatro son del PAE, investiga la Fiscalía seccional Cesar, según revelaciones de la directora encargada del ente investigador, Elaine Cure Ariza.

De acuerdo con la funcionaria, en la actualidad los procesos están en proceso de indagación, por lo cual todavía se investigan y no es viable que se divulgue información precisa sobre ello.

“Tenemos varios procesos en la unidad de administración pública por el Programa de Alimentación Escolar, esos procesos están avanzando y son varios, en los municipios y en la capital también”, expresó Cure Ariza, quien reconoció también que por el tema del transporte escolar debe encontrarse algún caso en investigación igualmente relacionado en la administración pública, porque están dentro de la misma unidad.

Entre tanto hizo referencia a que estos procesos no son nuevos; algunos se adelantan desde el año 2017. En este sentido, destacó que el detonante que puso de presente esta situación irregular fue lo sucedido en el sur del Cesar, Aguachica.

“Cuando eso sucedió, todos los ojos se volcaron sobre los contratos que había y parecía que había la necesidad de investigar en realidad cómo se estaba surtiendo el proceso de alimentación escolar en todos los departamentos. Allí se generaron los tipos de investigaciones en el departamento del Cesar”, explicó.

Cabe recordar que el caso de Aguachica, que fue documentado en un vídeo que generó indignación nacional, se presentó por las irregularidades en el contrato de alimentación escolar que ejecutaba la Fundación Porvenir y que pusieron contra las cuerdas al alcalde de dicho municipio, Henry Alí Montes, a tal punto que fue capturado por el CTI de la Fiscalía.

Sin embargo, hasta el momento por los casos que se encuentran en indagación no se ha realizado ninguna imputación de cargos, ni se ha señalado a un responsable de dichos delitos. Hasta el momento la Fiscalía se recauda pruebas para proceder entonces a las respectivas imputaciones.

Con relación al momento en que se empiecen a dar los resultados sobre estas averiguaciones, la funcionaria de la Fiscalía reveló que esperan que durante el primer semestre de este año se puedan presentar los mismos.

Al tiempo aclaró que esto ha representado una tarea dispendiosa y bastante minuciosa, dado que todo está relacionado con servicios de alimentación y al existir la posibilidad de que haya irregularidades en los contratos celebrados, todo debe estar sujeto a verificación.

“Estamos trabajando duro en ese tema”, agregó Cure Ariza.
Por su parte, La Contraloría General de la República en un capítulo del libro Grandes Hallazgos, publicado por el mismo organismo, dio a conocer las diferentes irregularidades con relación a este tema y sobre todo con el PAE en todo el país.

En el mismo se habla de que en las gerencias de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar ya se han emitido fallos con responsabilidad en primera instancia, que totalizan $2.940 millones, dentro de los que sobresale el proceso en el que se afectó a la Gobernación del Cesar, por $1.722 millones.

A pesar de esto, el actual contralor general de la República gerencia Cesar, Limar Blanco, al ser consultado por EL PILÓN, manifestó que sin previa autorización de dicha entidad desde Bogotá no se puede pronunciar al respecto para dar a conocer los avances de las investigaciones.

Aunque se conoció de manera extraoficial que dichas averiguaciones están en marcha por recursos de más de 80 mil millones de pesos a nivel nacional, sobre los que se conocerá información en la medida que se resuelvan, dado que actualmente tienen reserva.

Entre tanto, desde la Contraloría Municipal, en cabeza de Edwin Girón, se reiteró que dichos recursos se manejan desde contratos que son potestativos de la Contraloría General de la República por ser recursos de la nación y porque son altas cifras para financiar este tipo de proyectos.

Sobre el inicio de estos programas de alimentación una vez que ha empezado el calendario escolar, el funcionario reiteró que debieron haber arrancado en su ejecución aunque enfatizó en que todavía no han hecho la respectiva verificación.

“Sin embargo, si existe una anomalía, la única forma que tenemos de entrar nosotros es a través de algún ciudadano que interponga una queja o denuncia y podamos entrar a avocar conocimiento para verificar si existen inconsistencias y trasladarlo a la instancia competente”, aseguró Girón.

Algo que sí reconoció que están por hacer es todo lo relacionado con las auditorias contables y financieras que iniciaron a partir de ayer con la planeación y la semana siguiente con la ejecución. Todo esto para revisar el componente que tiene que ver con la parte de ejecución de los recursos del PAE y con los recursos también de transporte, aunque si esto está relacionado con recursos exclusivamente del Sistema General de Participación, SGP, es de competencia de la Contraloría General de la República.

“Como son recursos del orden nacional, la evaluación, la verificación, la auditoría la hace directamente la Contraloría General, que da traslado a las instancias que correspondan. Desconozco exactamente cómo están manejando eso ahí, pero sería bueno saber exactamente cómo va avanzando”, recordó Girón.

Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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