En el 2013 fue adjudicado el contrato para la remodelación del Estadio Armando Maestre Pavajeau al Consorcio GMP Construcciones y Grupo Capitol por un valor de $33.345 millones. Luego, con la adición de $16.671 millones, la inversión total fue de $50.016 millones.

El 28 de febrero de 2014 inició la obra con un plazo contractual de 18 meses, que nunca se cumplió, porque 91 meses después la obra no ha sido entregada y está bajo serios cuestionamientos.  Entre otras cosas, en diciembre de 2018, el contrato fue liquidado dado al incumplimiento del contratista. Por eso, nueve años después de su aprobación, el avance de ejecución física es de 96.12 %y la ejecución  financiera del 98.48 %.

La obra estuvo condenada desde el inicio, según la Contraloría. Prueba de ello es que se dieron 18 modificaciones de mayores y menores cantidades de obra dentro del desarrollo del contrato, “evidenciándose deficiencias en la planeación de la obra”.

La cuestionada interventoría, por un valor de $2.300 millones, estuvo a cargo del Consorcio Interestadio Valledupar. El contrato también fue liquidado unilateralmente.

En ese sentido, en una auditoría especial a los recursos del Sistema General de Regalías, la Contraloría reportó 5 hallazgos que configurarían una presunta incidencia fiscal por la lesión al patrimonio público del departamento por $13.435 millones. No solo eso. Según cálculos de la misma entidad,  por la no terminación  de las obras del estadio el departamento habría dejado de recibir $97.975 millones.

PRIMER HALLAZGO

A través de un memorando del 2016 empezaron  a ratificarse los cuestionamientos sobre el cumplimiento del contratista. En ese momento se pide por primera vez la declaratoria de incumplimiento contractual, entre otras cosas, por los atrasos presentados en la ejecución del contrato de obra y las deficiencias constructivas. 

En este punto la Contraloría señala que la interventoría fue negligente, pues no emitieron avisos que señalaran la afectación de las pólizas del cumplimiento y estabilidad de la obra.

En agosto del 2017, la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos aplicó la cláusula penal por un valor de $5.001 millones al contratista. “Se observa que al parecer por parte de la interventoría no se ejercieron todas las facultades y obligaciones a cargo, que garantizaran una vigilancia y control eficiente, lo cual nos lleva a seguir interrogando si los recursos del contrato inicial de la interventoría y en consecuencia la adición, se encuentran debidamente soportados por la poca o casi nula labor de la interventoría”, dice el informe.

En esa línea, teniendo en cuenta el concepto emitido por la Supervisión Delegada en el que señalaron que las obras del contratista presentaban deficiencias constructivas que sumadas se calcularon en $7.919, y teniendo en cuenta que la cláusula penal que obligó al contratista a entregar $5.001 millones por obras inconclusas se fundamentó en esta, el ente de control señaló que el departamento del Cesar se vio afectado en $2.917 millones correspondientes al monto no recuperado por las deficiencias de ejecución del contratita.

¿SE PERDIERON 642 MILLONES?

En la cláusula quinta de este contrato se estableció que el departamento del Cesar entregaría al contratista en calidad de anticipo el equivalente al 40 % del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, además de la aprobación de la garantía única y registro presupuestal. Pese a la falta de algunos documentos, se entregaron los $18.339 millones establecidos como anticipo.

No obstante, una vez se comprobaron los incumplimientos y el ente territorial exigió la recuperación, según la Contraloría, a través de actas parciales de obra se amortizó (recuperó) una suma de $17.696 millones.¿Qué pasó y dónde están, entonces, los otros $642 millones?, cuestiona la Contraloría. A pesar de las explicaciones de la Gobernación, el ente señaló que no se verificó el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

En el tercer hallazgo, la Contraloría General pudo evidenciar un presunto incumplimiento por parte de la interventoría. Por ejemplo, señala que al parecer se emitieron avales para el trámite de pago de acta de ejecución de obras parciales sin la observancia de las debilidades o deficiencias en la ejecución de las obras contratadas.

Con fundamento a lo anterior, la Contraloría considera que la débil ejecución del contrato de interventoría dio origen a una posible lesión de carácter patrimonial por valor de $1.148 millones,ya que transcurridos 5 años posteriores a la fecha que se debió finalizar la obra con éxito, aún no se evidencia la culminación del proyecto en un 100 % de ejecución.

OTRO HALLAZGO

Durante una visita realizada en el mes de junio, la Contraloría encontró serias deficiencias en la infraestructura del estadio. Por ejemplo, las graderías de las tribunas oriental y occidental presentan humedades debido a filtraciones, las cuales ya habían sido reportadas.

La gradería occidental, también, en su parte interna presenta oxidaciones en el concreto reforzado. Además, la estructura metálica cubierta presenta múltiples deterioros como rasgaduras, perforaciones, además de parches. Según la Contraloría, el ascensor no funciona, “no fue posible abrir las puertas para verificar la existencia de la caja”. Por estos y otros daños, la Contraloría General evidenció una presunta lesión al patrimonio público por $1.424 millones.

SOSTENIBILIDAD E IMPACTO

El estadio Armando Maestre fue construido apoyado en unas proyecciones que según la Contraloría no se cumplieron.  En ese sentido, la entidad señaló que la suma del total del beneficio o ingreso dejado de percibir por  venta de boletería y uso del escenario deportivo da como resultado un daño fiscal de recursos públicos para el departamento del Cesar por valor de $97.975 millones, que se estiman como concepto de lucro cesante.

Además, a pesar de advertirse por la misma administración la ausencia de documentos imprescindibles que avalen la seguridad del estadio Armando Maestre, la Contraloría cuestionó por qué se ha permitido su uso.

“Si bien es cierto, que en concepto del equipo auditor debería estar restringido su uso, hasta tanto se produzca la entrega material de la obra, la realidad es que no es así, por tanto, se cuestiona a la administración departamental del Cesar, ya que no aportó los correspondientes soportes”, concluyó la auditoría.

Por Redacción EL PILÓN