Cada decisión que toma el nuevo gobierno en cuanto a la seguridad de Colombia termina siendo un salto al vacío. Son varios los desatinos que generan una mayor incertidumbre y angustia en la población.

Temas como el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, la legalización de las drogas, el retirar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para dejarla adscrita al del Interior, la reciente propuesta del ministro de Justicia relacionada con el hurto de celulares y la solución a dicha problemática, entre muchos otros, definitivamente revive el concepto de república bananera. Lo que siente uno como colombiano es vergüenza.

La protección de los derechos de los ciudadanos pasa a un segundo plano, dejando en claro que cuando se delinque por necesidad, es como si el delito no se consumara. Nos invita el señor Petro a normalizar conductas contrarias a la ley de manera evidente y descarada. Y ni qué decir de su reciente afirmación acerca de modificar el tratado de extradición con los Estados Unidos para que aquel narcotraficante que coopere con la justicia colombiana no sea extraditado. Ahora resulta que aquellas grabaciones en las que los mafiosos del clan del golfo invitaban a familiares, amigos y subalternos a votar por Petro, dan muestra de su veracidad, de que realmente existieron y el objetivo era uno: buscar favorecerse con la impunidad con que el nuevo gobierno pretende cobijar a los delincuentes. ¡Qué horror!

Si se analizan en conjunto los desaguisados que hemos nombrado, es sencillo llegar a la conclusión de que se pretende desmontar el poder del estado para perseguir y judicializar a quienes actúan por fuera del ordenamiento jurídico y, por el contrario, generar dinámicas para apoyar el concepto de narcoestado, de estado mafioso.

Absurdo resulta también que por estos días el ministro de Defensa, me cuesta mucho nombrarlo como tal, decrete que se suspende cualquier tipo de bombardeo en el territorio nacional. Con esta decisión se abre la puerta de par en par para que el secuestro, el reclutamiento de menores, los cultivos ilícitos, el abigeato, la minería ilegal, en fin, todos estos horrores que la institucionalidad ha combatido por años, gocen ahora de una autopista de alta velocidad, recién pavimentada, con excelente señalización y sin peajes, para tomarse el poder poco a poco. 4 años son suficientes, para que al ritmo en que vamos, Colombia sea un estado fallido y el único responsable de esto es Gustavo Petro; sólo él.

Ya el Congreso de la República está tomado por la izquierda, por la burocracia estatal barata que tanto daño nos ha hecho; aquella burocracia que en manos del centro y la derecha en gobiernos anteriores siempre fue atacada por ellos sin misericordia. La misma que hoy, en sólo 3 semanas de gobierno, tiene a exconvictos en cargos públicos a nombre del gobierno del cambio. Eso sí ha sido un gran cambio, es indiscutible. Tal es la paradoja que el nuevo jefe de la inteligencia colombiana es un exguerrillero del M-19. ¡Qué tal esto!

Cada paso que el gobierno da hacia adelante, realmente son 3 para atrás en términos de progreso y desarrollo. Es impensable que inversionistas extranjeros destinen recursos para dinamizar nuestra economía bajo un régimen de inseguridad jurídica.

Lo de menos ahora es que los ministros atiendan visitas oficiales en tenis. El verdadero problema, el que estamos llamados a denunciar abiertamente y aunque ello nos ponga en riesgo, es que cada 24 horas, con una nueva medida, con un nuevo decreto, por medio de una nueva decisión, menoscaban la democracia y las instituciones de Colombia.

Faltará poco, muy poco, para que nuestras relaciones con los Estados Unidos se vean fracturadas, para que vuelvan a descertificarnos como en las peores épocas del Bojote, para que Colombia seguro ingrese en la lista de países afines al terrorismo. Sólo el régimen venezolano abrazará estas políticas absurdas, cada vez que Colombia gire millonarios cheques por consumir su gas y financiar así un estado que destrozó al vecino y maltrecho país. Que Dios nos agarre confesados…