Una serie de acciones de tutelas y demandas fueron impuestas por docentes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, ante juzgados de la ciudad de Bogotá para tomar acciones legales sobre estos despidos que fueron por “razones políticas”, según los afectados.
Algunos docentes ocasionales y catedráticos de la Universidad Popular del Cesar, UPC, a los que les fue retirada la carga académica interpusieron ante distintos juzgados de Bogotá acciones de tutela y demandas por sus despidos “injustificados”, asegurando que si cumplían con los requisitos para la contratación establecidos en el Acuerdo 006 del 23 de abril del 2018.
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De acuerdo con Rafael Corrales, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, la mayoría de los docentes que han sido despedidos demandarán a la UPC porque han sido “violentados en sus derechos” y algunos ya han iniciado dicho proceso con firmas de abogados para que la institución superior responda ante el perjuicio que les está causando a estos educadores que tienen hasta 25 años de experiencia.
De acuerdo con un docente de la UPC al que le retiraron la carga académica, que prefirió omitir su nombre, los demás educadores que han iniciado acciones judiciales contra la institución superior presentaron sus oficios ante juzgados de Bogotá debido a que “temen que la universidad tenga injerencia en las decisiones de estos”.
El docente aseveró que entre 50 y 60 educadores han adelantado acciones de tutela, demandas y derechos de petición. Acotó que aproximadamente 100 serían los docentes que reclamarán por medio de los citados procesos la reintegración a la institución superior. Comentó que estas acciones provocarían un déficit a la economía de la UPC debido a que el alma máter debe pagarle el sueldo a los docentes nuevos que han sido nombrados y “responderles económicamente” a los educadores que lleguen a ganar las acciones legales contra la institución universitaria.
Señaló que “la economía de la universidad será duramente golpeada por decisiones irresponsables de carácter político que se han vuelto una costumbre cada vez que la administración cambia y con ello llega el despido masivo de educadores”.
Según el docente Orlando Rubiano, ingeniero agrónomo de la facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la UPC, el despido de los educadores no tiene en cuenta el impacto que generará en la academia de la institución, acotando que tiene mayor importancia la corriente política que el bienestar de los estudiantes.
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“A mí me retiraron las 40 horas que tenía como docente de planta sin tomar en consideración que tengo a mi cargo doce direcciones de tesis de grado. Ahora los estudiantes quedaron sin una dirección para sus trabajos. Fue una decisión que no tiene nada que ver con la academia, es pura política”, manifestó Rubiano.
Así mismo José Valera, sociólogo de la facultad de Bellas Artes de la UPC, aseveró que se le desvinculó de esta alma mater por su “labor como sindicalista”, pero la institución superior argumentó que dicha decisión se basó en que no había suficientes estudiantes para las asignaturas que el dictaba como lo son Sociología de la Educación, Antropología I y II y Proyecto de Grado en la Licenciatura en Artes.
“Yo puse una acción de tutela en la ciudad de Bogotá para evitar que cayera en algún juzgado de Valledupar. La interpuse por el reconocimiento de mi foro sindical como dirigente y como miembro de una junta directiva de organización gremial legalmente”, comentó Valera.
De acuerdo con una fuente cercana a la UPC, durante los años 2008, 2009 y 2010 una serie de demandas y acciones de tutela fueron interpuestas contra la universidad por un alto porcentaje de profesores que habían sido despedidos de manera masiva por haber sido declarados “insubsistentes”.
Educadores de alto prestigio, reconocimiento y estudios avanzados fueron retirados de la institución superior para ser remplazados por otros con “menor preparación y experiencia” según la fuente consultada. Esta decisión que se hace recurrente cada vez que hay un cambio de administración en la UPC dejó al plantel educativo multimillonariamente demandado.
Debido a los muchos procesos que tuvo que afrontar y posteriormente perdió la universidad tuvo que pagarle a los docentes recursos económicos altos que impactaron de manera negativa las finanzas de la institución.
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Los docentes desvinculados aseveraron que llegarán hasta las últimas instancias para que sean reintegrados a la universidad y pague a algunos las pretensiones económicas solicitadas por ellos debido a la violación de sus derechos.
De acuerdo con el rector encargado del claustro universitario, José Rafael Sierra Lafaurie, a los docentes ocasionales y catedráticos que se les retiró la carga académica fue por no cumplir con los requisitos para la contratación establecidos en el Acuerdo 006 del 23 de abril del 2018 emitido por el Consejo Superior Universitario.
Dicho acuerdo establece que “como condición para obtener o renovar el registro calificado de los programas académicos de las universidades deben contar en su nómina de docente con un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los programas profesionales universitarios y de posgrado o con especialización cuando se trate de programas técnicos profesionales y tecnológicos”.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.
Una serie de acciones de tutelas y demandas fueron impuestas por docentes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, ante juzgados de la ciudad de Bogotá para tomar acciones legales sobre estos despidos que fueron por “razones políticas”, según los afectados.
Algunos docentes ocasionales y catedráticos de la Universidad Popular del Cesar, UPC, a los que les fue retirada la carga académica interpusieron ante distintos juzgados de Bogotá acciones de tutela y demandas por sus despidos “injustificados”, asegurando que si cumplían con los requisitos para la contratación establecidos en el Acuerdo 006 del 23 de abril del 2018.
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De acuerdo con Rafael Corrales, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, la mayoría de los docentes que han sido despedidos demandarán a la UPC porque han sido “violentados en sus derechos” y algunos ya han iniciado dicho proceso con firmas de abogados para que la institución superior responda ante el perjuicio que les está causando a estos educadores que tienen hasta 25 años de experiencia.
De acuerdo con un docente de la UPC al que le retiraron la carga académica, que prefirió omitir su nombre, los demás educadores que han iniciado acciones judiciales contra la institución superior presentaron sus oficios ante juzgados de Bogotá debido a que “temen que la universidad tenga injerencia en las decisiones de estos”.
El docente aseveró que entre 50 y 60 educadores han adelantado acciones de tutela, demandas y derechos de petición. Acotó que aproximadamente 100 serían los docentes que reclamarán por medio de los citados procesos la reintegración a la institución superior. Comentó que estas acciones provocarían un déficit a la economía de la UPC debido a que el alma máter debe pagarle el sueldo a los docentes nuevos que han sido nombrados y “responderles económicamente” a los educadores que lleguen a ganar las acciones legales contra la institución universitaria.
Señaló que “la economía de la universidad será duramente golpeada por decisiones irresponsables de carácter político que se han vuelto una costumbre cada vez que la administración cambia y con ello llega el despido masivo de educadores”.
Según el docente Orlando Rubiano, ingeniero agrónomo de la facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la UPC, el despido de los educadores no tiene en cuenta el impacto que generará en la academia de la institución, acotando que tiene mayor importancia la corriente política que el bienestar de los estudiantes.
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“A mí me retiraron las 40 horas que tenía como docente de planta sin tomar en consideración que tengo a mi cargo doce direcciones de tesis de grado. Ahora los estudiantes quedaron sin una dirección para sus trabajos. Fue una decisión que no tiene nada que ver con la academia, es pura política”, manifestó Rubiano.
Así mismo José Valera, sociólogo de la facultad de Bellas Artes de la UPC, aseveró que se le desvinculó de esta alma mater por su “labor como sindicalista”, pero la institución superior argumentó que dicha decisión se basó en que no había suficientes estudiantes para las asignaturas que el dictaba como lo son Sociología de la Educación, Antropología I y II y Proyecto de Grado en la Licenciatura en Artes.
“Yo puse una acción de tutela en la ciudad de Bogotá para evitar que cayera en algún juzgado de Valledupar. La interpuse por el reconocimiento de mi foro sindical como dirigente y como miembro de una junta directiva de organización gremial legalmente”, comentó Valera.
De acuerdo con una fuente cercana a la UPC, durante los años 2008, 2009 y 2010 una serie de demandas y acciones de tutela fueron interpuestas contra la universidad por un alto porcentaje de profesores que habían sido despedidos de manera masiva por haber sido declarados “insubsistentes”.
Educadores de alto prestigio, reconocimiento y estudios avanzados fueron retirados de la institución superior para ser remplazados por otros con “menor preparación y experiencia” según la fuente consultada. Esta decisión que se hace recurrente cada vez que hay un cambio de administración en la UPC dejó al plantel educativo multimillonariamente demandado.
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De acuerdo con el rector encargado del claustro universitario, José Rafael Sierra Lafaurie, a los docentes ocasionales y catedráticos que se les retiró la carga académica fue por no cumplir con los requisitos para la contratación establecidos en el Acuerdo 006 del 23 de abril del 2018 emitido por el Consejo Superior Universitario.
Dicho acuerdo establece que “como condición para obtener o renovar el registro calificado de los programas académicos de las universidades deben contar en su nómina de docente con un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los programas profesionales universitarios y de posgrado o con especialización cuando se trate de programas técnicos profesionales y tecnológicos”.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.