Por: Antonio Hernandez Gamarra

Al redactar el contenido de esta columna, los múltiples temas que por estos días llaman la atención de la opinión nacional me obligan, con la venia de los lectores, a expresar mi sentir sobre varios de ellos.

Es natural que los empleados públicos cuyo cargo es de libre nombramiento y remoción estén pensando, desde ya, cuál será su destino después del 7 de agosto. Es de humanos que esos funcionarios aspiren a progresar. Lo que no tiene sentido es que los dimes y diretes sobre ese destino (“que es sólo una aspiración”, “no que fue un ofrecimiento”) dilapiden tantos recursos públicos y privados.
Después de todo lo que a los ciudadanos nos interesa, a este respecto, es saber cómo el próximo gobierno va a enfrentar la situación de los dos millones setecientos mil compatriotas que no tienen fuente de sustento y cuáles son las propuestas para reducir el “empleo en los semáforos”. Lo que acontezca con el acomodo de unos compatriotas en particular, por importantes que ellos sean, no debería ser objeto de debate. A menos que los métodos que se empleen para ello sean contrarios a la ley.
He venido diciendo, y hoy lo reafirmo, que lo más conveniente a la hora de debatir la manera cómo habrá de conformarse y engrandecerse la Región Caribe es tener primero claro el para qué, luego  determinar el cómo y por último proponer el cuánto.
Alguien dirá, parodiando a León de Greiff, que esas son solo necias disquisiciones de fastidioso orden conceptual. De mi parte sostengo que empezar al revés, esto es preguntando primero cuánto se nos va a dar y proseguir luego a redactar los incisos de la ley, sin saber qué es lo que se busca, es empezar a pavimentar el camino de una nueva frustración.
Cuando ejercí el cargo de Contralor General de la República cada año, en compañía de los directivos de la Institución, visitaba al señor Presidente de la República para informarlo del resultado de la evaluación de la gestión de la administración pública. En esa reunión se explicaban las razones de la calificación que cada una, de las aproximadamente 500, entidades vigiladas había recibido después de la respectiva auditoría. El sistema  que se empleaba era cualitativo: verde para indicar satisfacción con la gestión; amarillo para señalar la necesidad de corregir algunas acciones de la respectiva gerencia pública; y rojo cuando las fallas eran protuberantes y era preciso introducir correctivos de fondo.
Como empezamos a observar que el calificativo verde generaba, en ocasiones, excesos de optimismo e inflamación de ciertos egos, a fin de señalar que era necesario tener claro que la calificación tenía matices, empecé a repetir muchas veces que “el verde puede ser de todos los colores”. Como, por razones de la política, la expresión se ha puesto de moda me puse a rebuscar en mi memoria dónde la había oído por primera vez y encontré que fue Andrés Holguín, en su Antología Crítica de la Poesía Colombiana, quien me llevó a Aurelio Arturo, el poeta nativo de la Unión (Nariño), que en Morada al Sur escribió:
“mancha verde, de lozanía, de gracia,
hoja sola en que vibran los vientos que corrieron
por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia”.