EL PILÓN 

En la instalación del Primer Comité de Justicia Transicional en el Cesar se conoció que en este departamento hay 60 sujetos o comunidades que están a la espera de reparación colectiva debido a que padecieron hechos victimizantes, es decir, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos en la época del conflicto armado y que por años han esperado tener mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, dos de las limitantes que se consiguen para el abordaje de estos territorios son la falta de vías de acceso y que están sumidas en la pobreza y desigualdad. 

De acuerdo con la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Patricia Tobón, en el departamento del Cesar hay un universo de 326.000 víctimas del conflicto, con quienes se ha tenido muy poco avance en los planes de reparación colectiva y esto no ha permitido que las acciones sean efectivas por parte de las instituciones del Estado. 

Dijo que una de las exposiciones fue la del alcalde de Curumaní, Henry Chacón, quien manifestó que en este municipio sucedió una de las masacres más históricas del departamento, pero no han tenido reparación. 

“Son la población más golpeada por el conflicto, pero a la hora de revisar cómo está el acceso a estas comunidades encontramos que muchas de ellas no tienen ni vías, ni agua potable, ni vivienda y eso es algo que cualquier sociedad democrática tiene que rechazar”, dijo la funcionaria. 

En este sentido, indicó que es necesario que los entes territoriales trabajen en planes para avanzar en las reparaciones colectivas que se requieren en el departamento de la mano conjunta de la Unidad de Víctimas para lograr que las entidades nacionales y locales destinen recursos y las obras puedan llevarse adelante.

“Hay una deuda histórica de ausencia de atención real de unas necesidades para las comunidades (…) qué comunidad puede tener desarrollo rural sin vías, ninguna, entonces una de las discusiones en este plan Nacional de Desarrollo es cómo logramos priorizar que las comunidades afectadas por el conflicto accedan directamente a la oferta social del Estado, requerimos que tengan vías y desarrollo todas aquellas donde padecieron masacres”, explicó Tobón. 

RETRASO EN LAS INDEMNIZACIONES 

Respecto a las indemnizaciones individuales de víctimas del conflicto armado, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, explicó que desde que se creó la Ley 1448 se han indemnizado un millón de víctimas de las 9 millones que hay, por ello, como entidad, tienen la meta en este cuatrienio por lo menos alcanzar la mitad. 

“La Contraloría ha dicho que se necesitan más de 60 años y 301 billón de pesos que no tenemos, sin embargo, vamos a priorizar en  todo el país y el Cesar no es la excepción a los adultos mayores,  mujeres víctimas de violencia sexual y víctimas de masacres, pero hay que decir que las indemnizaciones no resuelven asuntos de pobreza por lo que como Gobierno nacional llevaremos una política asistencialista con soluciones duraderas para sacar a más de 9 millones de víctimas que están en extrema pobreza”, detalló Tobón. 

Además, destacó que cuatro años no son suficientes para una reparación con indemnización total e incluso que la reforma tributaria recién aprobada no es suficiente para ello. 

“Vamos a avanzar hacia construir  acuerdos con los presupuestos para atención de víctimas y poder concurrir en acciones estratégicas para las comunidades,  eso lo hacemos es a través de ejercicios de focalización conjunta, la  Unidad de Víctimas se abre a un trabajo territorial articulado transparente y  participativo para cumplir con la política de víctimas ayudando a disminuir el rezago,  nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo porque eso lo han criticado los órganos de control durante 10 años”, puntualizó la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Patricia Tobón.