A la hora de escribir esta columna debe estar entrando a Palacio de Nariño, el presidente electo Gustavo Petro, para reunirse con el saliente presidente Iván Duque, con el fin de acordar los temas de transición del gobierno.

El proceso de empalme que inicia este fin de semana, le va a permitir al presidente electo saber cómo recibe el país, y, de acuerdo al diagnóstico, cómo orientar su política de gobierno para mejorar los indicadores de gestión que le deja su antecesor en materia de política económica, social y seguridad del Estado.

Lamento que el presidente electo, Gustavo Petro, no hubiese nombrado primero su gabinete para que fueran los nuevos ministros, quienes se encargaran de hacer los respectivos empalmes sectoriales. Ese fue un error que le costó al presidente Duque, un año de atraso en la ejecución de sus programas de gobierno. Varios de los ministros que escogió no tenían conocimiento de sus sectores y perdieron mucho tiempo aprendiendo y negociando la burocracia y los presupuestos de las entidades con los partidos políticos y congresistas que les dieron el aval.

A final de cuentas, al presidente Duque le tocó gobernar año y medio con los funcionarios que le dejó Juan Manuel Santos y luego tuvo que pedirle la renuncia a varios de sus colaboradores -entre ellos, el de agricultura-, por mal desempeño. 

Dios quiera que no se repita esta lamentable historia con el nuevo gobierno. A final de cuentas los más perjudicados somos los colombianos. En lo que respecta al sector agropecuario, más de 3 millones de productores del campo no aguantan una improvisación ni un desacierto más en las políticas de fomento a la productividad, competitividad y rentabilidad del sector. Los calendarios de siembras y cosechas, no saben de ideología ni de partidos políticos. Por culpa de esta perversa práctica de estar endosándole el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas a los partidos de gobierno, es que el sector agropecuario se encuentra en una de sus más profundas crisis. 

Cómo explicar que después de cuatro años de inversiones superiores a los 8 billones de pesos, la pobreza rural haya subido al 46%; el PIB del sector que recibieron en el 2018 en el 5.4% haya caído al -3.3%; el crédito de fomento lo concentraron en grandes compañías que no necesitan subsidios y en actividades que nada tienen que ver con la producción de alimentos, abandonaron el servicio de asistencia técnica pública gratuita y dejaron caer la balanza comercial agrícola.