En su comunicado, el ELN subrayó su disposición a abordar acciones sobre todos los puntos de la agenda de las conversaciones.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, dijo ayer que el Gobierno elude el tema de los asesinatos de líderes sociales, cuyo cese reclama el grupo armado en el contexto de la negociación de paz que ambas partes mantienen en Quito.
El ELN hizo esta afirmación tras conocerse el viernes un comunicado en el que el Gobierno colombiano dijo que el cese de los secuestros es un “imperativo” del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no una condición del Ejecutivo.
El comunicado hacía “unas precisiones” sobre una carta en la que el ELN advertía que “el Gobierno ha condicionado cualquier avance” respecto a la exigencia de la participación social en el proceso de paz, reclamada por la guerrilla, “a una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones”, pese a que ese aspecto hace parte de “la submesa ‘acciones y dinámicas humanitarias'”.
El Gobierno remarcaba ante ello en su comunicado que ambas partes coinciden en que sus acciones y acuerdos “deben tener como objetivo insoslayable el cumplimiento de los postulados del Derecho Internacional Humanitario”.
En ese sentido, detalló que una de las “consecuencias prácticas” del acuerdo en torno al DIH es que el “artículo tercero común prohíbe el secuestro”.
El ELN, a su vez, sostuvo que el Gobierno hizo “su propia interpretación de las implicaciones de este acuerdo” sobre el DIH, “aludiendo solo a una de las varias afecciones del conflicto y eludiendo a su vez temas tan delicados para el DIH como el asesinato de líderes sociales”.
El jefe del equipo negociador de los insurgentes en Quito, Pablo Beltrán, cifró el 6 de abril en 160 el número de líderes sociales, ambientales y humanitarios asesinados desde enero de 2016, un fenómeno que calificó de “genocidio” y ante el que exigió responsabilidad al Estado, al tiempo que pidió que cese su encubrimiento.
En su comunicado, el ELN subrayó su disposición a abordar acciones sobre todos los puntos de la agenda de las conversaciones, en especial los relativos a dinámicas y acciones humanitarias.
La organización reiteró su compromiso con el proceso de paz y dijo que en la próxima fase de las conversaciones trabajará por lograr “acuerdos de aplicación pronta que disminuyan la intensidad del conflicto, propicien avances hacia un cese bilateral (del fuego) y faciliten garantías mínimas para la participación de la sociedad en el proceso”.
Las delegaciones del Gobierno y del ELN cerraron el 6 de abril en Quito el primer ciclo de conversaciones, que duró dos meses, y se emplazaron para abrir el segundo el 3 de mayo, también en la capital ecuatoriana.
En su comunicado, el ELN subrayó su disposición a abordar acciones sobre todos los puntos de la agenda de las conversaciones.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, dijo ayer que el Gobierno elude el tema de los asesinatos de líderes sociales, cuyo cese reclama el grupo armado en el contexto de la negociación de paz que ambas partes mantienen en Quito.
El ELN hizo esta afirmación tras conocerse el viernes un comunicado en el que el Gobierno colombiano dijo que el cese de los secuestros es un “imperativo” del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no una condición del Ejecutivo.
El comunicado hacía “unas precisiones” sobre una carta en la que el ELN advertía que “el Gobierno ha condicionado cualquier avance” respecto a la exigencia de la participación social en el proceso de paz, reclamada por la guerrilla, “a una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones”, pese a que ese aspecto hace parte de “la submesa ‘acciones y dinámicas humanitarias'”.
El Gobierno remarcaba ante ello en su comunicado que ambas partes coinciden en que sus acciones y acuerdos “deben tener como objetivo insoslayable el cumplimiento de los postulados del Derecho Internacional Humanitario”.
En ese sentido, detalló que una de las “consecuencias prácticas” del acuerdo en torno al DIH es que el “artículo tercero común prohíbe el secuestro”.
El ELN, a su vez, sostuvo que el Gobierno hizo “su propia interpretación de las implicaciones de este acuerdo” sobre el DIH, “aludiendo solo a una de las varias afecciones del conflicto y eludiendo a su vez temas tan delicados para el DIH como el asesinato de líderes sociales”.
El jefe del equipo negociador de los insurgentes en Quito, Pablo Beltrán, cifró el 6 de abril en 160 el número de líderes sociales, ambientales y humanitarios asesinados desde enero de 2016, un fenómeno que calificó de “genocidio” y ante el que exigió responsabilidad al Estado, al tiempo que pidió que cese su encubrimiento.
En su comunicado, el ELN subrayó su disposición a abordar acciones sobre todos los puntos de la agenda de las conversaciones, en especial los relativos a dinámicas y acciones humanitarias.
La organización reiteró su compromiso con el proceso de paz y dijo que en la próxima fase de las conversaciones trabajará por lograr “acuerdos de aplicación pronta que disminuyan la intensidad del conflicto, propicien avances hacia un cese bilateral (del fuego) y faciliten garantías mínimas para la participación de la sociedad en el proceso”.
Las delegaciones del Gobierno y del ELN cerraron el 6 de abril en Quito el primer ciclo de conversaciones, que duró dos meses, y se emplazaron para abrir el segundo el 3 de mayo, también en la capital ecuatoriana.