Por Sergio Barranco 

El trasegar de los colombianos en los últimos años, no ha sido fácil sobre todo en el tema de la salud que ha sido de suma preocupación debido a su deshumanización. La Ley 100 de 1993 que actualmente reglamenta nuestro Sistema de Seguridad Social, se enmarcó bajo principios que la embellecen, pero en el ejercicio se exhibe otra cosa.

Dentro de los objetivos que se desarrollarían con la implementación de este sistema se encuentra garantizar la prestación de servicios sociales proporcionando mayores garantías al ciudadano, ampliación en la cobertura y  accesibilidad de los sectores sin capacidad económica. Pocas se cumplieron y muchas se dejaron de cumplir.

La cobertura fue una de las metas que se trazaron y se llevó a su realización como consecuencia del aseguramiento del negocio, pero las necesidades reales de la población hasta este momento no  han quedado satisfechas, comenzando por el abandono de la salud como derecho fundamental y obligación del Estado a un derecho prestacional o de servicio,  la inserción de intermediarios comercializadores de salud, el menoscabo del trabajo de los profesionales de la salud y la cartelización sobre los precios de medicamentos.

Si seguimos no acabaríamos de ver las tantas sorpresas que nos puso a cargar esta calamitosa Ley. 

El Congreso presentó cuatro proyectos de ley en el año 2012, que buscan “encarrilar” la salud de los colombianos, estos proyectos iniciaron un curso de aprobación que finalizará el segundo semestre del presente año durante el trámite de la ley ordinaria, la intención de esto era que surgiera la ley Estatutaria de salud  tal cual como aconteció, entre los distintos ponentes se encuentra el Senador Luis Carlos Avellaneda, los Representantes a la Cámara Rafael Romelio Piñeres y Marta Cecilia Ramírez, y el más publicitado es el Presidente del Senado Roy Barreras. Una vez aprobada la reforma a ley Estatutaria han salido a flote críticas sobre el porvenir del sistema de salud, debido a que en todos los proyectos se ha visto el apoyo incesante del sector empresarial incluyendo a la industria farmacéutica que tuvo 15 años de hegemonía, entonces es aquí donde existe la sospecha de que este derecho fundamental se tenga presente, pero desde mi perspectiva es impensable un negocio que ha generado miles de dividendos, pisoteando al profesional de la salud, con mínimos gastos de inversión y la prestación de un servicio gratuito a uno facturable, es la negativa de que a los colombianos algún día se nos brinde la atención y respeto que merecemos.