La Universidad Popular del Cesar, UPC, tiene un déficit presupuestario superior a los 12.000 millones de pesos, cuenta con tan solo $4.000 millones para cancelar la deuda con los docentes ocasionales y de cátedra, dicho esto por el nuevo rector Rober Romero Ramírez en una rueda de prensa que convocó para dar a conocer el estado de la infraestructura y las garantías para el retorno a clases de la institución que cuenta con 13.772 estudiantes en Valledupar y 2.720 en el municipio de Aguachica. 

El hecho sucedió después de que manifestantes alegaron que a pesar de la remodelación de los baños, estos no tenían agua y que los ascensores, al igual que algunos aires acondicionados, no estaban funcionando.

Sobre la deuda con los docentes ocasionales y catedráticos por sus prestaciones sociales de la vigencia 2021 Romero Ramírez afirma que la saldará con los recursos que desembolsará el Ministerio de Educación Nacional, MEN, por concepto de gratuidad. 

Los meses de abril, mayo y los del próximo semestre estarían en vilo, lo que pondría en duda la estabilidad de las clases en la alma mater, de acuerdo con estudiantes consultados. 

Desde la Gobernación del Cesar afirman estar a la espera de la autorización por parte de la interventoría para el pago de $957.731.187 por  Matrícula Cero 2021-02 y $2.404.735.000 si se admite el monto referente al Fondo de Educación Superior del Cesar, Fedecesar, que cobija  a aprendices de estratos 1, 2 y 3. 

Por su parte, Humberto Córdoba Daza, docente del programa de Economía, pidió “que se respete el presupuesto de la universidad”. 

¿POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN?

¿POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN?

Ahora bien, el abogado Rober Romero llegó a la rectoría de la  UPC con 6 votos a favor en el Consejo Superior Universitario, CSU, luego de un periodo de destitución, renuncia y encargo de sus antecesores. Por lo que urgía un directivo en pleno para mantener la proyección académica y administrativa de este claustro.

El doctor en Ciencias Políticas afirma que “no hay relación entre sus decisiones en la universidad y la politiquería”.

Sin embargo, hay quienes cuestionan los vínculos políticos de este docente de origen liberal que buscó la Alcaldía de Valledupar en el 2015, pues se ha mostrado cercano al representante del Cesar, Eliécer Salazar, quien conservó su curul en el Congreso en las elecciones legislativas del 13 de marzo, cuando hizo campaña con la ‘casa Gnecco’, al lado del senador José Alfredo Gnecco. 

El rector en medio de las dificultades de la universidad ha buscado consensos con alumnos, maestros y otros sectores para lograr superar el paro. 

UN PASADO AMENAZADO POR LA VIOLENCIA

La comunidad upecista no solo ha luchado por impedir la ‘politiquería’ y el mal manejo del presupuesto, sino también por superar una serie de hechos enmarcados en la violencia interna colombiana: 9 personas vinculadas a la universidad fueron asesinadas por grupos ilegales entre finales de los 80 e inicios de los años 2000. 

Se trató de José Francisco Ramírez Torres, profesor; Miguel Vicente Arroyo Arias, egresado; José David López Teherán, profesor; José Alfredo Cuello Saucedo, estudiante; Elizabeth Córdoba Uliana, estudiante; Rosilda Arias Velásquez, estudiante; Miguel Ángel Vargas Zapata, profesor; Luis José Mendoza Manjarrés, profesor y Freddy Antonio Arias Arias, egresado. 

Entre este grupo de académicos había líderes protestantes, impulsores del paro cívico campesino y miembros de movimientos políticos alternativos de la época como la Unión Patriótica, UP. 

El rector de ese entonces, José Antonio Murgas, dijo que no sabía qué era lo que estaba pasando, “ya que la universidad era campo de paz”, según publicación del diario EL TIEMPO del 20 de febrero de 1997.

La senadora electa por el Partido Comunes Imelda Daza Cotes recuerda que uno de ellos, Luis José Mendoza Manjarrés, fue su alumno en las cátedras de Introducción a la Economía, Micro y Macroeconomía. 

“Lucho (Mendoza) fue presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU,  y candidato al Senado por la UP. Lo mataron dentro de la universidad, los sicarios entraron armados hasta los dientes y por eso me pregunto: ¿a quién controlaba la vigilancia de esa época?”, relató la parlamentaria a EL PILÓN. 

Daza Cotes argumenta que la violencia física del Bloque Norte de los paramilitares en la región Caribe dentro de las universidades y las administraciones, “cooptó el conocimiento, sembró la inmoralidad, extravió la ética y dejó unos modus operandi que se reflejan en la actualidad, a pesar de la ausencia de pistolas”.  

El 27 de julio de 2017, la UPC fue declarada como sujeto de reparación colectiva y en consecuencia se le incluyó en el Registro Único de Víctima, RUV,  siendo la tercera universidad pública del país reconocida dentro de este proceso de no repetición. 

PUGNAS ACTUALES

El panorama actual  evidencia enfrentamientos internos entre quienes lideran el cese de actividades, con protestas dentro del centro educativo y en las vías públicas, y aquellos que insisten en continuar con el calendario académico por razones de tiempo, planes de grado, sostenimiento en la capital del Cesar en el caso de los oriundos de otros municipios del departamento, entre otras razones. 

En algunas ocasiones la tensión parece salirse de control: al inicio de mayo de este año se divulgaron vídeos en la sede de Hurtado donde se ve a una joven forcejeando con un miembro administrativo que intentaba entrar a las instalaciones que habían sido bloqueadas por los manifestantes. 

En otra grabación quedó registrado el disenso entre los grupos upecistas. Un nuevo forcejeo dejó algunos vidrios rotos, agresiones verbales de parte y parte y enemistades. 

El panorama que plantea el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte es que la UPC Valledupar ocupó el puesto 21 entre las 35 instituciones de educación superior del Caribe colombiano. La seccional Aguachica está en el lugar 25  de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Estado a profesionales Saber Pro del año 2021. 

GESTIONES DEL GOBIERNO LOCAL Y NACIONAL 

El jueves 12 de mayo volvieron las clases por petición de la mayoría de estudiantes que votó en la encuesta virtual compuesta por más de 9.000 participantes, lo que atrajo la atención de la ciudadanía vallenata. El discurso de Juan López Nacimiento, representante de los alumnos ante el CSU, es que “los problemas de la UPC no son exclusivos de los universitarios”. 

Para el abogado y economista en formación, en la reciente administración encargada de Luis Alberto Cuello, “se agravó la crisis”, lo que  le preocupa, puesto que “la universidad impacta en todos los sectores del departamento del Cesar porque es un motor de desarrollo territorial”.  

La falta de financiación educativa afecta la vida de los actores directos de la educación y contratistas que acceden a empleos formales gracias a la oferta de bienes y servicios para este instituto. Alrededor de 100 personas con contrato de prestación de servicios también han exigido el pago de sus honorarios.  

¿Pero qué han hecho la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación? Pamela García, jefa de la cartera local, dijo a esta casa editorial que en total, en el 2021, destinaron $6.809.470.000 entre el programa de matrícula y el convenio Fedecesar. 

Es decir, ese monto fue el aporte de la Gobernación del Cesar para los dos semestre anteriores, sin embargo, la UPC está a la espera de lo adeudado por el segundo semestre del año anterior, como se expone al inicio de este informe. 

Respecto a los aportes económicos nacionales, la semana pasada el rector se reunió con el viceministro de Educación, Maximiliano Gómez Torres, en la capital del país, desde donde pidió celeridad en el desembolso del dinero de las matrículas correspondientes. 

En diálogo con el vicerrector de la Universidad Popular del Cesar, Orlando Seoanes, se conoció que esperan que el capital que se necesita para garantizar el resto del año académico provenga de adicionales que gire el MEN: “Ya llegaron $3.500 millones y con eso nos aliviamos de alguna manera, pero hay que seguir haciendo gestiones”, subrayó. 

No hay mucha claridad en el porcentaje de estudiantes que cobijan el dinero público y otros datos relevantes. Esta situación ha sido calificada por el diputado Raúl Romero como “un terrible desorden administrativo” desde un debate político en la Asamblea del Cesar. 

Por ahora, medios capitalinos como EL ESPECTADOR han reforzado la necesidad de la atención que este tema merece en toda la república, porque  “las tragedias educativas no pueden quedarse en escándalos sectorizados”, advierte su editorial  publicada el reciente 23 de abril como refuerzo a la posición de este medio escrito, la cual ha sustentado que ‘la crisis tiene solución y no se le puede dar más espera’.

POR ANDREA GUERRA PEÑA / EL PILÓN. 

@andreaguerraperiodista