Amigo, he escuchado varias veces tus comentarios acertados sobre la tentación de pensar que quien triunfa en la empresa privada servirá para gobernar en lo público. Coincido en que el sector público obedece a reglas distintas: transparencia, control político y derechos colectivos, pero también creo que, cuando tus observaciones se vuelven consigna, pueden cerrar la puerta a miles de ciudadanos que desean sumar sus competencias y conocimientos al servicio de la región. Y la cosa pública necesita sumar, no excluir.
Ajustados a estos tiempos en donde hace falta GERENCIA para lo público, vale recordar que el político de carrera por lo general no maneja con rigor indicadores de rentabilidad, productividad y sostenibilidad, los mismos que, combinados, generan competitividad. Llevar esa cultura del dato, los cronogramas y tableros de control al Estado ofrece la oportunidad de corregir el rumbo antes de que los errores cuesten demasiado y de asignar los recursos allí donde impactan más a la ciudadanía.
El privado puede abrazar el bien común. Traer a lo público las buenas prácticas empresariales no implica suplantar la deliberación democrática: significa enriquecerla con la disciplina presupuestal que prioriza y evita derroches, con la obsesión por el “usuario” que, traducida a lo público, devuelve dignidad al ciudadano, con redes de innovación y alianzas que acercan capital, tecnología y conocimiento. Negar de plano esas fortalezas sería, simplemente, un desperdicio.
La evidencia está a la vista. Barranquilla, bajo el liderazgo de Alejandro Char, ingeniero y empresario, saneó sus cuentas, obtuvo calificación de riesgo AAA y transformó arroyos en corredores urbanos mientras levantaba un malecón que hoy dinamiza el Caribe colombiano. En Cali, el industrial Maurice Armitage asumió la alcaldía en 2016 y cerró 2019 con la menor tasa de homicidios en 25 años gracias a presupuestos participativos y diálogo directo con los barrios. Bucaramanga vivió un giro parecido: el constructor Rodolfo Hernández redujo a cero un déficit de tesorería superior a 236.000 millones de pesos aplicando austeridad y subastas inversas que abarataron las compras públicas. Medellín, por su parte, exhibe cómo la mezcla de académicos y ejecutivos, con Sergio Fajardo a la cabeza, incorporó gerentes de EPM y Ruta N, ejecutó más del 80 % de su plan de desarrollo antes de terminar el periodo y recibió reconocimientos globales por innovación social.
Estos casos prueban que la experiencia en creación de valor, manejo de personal y cultura de indicadores puede traducirse en logros colectivos cuando se combina con vigilancia ciudadana, controles de ley y participación amplia. Por ello, nombrar funcionarios y armar equipo con los mejores y más capacitados —no por compromisos electorales— se vuelve requisito para que la gerencia pública rinda frutos. Se trata de poner el mérito por encima de las cuotas y el conocimiento por encima del clientelismo.
No hay que mirar al empresariado con recelo, sino invitarlo, como se invita al periodismo, la academia y los movimientos sociales. Quien provenga de la fábrica, la tienda o el campo deberá jugar con esas mismas reglas, pero sin el veto simbólico que convierte lo público en espacio reservado a quienes han hecho de la política su única forma de vida.
El buen desarrollo de lo público, querido amigo, necesita de todas las manos. En el sector privado también hay manos que, con transparencia y buena intención, pueden aportar al Estado: con capacidad para planificar en lo administrativo, lo presupuestal y la contratación estatal; y con talento para ejecutar los recursos con austeridad, celeridad y calidad.
Ricardo Reyes
