El anuncio de un plantón por parte de las comunidades de Guacoche, Guacochito, Alto de la Vuelta y Las Raíces prendió nuevamente las alarmas sobre el estado de la obra de optimización del acueducto regional del norte, que se construye precisamente para darle, después de varias décadas, un servicio digno de agua potable a estas poblaciones.

La razón de dicha manifestación estaba dada por la suspensión que tienen las obras hace dos meses en el área que se tramita una servidumbre, en el Alto de la Vuelta, debido a que no se ha podido concertar entre la administración y los propietarios del predio donde se ubica la misma, la compra del terreno.

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“Detuvimos el plantón, vamos a esperar a ver a qué acuerdo se llega con este señor, esperaremos porque nos dicen que el alcalde está de viaje y nada hacemos haciendo el plantón si él no está”, sostuvo José Armando Guillén, habitante de Las Raíces.

Tomar la decisión de plantarse frente a la Alcaldía de Valledupar por la falta de soluciones, cuando ya las comunidades en reiteradas ocasiones han mostrado su preocupación, dio muestras del desespero y también del temor que tienen estos habitantes imaginando que de alguna forma el proyecto no llegara a su fin y se vieran condenados a seguir con el padecimiento a razón de este servicio.

“Es bastante complejo porque quisiéramos tener la fe en que se diera, pero a raíz de muchos problemas que han pasado con administraciones anteriores en las que fue invertida una plata en esos acueductos y no sirven tenemos temor a que se acabe la administración (Ramírez Uhía) y no pase nada”, aseguró Guillén.

PANORAMA

En la actualidad en estos corregimientos, como en todos los de Valledupar, la gente sigue sin tener agua para el consumo humano en sus propias viviendas. En Las Raíces, por ejemplo, donde hay un aproximado de 99 casas, un día se suministra con el acueducto que funciona en dicho corregimiento a la mitad de la población y al otro día se proporciona a la otra mitad.

Aunque a algunos pobladores nunca les llega el líquido y más bien tienen que apoyarse con los vecinos que sí logran obtener algo, como en el caso del barrio Nueva Esperanza, donde sus pobladores estiman que hace más de dos años no llega el líquido.

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Y la situación la comparten en toda la zona, que tiene ya más de un año desde que se fijara el acta de inicio de este acueducto regional del norte, para lo cual está destinado este proyecto. En el caso de Carlos Guillén, habitante de Guacochito, durante toda su vida ha tenido que lidiar con las dificultades para poder tener agua potable.

“Para abastecerse hay un acueducto, que es antiguo, el agua no es potable y prácticamente en temporadas de verano el agua no llega, toca ir al río, buscar el agua, o encargarla, un gasto más. En pleno siglo XXI toca comprar el agua en los carros que van a Valledupar y compran el agua y uno les paga un excedente por llevarla al pueblo”, explicó este habitante de Guacochito, quien indicó que por una caneca de 20 litros pagan dos mil pesos y que muy pocos los meses en los que el fluido llega hasta las llaves de las viviendas.

A este complejo drama, agregó Carlos Guillén, se suma que al momento de llegar a Guacochito el agua que ya ha pasado por muchos terrenos, donde en algunos casos rompen la tubería para usar el líquido, les llega con muy baja presión.

Entre tanto, para él, el problema que hoy los tiene presionando a la administración local para que actúe y dé celeridad en torno a la conclusión de la obra, estuvo dado por una falta de planeación. “Así fue el proceso, pero el error inicialmente fue del alcalde porque a la hora de ejecutar un proyecto sabía que tenía que usar ese predio y no hubo una consulta con anticipación”, agregó.

LA ALCALDÍA

Sobre este punto, el secretario de Obras Públicas del municipio, Jorge Maestre Jaraba, apuntó a que de acuerdo con la información que recibió en el empalme, una vez llegó a este cargo dentro de la Alcaldía de Valledupar, fue que contaban tanto como con autorizaciones verbales como escritas para trabajar en este predio.

“Contábamos con consentimiento de los propietarios para ingresar a realizar las obras, eso es permitido y es una figura válida; sin embargo, ya es necesario para concluir el proyecto, formalizar todo lo relacionado con las servidumbres y las propiedades”, destacó el funcionario.

En cuanto a cómo se encuentra en la actualidad este proceso aseguró que ya hubo una reunión previa con Ricardo Molina, representante y miembro de la familia propietaria de este predio, que fue la que precisamente detuvo el plantón que tenía previsto la comunidad. A partir de este encuentro se estableció la ruta que le permita a la administración hacerse con la porción de terreno que requieren para culminar la planta de tratamiento de agua potable.

“Esa reunión se surtió, hay muy buena disposición por parte de la familia Molina y nosotros también tenemos toda la disposición de sacar el proyecto adelante. En ese sentido nosotros vamos a expedir una serie de actos administrativos, al no ser proyecto con declaratoria de urgencia por motivo de utilidad pública y oferta de compra y se establecen los procedimientos”, sostuvo el funcionario, quien hizo referencia a que siendo optimista espera que dentro de unos 15 días se dé el reinicio de las obras de acuerdo con el cronograma estipulado.

Con relación al monto al que asciende la compra del predio en cuestión, Maestre Jaraba prefirió reservar los resultados del avalúo que se llevó a cabo y recalcó que Molina no ha escuchado todavía la oferta porque solicitó expresamente que todo se hiciera por medio de los mecanismos formales y con total rigurosidad.

“Él ha sido muy claro, preciso en que dice que él lo que dé, ni más ni menos, lo que dé el avalúo”, manifestó el funcionario. A la vez recalcó que los recursos están asegurados para la compra que les permitirá imponer la servidumbre y tener los 1.500 metros cuadrados que requieren para culminar las obras de la planta de tratamiento de agua potable.

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En contraste con esto, existe en uno de los documentos del proceso L 006 DE 2018 bajo el cual figura el contrato de este proyecto en el Secop I, como una de las motivaciones para la suspensión del mismo el interés de la familia Molina por realizar “un nuevo avalúo de parte de ellos para confrontarlo con el presentado por la entidad contratante, ya que no se encontraban conformes con el valor exhibido en el avalúo de la entidad. En consecuencia del desacuerdo, solicitaron el retiro del personal del constructor e interventoría externa hasta poder determinar un valor en común acuerdo”.

“Realmente desconozco si hicieron algún avalúo, inicialmente creo que era la intención de ellos pero no es menos cierto que los avalúos deben realizarlos la entidad que ejecuta el proyecto, en este caso el municipio”, expresó en este sentido el Secretario de Obras Públicas. Aunque EL PILÓN intentó nuevamente comunicarse con Ricardo Molina para conocer su posición actual frente a este tema, no fue posible establecer contacto.

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato, cuya acta de inicio tiene fecha del cinco de junio del año 2018, debía haberse completado a los seis meses.

A pesar de esto, a medida que fue avanzando la obra se empezaron a dar varias suspensiones del mismo que lo han llevado, justificado en que “se hace necesario verificar nuevamente de acuerdo a los requerimientos expuestos por la familia Molina la afectación del trazado realizado respecto al inicialmente contemplado, lo cual genera una confirmación en campo que debe ser realizada con la topografía”, a que después de 14 meses de esa fecha no esté concluido.

El ejecutor es el Consorcio AguaCorregimientos, cuyo representante legal es Néstor Hinojosa y quien en el mes de julio entregó declaraciones a EL PILÓN sobre la obra. “Se hizo una adición y ya va prácticamente en 90 %, lo que faltaría es el tema de lo de la planta”, sostuvo entonces en clara referencia a que lo restante correspondía a los trabajos en el predio en cuestión.

A pesar de que inicialmente tenía valor de $4’992.745.071, se hizo una adición de $1’830.287.936 y la misma estuvo justificada por “incluir en el presupuesto de obra algunos componentes ineludibles para garantizar el buen funcionamiento de la planta de tratamiento”. Estos componentes son un tanque de almacenamiento, tanque elevado, captación y redes internas tras las visitas hechas a los corregimientos y la verificación de que carecen de estas.

¿POR QUÉ NO ASUME ESTE SERVICIO EMDUPAR?

A pesar de que el municipio de Valledupar cuenta con su empresa para el suministro de agua, como lo es Emdupar, esta solo hace cubrimiento del casco urbano en cuanto a la prestación de este servicio. De acuerdo con Ricardo Llanos, jefe del área técnica de esta entidad, a nivel topográfico existe una limitante para prestas este servicio por la ubicación de estos corregimientos.

“Otra cosa diferente sería que operemos los diferentes acueductos o plantas que se encuentran en los corregimientos. Desde ese punto de vista podría ser factible mirando a una serie de variables o circunstancias en que podamos mejorarla o atenderla y así les suministraríamos o por lo menos estaríamos atendiendo las necesidades de agua en los diferentes corregimientos”, dijo.

En cuanto a la facultad de esta empresa para cumplir con esa operación enfatizó que los estatutos que se hicieron de conformación de la misma hablan solamente del perímetro urbano de la ciudad de Valledupar, por lo cual no prestan el servicio en estas zonas y simplemente brindan, en algunos casos, un apoyo a las necesidades que tengan, pero no la operación del servicio de agua potable en sí.

Frente a la pregunta de si las fuentes darían abasto con el requerimiento, apuntó que: “Sí porque si vamos a hablar de lo que son los corregimientos del norte en una parte donde hablamos de Las Raíces, Alto de la Vuelta, El Jabo, Guacoche y Guacochito, tenemos el río Badillo donde se puede abastecer de esa agua y suministrarle a los diferentes corregimientos de esa parte”.

Por último, reconoció que la obra de este acueducto regional sería la solución definitiva a esta necesidad.

Por: Daniela Rincones Julio/ EL PILÓN
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