En Colombia la modalidad de empleo del mototaxismo y el bicitaxismo refleja una tendencia ascendente en municipios de la región Caribe, el eje cafetero y la capital del país. 

Oportuno recordar “el mototaxismo se originó a mediados de los ochenta en el departamento de Córdoba”. Posteriormente surge el bicitaxismo en el cual le adaptaron un motor para aumentar velocidad.

De manera que, el mototaxismo se ha expandido como el medio de transporte masivo irregular  y de calidad de vida para algunas personas que enfrentan dificultad de usar el medio de transporte público.

Hoy por hoy, no existe regulación, inspección vigilancia y control. Al Congreso de la República le urge adelantar con ahínco y celeridad la ley y reformas constitucionales que necesita este asunto.

Por mencionar el ejemplo próspero en las estaciones de la calle 161 y Toberín del norte de Bogotá, con tarifas que oscilan entre los 2 mil y 3 mil por pasaje desde la autopista norte hasta la Clínica Cardio Infantil, para un aproximado de 8 mil pesos por trayecto. Son centenas de personas que utilizan este servicio no reglamentario hasta las 8 p.m., impulsados por el afán y dinamismo diario de su empleo y retornos a sus hogares.

En mi experiencia de uso conversé con usuarios del mototaxismo de turno y el conductor, manifestaron, somos familias que no tenemos capacidad para trabajar en otra forma. Existen jóvenes y adultos mayores. Muchas veces escogen el servicio por trancones en estos puntos y  en ocasiones no hay disponibilidad de taxis”.

Por consiguiente, hay que impulsar acciones en derecho sin dilaciones por parte del Ministerio de Transporte, temas a solucionar, la informalidad, la evasión del SOAT, la carencia de la licencia de conducción, la contaminación ambiental que producen esos automotores, son infractores de tránsito intolerantes invadiendo rutas de peatones.

El RUNT, “de 16.042.336 vehículos registrados, el 59 % son motocicletas, es decir, 9.419.374, sin contar los mototaxismo y bicitaxismo en la clandestinidad. Así mismo, cifras de Policía, entre 2022 y 2021 se incrementaron siniestros y muertes de tránsitos”.

A toda persona le prevalece constitucionalmente el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital, sin que se vulneren los derechos colectivos por uso y goce de una actividad. El Estado debe ser garante e impulsar el desarrollo económico del emprendimiento.

En el año 2015, el director de planeación indicó que ya es hora de comenzar a ver los sistemas de transporte de manera integral pero con carácter regional en el que se incluya varios municipios, inclusive de diferentes departamentos”.  

Inadmisible que en pleno siglo XXI, se registren voluntad política a medias y sin política pública. A la fecha no evidencio algún decreto que haya regulado esta actividad en las regiones precitadas. La infracción al espacio público es un continuo aprovechamiento económico. 

Lo cierto es que muchas familias subsisten ante la falta de oportunidad laboral. Mientras que otras, logran el usufructo de la actividad económica.

Corolario, el Congreso, Ministerio de transporte, DNP y entidades territoriales hacen parte integral del asunto público para formalizar y dignificar la actividad. De tal modo, persiste la problemática, infringen normas de tránsito, poniendo en riesgo su propia vida y la de los usuarios que optan por este medio de transporte sin control y normatividad. 

Por Raúl Dangond Contreras