Vuelve y juega, otra vez es noticia nacional e internacional el escándalo de las famosas interceptaciones telefónicas, realizadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra magistrados de las altas cortes, dirigentes políticos y periodistas, entre otras personalidades.
La historia de estas interceptaciones o chuzadas, como se les dice popularmente, no ha terminado y cada vez revela una mayor podredumbre en ciertas esferas del alto gobierno, muy difíciles de explicar y menos de justificar. Ha sido la propia Fiscalía General de la Nación la que ha ordenado encarcelar a un grupo de cinco ex funcionarios del DAS, por su aparente participación en el seguimiento ilegal a un grupo de reconocidas personalidades del país, como las señaladas anteriormente.
De allí que tenga razón el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla cuando habla de una especie de “Watergate”, haciendo referencia al famoso caso de espionaje a una sede del Partido Demócrata, por parte del Presidente de los Estados Unidos, en ese momento, Richard Nixon y que a la postre le costó la Presidencia. Estamos ante una conspiración de Estado, ante una acción criminal”, ha dicho Arrubla.
Es muy grave, como hemos sostenido varias veces en estas mismas páginas, que se utilice a una dependencia como el DAS para realizar interceptaciones y violar el derecho a la intimidad y a la privacidad en sus comunicaciones, con el ánimo de perseguir a políticos de la oposición o periodistas críticos del régimen; pero es tan grave o más aún que esas interceptaciones se realizaran contra una de las ramas del poder público. Además de grave, no tiene ninguna justificación.
Y son muchos los indicios que conducen a la Casa de Nariño; ya que no se explica como una entidad del perfil del DAS pueda hacer estas tareas maquiavélicas sin indicación alguna y en el caso probable que ello haya sido así, peor aún, significa que las entidades del Estado están en capacidad de realizar este tipo de operaciones sin ningún tipo de supervisión y control.
En algunos países, incluyendo Colombia, y por razones de seguridad del Estado y de la misma sociedad, se justifica realizar interceptaciones de llamadas, correspondencia y ahora hasta de las comunicaciones electrónicas, cuando se trata de perseguir a delincuentes comunes o vinculados al narcotráfico, a la guerrilla o al paramilitarismo; pero cuando se hace contra las personalidades antes mencionadas, magistrados, políticos y periodistas, se está hablando de un evidente abuso de poder propio de regímenes dictatoriales y perseguidores y no de gobiernos elegidos de manera democrática.
Ha sido insuficiente, errática e inefectiva las gestiones del alto gobierno para tratar de desviar la atención a este problema, y salir a defender en conjunto a sus funcionarios, en lugar de comprometerse a investigar a fondo el tema y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, en materia disciplinaria y penal, inclusive.
Este complejo y espinoso tema no es de juramentos, no es de “créame que nosotros no fuimos”, no. Este tema es de rodear a la misma justicia y a las instituciones encargadas de investigarlo para que lo lleven hasta sus últimas consecuencias y los responsables por lo que sucedió, sea quien sea, respondan por sus actos.
Queda muy mal el gobierno con este tema, cuando ya se aproxima la parte final de la administración. No hay nada claro con esto de las chuzadas, y será uno de los lunares del legado de Uribe Vélez. Pero, adicionalmente, estos hechos tendrán repercusiones jurídicas posteriores, dentro y fuera del país y estas podrían involucrar a funcionarios del alto gobierno y de la misma Casa de Nariño.