En el Cesar vivimos una realidad difícil: altos índices de desempleo, informalidad y baja competitividad y pobreza creciente. En este contexto, proponer nuevos impuestos para financiar la seguridad es no solo injusto, sino también ineficiente. Las pocas empresas formales que aún subsisten en la región ya soportan una enorme carga, y seguir añadiendo más tributos es un golpe que no podemos permitirnos. Además, utilizar la excusa de la falta de recursos de la fuerza pública para justificar sus bajos niveles de efectividad es erróneo. Lo que realmente se necesita es voluntad y mejor gestión pública, no más impuestos.

En el Cesar, la mayoría del comercio formal está concentrado en Valledupar.  Nuestro municipio de destaca por tener una mayor infraestructura comercial e industrial, mientras que el resto del departamento depende más de actividades informales o rurales. Con el nuevo impuesto, el peso de financiar la seguridad de todo el departamento recaería desproporcionadamente sobre nuestro municipio, lo que afectaría gravemente su competitividad. Valledupar no puede asumir solo el costo de un problema que afecta a toda la región. Es injusto que el costo de la seguridad recaiga mayormente sobre un municipio, mientras que otros municipios, con menor formalidad, no contribuyan en igual medida.

El Cesar tiene una de las tasas de informalidad más altas del país, superando el 60 % de la economía. Si imponemos nuevos impuestos sobre las pocas empresas formales que existen, lo que lograremos será agravar aún más la informalidad. Las empresas formales, ante esta nueva carga, no tendrán más opción que reducir sus costos mediante despidos, o en el peor de los casos, cerrar sus operaciones. Esto no solo aumentará el desempleo, sino que también empujará a más personas a la informalidad, creando un ciclo vicioso que perpetuará la pobreza en la región.

Este impuesto plantea un problema estructural al gravar el consumo de energía eléctrica para financiar la seguridad. Para empresas como talleres de soldadura o industrias manufactureras, la electricidad es un insumo vital, y no pueden reducir su consumo sin comprometer su productividad. Otros sectores, como las ferreterías o los comercios minoristas, tienen más flexibilidad para implementar campañas de ahorro energético. Este desequilibrio en la capacidad de adaptación hace que el impuesto sea inequitativo, ya que impacta de manera desproporcionada a sectores que dependen fuertemente de la electricidad.

Además, no existe una relación lógica entre el consumo de energía eléctrica y la seguridad. Mientras que todos los ciudadanos se benefician de un entorno seguro, no todos los sectores económicos consumen la misma cantidad de energía ni deberían cargar de la misma manera con el costo de la seguridad. Este tipo de impuesto, por tanto, es injusto y desconectado de la realidad de los distintos sectores.

La solución a los problemas de seguridad no puede recaer exclusivamente en el sector privado. La falta de recursos no es el único problema de la fuerza pública; la verdadera raíz de la ineficacia es la mala gestión. En lugar de imponer nuevas cargas fiscales sobre las empresas, es urgente que la administración pública revise su uso de los recursos y mejore su eficiencia. La seguridad es un derecho que todos los ciudadanos deberían disfrutar, y es responsabilidad del Estado garantizarla sin imponer más cargas sobre quienes ya están haciendo todo lo posible por mantener sus negocios a flote.

El sector formal en el Cesar, especialmente en Valledupar, ya enfrenta demasiados obstáculos. No es justo que se le impongan más impuestos para compensar la ineficiencia de la administración pública. En lugar de buscar más tributos, los gobiernos deben centrarse en promover el crecimiento económico, mejorar la gestión de los recursos existentes y apoyar a las empresas que generan empleo formal. Solo así podremos marchar hacia un Cesar más competitivo y próspero, donde todos los municipios contribuyan de manera justa y equitativa.

Ricardo Reyes

Columnista