En un remezón sin precedentes, el Concejo de Valledupar se prepara para recibir nuevos concejales luego de la sanción de la Procuraduría a 16 cabildantes por la elección irregular del contralor. El cambio político se produce previo a las elecciones regionales y con los nuevos cabildantes augurando reformas en las relaciones entre el Concejo y la administración municipal.

“Vamos a ejercer el verdadero control político que se ha perdido. Para nadie es un secreto que el Concejo de Valledupar viene de capa caída y por eso la comunidad ha perdido la confianza”, aseguró Elkin Buitrago, quien entraría al Concejo por el partido Opción Ciudadana.

Concepto similar al de Álvaro Molina, quien entraría a la corporación por el grupo significativo ‘Avanzar es posible’, con el que fue elegido el actual mandatario, Augusto Ramírez Uhía. “La idea no es entrar a torpedear al alcalde. Con la ley de garantías de entrada será imposible realizar proyectos en ese sentido, pero sí vamos a hacer una revisión juiciosa de lo que se aprobó, y, por supuesto, a poner en conocimiento de las autoridades en caso de encontrar irregularidades”, agregó Molina. Tanto Elkin Buitrago como Álvaro Molina presentarán sus nombres en las próximas elecciones al Concejo.

TUMBAR LA LEGALIDAD DEL FALLO

Pero los concejales sancionados darán la lucha. Sobre la decisión de segunda instancia de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa que inhabilitó por 12 años a 16 concejales de Valledupar no procede apelación. En el ente de control todo terminó. Sin embargo, en palabras de juristas, en la casa aún existen ventanas abiertas para ‘tumbar’ la legalidad del fallo.

Empezando por un mecanismo directo como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, recurso judicial usado para defender los derechos cuando se considera fueron violentados por alguna autoridad administrativa, en este caso la Procuraduría.

Enlazados con esa figura, los cabildantes tendrían la oportunidad de retornar al Concejo con la demanda en marcha. “En ese mismo proceso de nulidad tienen la opción de presentar una solicitud de suspensión provisional a la decisión de la Procuraduría. Esa es una medida cautelar que permite que mientras se desarrolla el proceso, el juez pueda suspender los efectos”, detalló el abogado Carlos Añez Maestre.

Con la suspensión provisional de los efectos enseguida retornarían al Concejo con la alta probabilidad de que el estudio de la demanda se extienda hasta después de finalizar este periodo. No obstante, la lucha principal de los concejales es por evitar una suspensión que los sacaría del mapa político local. Varios ya estaban iniciando campaña de reelección.

El primer paso este martes fue programar una reunión con juristas. De allí salieron las primeras conclusiones del camino que tomarán los concejales inhabilitados. Lo primero es que el grupo está unido, según Carlos Picón, quien funge como presidente del Concejo porque aún no le ha sido notificado el fallo.

“Sabemos que nos asisten más de tres recursos, incluso hay una instancia a nivel internacional. Seguro se iniciarán varias acciones en favor de nosotros y en contra del fallo”, comentó el cabildante.

¿Cómo anularían el fallo? Según el especialista Holmes Rodríguez la sanción puede ser anulada por un juez administrativo, si encuentra, por ejemplo, que fue expedida sin competencia o en forma irregular, con infracción de las normas en que debería fundarse, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación.

No obstante, antes de iniciar el pleito legal, el primer paso será mediático. Por eso, en conjunto los concejales preparan una rueda de prensa para dar a conocer sus argumentos y “derribar la información errónea”.

¿UNA DISPUTA CON TOQUE INTERNACIONAL?

Dentro de las posibilidades que guardan los concejales está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el expediente del senador Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. Luego de ser sancionado 15 años por el exprocurador Alejandro Ordoñez, Petro recibió el apoyo de la Comisión que concluyó que dichas sanciones habrían violado sus derechos políticos pues, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas sanciones debieron imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme.

Y es ese uno de los argumentos fuertes de los concejales: las competencias. Argumento que ya utilizaron en primera instancia y que la Procuraduría desestimó por medio de una estructura jurídica.
Es así como el ente de control manifiesta en el último fallo que en la Constitución Política quedó establecido que dentro de la estructura del Estado, además de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, entran los órganos autónomos e independientes.

Dentro de esa estructura, la Constitución previó en el artículo 117 la existencia del Ministerio Público como un órgano de control, arrojándole en el artículo 118, entre otras, la función de vigilar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas.

Con eso, concluye que el artículo 278 de la Constitución Política estableció que el atributo de ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial posibilitaba la desvinculación de los funcionarios públicos de sus cargos, en términos como infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, entre otros.

Por los argumentos de la Procuraduría, el abogado Carlos Andrés Urbina asegura que hay pocas posibilidades de cambios en la decisión. “Es uno de los mejores fallos que le he leído a la procuraduría. No hay un fallo perfecto nunca. Aun cuando se resuelve en segunda instancia, claro que quedan puertas abiertas por las que se pueden ir los abogados. En este caso como es un fallo de carácter administrativo, es demandable”, sustentó el profesional de las leyes.

EL PRECEDENTE DE IBAGUÉ: NUEVE MESES DE SANCIÓN

En Ibagué la misma Procuraduría suspendió a 15 concejales por la elección irregular del excontralor Ramiro Suárez. La diferencia es que en este caso la inhabilidad fue por nueve meses.

“De 100 abogados, 96 te van a decir que no tiene sentido el fallo. Estamos revisando precedentes en Santa Marta, Ibagué y otras ciudades y por el tiempo de inhabilidad, el fallo deja mucho que desear. Es algo injusto, es un fallo sin pie ni cabeza, lo acatamos cuando nos notifiquen pero no se comparte” agregó el presidente del Concejo.

El asesor jurídico de la corporación, Aldemar Farid Montero Marín, fue uno de los primeros en recomendar el voto negativo. De los 19, solo Guido Castilla y Wilber Hinojosa acogieron las recomendaciones votando en blanco. Mientras Dorismel Celedón presentó excusa médica.

Wilber Hinojosa asegura que hay vacíos jurídicos que encerraron a los concejales. “No es culpa de los corporados. Las reglas del nuevo juego no están claras. Hoy en el país no existe una normativa que pueda dar directrices a la elección de los contralores regionales”, explicó cabildante, que por los años sancionatorios aseguró que hay “persecución política local”.

EL ‘CAOS’ DE LA TUTELA

Una de las vías posibles para los concejales inhabilitados es la tutela, convulsa para los juristas con el antecedente de lo que sucedió en Chiriguaná. “Los jueces tendrían dos razones para no aceptarla: para mantener el orden jurídico y el orden institucional. Abre la posibilidad de que vuelvan los nuevos, falle un juez en favor de los otros y se vayan; y así se forme el desorden, como se vivió en Chiriguaná. Los jueces no deberían prestarse para eso”, agregó el jurista Carlos Añez Maestre. Aunque otros abogados la ven como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sea la tutela, una acción de nulidad o instancias internacionales a las que acudan los concejales inhabilitados, seguramente el proceso será tormentoso por lo que está en juego, además de la combinación con época electoral.

Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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