Con la alegría de un joven estudiante que regresaba a reencontrarse con sus amigos, costumbres y tradiciones, alguna vez conocí a una pareja de médicos que habían fundado su hogar en La Paz, Delascar y Ruby. La música era su pasión, él lograba traducir cada inspiración del sentimiento en acordes que con maestría sacaba de su guitarra, tal vez imbuido por la energía folclórica de una tierra de cuerdas que le cantaron a la crítica política, de dinastías de acordeoneros y vanguardistas cantantes dentro de la juglaría criolla.     

Eran los tiempos de ‘cabecita loca’, una exitosa canción llevada al disco por ‘Poncho’ Zuleta y ‘Beto’ Villa. De verdad que era alegre mi pueblo. Las divisiones internas que trajo la elección popular de alcaldes eran desconocidas para la inmemorial armonía que, en nombre de la hermandad territorial, llegó incluso a dar muestras de estoica valentía política, en aquellas aciagas épocas de nuestra historia, en que la intolerancia de algunos miembros del Partido Conservador, valiéndose de una despiadada policía, perseguía a los liberales para aplicarles la pena de muerte por pensar diferente.

En ese entorno de estudio, servicio público y música, nacieron dos niños, Delascar José y Catherine Juvinao, hoy representante a la Cámara del Partido Verde por la circunscripción de Bogotá, pero que, a juzgar por su reciente intervención en plenaria, en buena hora puede convertirse en esa oportunidad que los robustos tentáculos del excluyente sistema político han negado a connotados líderes locales.  

Infortunadamente, el tema fue la irregular aprobación e inversión de los recursos para mejorar las condiciones de los territorios que dolorosamente sufrimos los rigores de la guerra, vinculando a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación-DNP, Contraloría General de la República, congresistas, alcaldes y algunos contratistas. Curiosamente todos de origen cesarense.

Aunque tal como lo dijo la congresista, solo serán los deslegitimados organismos de control del Estado quienes determinen responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, mientras tanto, como sociedad civil únicamente nos corresponde pedir a los protagonistas del enmarañado laberinto administrativo de los dineros de la paz, las explicaciones frente a actuaciones que a simple vista están viciadas de legalidad.

En consecuencia, independiente a los fallos judiciales, amañados en muchos casos, la prensa y los generadores de opinión tendremos que propiciar la formación política de las comunidades, quienes sin darse cuenta asienten erróneamente, aceptando un esquema que por décadas han visto como normal, sin que esto quiera decir que sea legal. La idea no debe ser atacar o proteger a una persona u otra, amigo o contradictor político. Sería una descalificatoria expresión visceral. Nuestros análisis deben superar a las personas, para encargarnos del asunto estructural que nos degrada a una crisis de valores.

En este sentido, el cuento de que los congresistas deben ‘patinar’ dineros enmascaradas como gestión a favor de las regiones es falso y debemos decirlo. Aparte de hacer las leyes, los senadores y representantes a la Cámara tiene otras funciones, como, por ejemplo, las constituyentes, de control político, electoral, etc., 

Lo demás, léase traer recursos tras la contratación pública, son las ‘mañas’ que vulneran la honorabilidad del noble ejercicio de la política. El estricto cumplimiento de funciones de cada dignatario, garantiza el equilibrio de poderes. Cuando se rompe esa barrera aparecen las grietas que enlodan el servicio. 

Fue lo que dejó claro Catherine Juvinao en el debate y cuyo efecto mediático es responsabilidad de la comunicación social. Cuando dejemos de exigirle a un concejal funciones de alcalde, a un diputado de gobernador y a un congresista de ordenador del gasto, muy seguramente tendremos servidores públicos incólumes ante reconocidos hechos de corrupción. No es fácil, pero debemos comenzar. Fuerte abrazo. –