Este martes, durante la última sesión ordinaria de la Asamblea del Cesar se citó al contralor departamental Delwin Jiménez, para realizar un debate de control político en el que se analizó la gestión realizada por este órgano a la administración departamental.

En este debate citado por los diputados Claudia Margarita Zuleta y Ricardo Quintero Baute, se estudió la evaluación de la gestión y los resultados en materia sancionatoria de los procesos de responsabilidad fiscal.

Previamente, Delwin Jiménez había anunciado que la Contraloría departamental disponía de 148 sujetos de investigación, ante esto, Claudia Margarita señaló que naturalmente todos estos no se pueden escudriñar en una vigencia por lo que se debe seleccionar los de mayor relevancia. 

Por lo tanto, se evidenció que en el plan de auditorías del año 2020 y 2021, a pesar de la baja cobertura detectada en la vigencia anterior (18 %), se siguieron configurando planes con poca eficiencia de sujetos seleccionados. 

Dando como resultado que en estos no se estudiaron ninguna de las 21 empresas de servicios públicos que operan en el Cesar; solo dos de los seis hospitales señalados por el Ministerio de Salud por estar en alto riesgo financiero; lo mismo pasó con las entidades descentralizadas, como el Idreec, Idecesar y Aguas del Cesar.

En cuanto a la programación y desarrollo, la diputada cuestionó el tiempo en el que se desarrollaron las auditorías, puesto que en solo dos meses se investigaron 28 sujetos, lo que genera disminución en la calidad de las mismas por las condiciones en las que estas se dieron.

Por el lado de los equipos de trabajo, Zuleta apuntó a los integrantes que el contralor asignó para el liderazgo de las auditorías a las entidades, pues indicó que estos funcionarios no tienen las competencias ni por ley, ni por el manual de funciones de la entidad para desarrollar ese tipo de labor, lo que contraviene las normas del empleo público, que a su vez puede viciar los informes producidos por la Contraloría.

RESULTADOS

En cuanto a los hospitales se puntualizó la contradicción entre las auditorías realizadas por el Ministerio y por el órgano de control departamental; como ejemplo se citó el caso del Hospital Francisco Canosa de Pelaya. 

Pese a estar calificado por la cartera nacional como de alto riesgo desde el 2019, la Contraloría le asignó un puntaje favorable de 88,5 puntos en el análisis de resultados, en igual medida el Hospital San José de Becerril.

A su vez, al Hospital Rosario Pumarejo de López se le dio un puntaje, en el año 2020, de 86,4 y encontrando tan solo 10 hallazgos administrativos por parte de la Contraloría, lo que reveló un “buen funcionamiento”, mientras que la Superintendencia de Salud, para la misma vigencia, otorgó un informe en el que se datan 93 hallazgos en la que la mayoría eran del orden administrativo y financiero.

Lo que generó extrañeza en la diputada fue que en el 2021 se mostraron resultados totalmente distintos, lo que suponía que los problemas aparecieron desde julio de 2020.

RESPONSABILIDADES FISCALES

En el año 2020, según estudios, no se emitió ningún fallo de responsabilidad fiscal, por lo que prescribieron muchos procesos que sumados daban una cuantía superior a los $7.000 millones.

De la misma manera, Delwin Jiménez deja para la próxima vigencia 90 procesos con riesgo de prescripción que tienen un valor de más de 8.800 millones de pesos, de los cuales 80 se encuentran en inactividad desde el año 2017 y que no se incluyeron en un plan de descongestión.

Uno de los datos que causó desconcierto en los diputados fueron los procesos fallados por la Contraloría en los que solo se recaudaron $7.531.000 en el 2021, mientras que para 2020 la cifra fue nula, de más de $8.000 millones posibles. Lo que para la diputada significa una inoperancia y un gasto excesivo para la entidad porque no se entregaron resultados efectivos.

Lo que a su vez significa, para Claudia Margarita Zuleta, un fracaso absoluto de la gestión de la Contraloría pues significa la pérdida de recursos y esfuerzos en la labor de auditoría para determinar el verdadero daño patrimonial, la responsabilidad de los investigados y el resarcimiento de los perjuicios.

POR JHOSER BERMÚDEZ.