El hoy comandante del Ejército Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006. Ayer fue ascendido por el Congreso de la República, mientras se adelantan investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales durante su paso por este cantón militar.

Según reportes publicados por la organización de derechos humanos Human Rights Watch, HRW, en ese periodo de 2004 y 2006 se investigan 71 ejecuciones cuestionadas en el departamento, 23 de esas en el 2005, el año en el que Martínez estuvo como segundo comandante.

Y es que el Cesar es uno de los departamentos más golpeados por los falsos positivos, como se le conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que practicó el Ejército y que luego eran presentados como muertos en combate. Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos investigan alrededor de 146 ejecuciones de estas, presuntamente cometidas por soldados de la Décima Brigada entre agosto de 2004 y 2008.

El tema ha vuelto a la agenda, principalmente, porque el 10 de diciembre de 2018 el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano y el ascenso a cuatro soles que le dio el Senado con 64 votos a favor.

El general ha estado en ‘el ojo del huracán’ por varias publicaciones de medios internacionales. Primero lo hizo el New York Times: el medio norteamericano señaló que las “órdenes de letalidad” podrían incentivar el regreso de las ejecuciones extrajudiciales.

A esto se le sumó la publicación del diario El País de España, donde reseña el paso del general Martínez por la Décima Brigada, acusada de ejecuciones extrajudiciales.

LOS CASOS

En junio del 2011, un juzgado de Bogotá señaló como culpables del asesinato de dos indígenas a varios miembros de la Décima Brigada. La historia data del 2005. El nueve de febrero de ese año, narra el fallo, en la vía que conduce a la vereda El Pontón, corregimiento de Atánquez, jurisdicción de Valledupar, una patrulla del Batallón de Artillería N° 2 La Popa asesinó a dos indígenas: Nohemí Esther Pacheco, de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, de 23.

“Ambos fueron sacados de su residencia, siendo las dos de la madrugada, por un grupo de uniformados y posteriormente fueron reportados por el Ejército Nacional como miembros del frente 59 de las Farc, dados de baja en combate”, señala el fallo sobre la versión presentada por los militares.

En ese mismo primer informe, los militares atestiguaron que el occiso masculino vestía un pantalón de uso de la Policía y que les fue incautado una pistola calibre 7.65 mm, tres cartuchos, una granada, entre otras cosas. Sin embargo, seis años después la Fiscalía señaló que la pareja no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, ni fueron dados de baja en combate.

Por ese caso, cuatro militares fueron acusados de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fraude procesal y falso testimonio. En ese momento, el general Nicacio Martínez figuraba como jefe de Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada.

“Ascender a un general relacionado con los falsos positivos es un mensaje negativo que se envía al país. Se están premiando hechos de lesa humanidad que se cometieron, que se premian los actos negativos”, señaló Mara Nieto, defensora de derechos humanos en el Cesar y hermana de José Luis Nieto Álvarez, quien fue desaparecido en mayo del 2003 y posteriormente apareció como NN en Villavicencio, señalado de pertenecer a grupos armados.
José Luis era vendedor de café en la Terminal de Transporte de Valledupar.

EL PAGO DE LA RECOMPENSA

En un informe, HRW expuso un documento firmado en Valledupar el 23 de marzo de 2005 por el entonces jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada, Nicacio Martínez Espinel.

El documento consistía en el pago de $1.000.000 en recompensa por “información en contra de terroristas (…) dando excelentes resultados con ambas informaciones”. El pago era para el informante de la operación donde fueron asesinados los indígenas Nohemí Esther Pacheco y Hermes Enrique Carrillo Arias, que luego se demostraría, eran civiles y no pertenecían a grupos armados.

Human Rights Watch criticó el nombramiento y promoción de ascenso por lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, relacionado con la responsabilidad de superiores.
En el tratado internacional hay dos tipos de conceptos de responsabilidad penal.

Primero, es posible considerar al superior como responsable por ordenar a sus “subordinados que cometan actos ilícitos” y por otro lado está el caso en el que el superior tiene indirectamente responsabilidad por la omisión.

Pero no han sido los únicos en oponerse al ascenso del general Martínez por sus funciones en el departamento del Cesar. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó el 15 de mayo ante el Senado una propuesta para reconsiderar el ascenso del general Martínez Espinel.

En esa carta detallaron con nombres, fechas y lugares 23 casos señalados como ejecuciones extrajudiciales entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006, bajo la comandancia de Martínez como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, Primera División.

EN PERSONA PROTEGIDA

En septiembre del 2010, la Fiscalía acusó a 29 militares adscritos al Batallón La Popa de Valledupar, por su presunta responsabilidad en las muertes de Frank Enrique Martínez Caviedes y Claudino Manuel Olmedo Arlante, quienes fueron reportados como muertos en combates con las extintas Farc.

Los hechos se remontan al 14 de mayo de 2005, en el corregimiento San José de Oriente, del municipio de La Paz. Según la Fiscalía, Frank Martínez y Claudino Arlante eran habitantes de Valledupar y no pertenecían a las Farc, como se aseguró en el primer reporte del Ejército. Incluso, Frank, de 17 años, sufría problemas mentales.

Tres meses después, el entonces coronel Jesús Martínez Espinel firmó un acta de pago de recompensa por información suministrada “contra terroristas del frente 59 de las ONT-Farc” que permitió “excelentes resultados en el corregimiento La Mina. El pago efectuado el cinco de agosto del 2005 fue por $1.000.000.

Sin embargo, luego se comprobó que los asesinatos registrados como bajas el 3 de agosto de 2005 en el corregimiento de La Mina, fueron ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas fueron identificadas como Jair Tobías Mendoza y Néstor Enrique Mendoza.
En el Cesar, entre los años 2005 y 2006, hay registro de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de la Décima Brigada en Valledupar y sus corregimientos; La Paz, Codazzi, San Diego, Pueblo Bello y Curumaní; por el lado de La Guajira hay registro de víctimas en Albania, Urumita, Maicao, Villanueva, San Juan del Cesar y Uribia.

EN LA PROCURADURÍA

El 27 de mayo, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación al comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.

Según el comunicado, el órgano de control disciplinario busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito que podría ser similar a la que desencadenó los llamados falsos positivos.

Al final del día, a pesar de las investigaciones y las polémicas que rodean al general, el Senado de la República aprobó su ascenso de mayor general a general full de cuatro soles, el mayor reconocimiento que puede lograr un militar colombiano.

Redacción EL PILÓN