El contrato de $14.686 millones por el que condenaron a José Galiano, candidato a la Alcaldía de Chiriguaná
En el 2006, siendo alcalde Galiano, firmaron los Contratos 032 y 033, cuyo objeto era “la construcción de obras para atender la problemática de la infraestructura de las instituciones y centros educativos del municipio de Chiriguaná”.
En primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná condenó a José Carmelo Galiano, candidato a la Alcaldía de ese municipio, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por eso, le impusieron las penas de 54 meses de prisión domiciliaria e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 66 meses. Inicialmente lo deja fuera de la carrera por la Alcaldía de Chiriguaná, sin embargo, Galiano puede apelar y seguir siendo candidato, con el riesgo de ser elegido y que en segunda instancia lo condenen y lo aparten del cargo.
HECHOS
En el 2006, siendo alcalde Galiano, firmaron los Contratos 032 y 033, cuyo objeto era “la construcción de obras para atender la problemática de la infraestructura de las instituciones y centros educativos del municipio de Chiriguaná”.
Inicialmente contaba con un presupuesto oficial de $10.683 millones, que luego de haber sido modificado incrementó su valor a $14.686 millones.
El proyecto fue nuevamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos Municipales, a través de la Licitación pública N° 003 de 2006, de la que no se encontró antecedentes sobre el proyecto de licitación, análisis o estudios de mercado para determinar precio. (Ver sentencia)
IRREGULARIDADES
Dentro de dicha licitación se presentaron 2 propuestas por diferentes oferentes. Al ‘Consorcio Construcciones Educativas’ le adjudicaron un contrato por $6.967 millones y un plazo inicial de 10 meses y a la ‘Unión Temporal Mejoramiento Infraestructura Educativa’, por un valor de $7.589 millones y un plazo inicial de 10 meses.
Entre las irregularidades encontradas durante la investigación, el juzgado estableció que los consorcios delegaron la responsabilidad en una sola persona. Además, la interventoría para los contratos 032 y 033 tenía un plazo de 6 meses, mientras que los contratos de obra tenían un plazo de 10 meses, y solo se presentó un informe parcial de interventoría.
Sin contar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue elaborado en la misma fecha en que se firmaron los contratos, y no fueron aportadas las Pólizas de Estabilidad ni la de Salarios y Prestaciones Sociales.
Sumado a que una funcionaria adscrita al desaparecido DAS estableció que no realizaron los estudios pertinentes y necesarios que garantizaran una buena ejecución del contrato, conllevando a que fueran solicitadas 2 prórrogas en tiempo y adición en dinero en más de 50%, pero al final no hubo mejoras.
Para completar no se evidenció un cronograma de actividades para llevar a cabo la ejecución de la obra, ni se encontró acta de inicio de obra o actas de avance de esta, “por lo que entonces no se pudo establecer con claridad la ejecución técnica, económica, financiera y administrativa del contrato; algunas facturas no están suscritas y no existe el comprobante de egreso que certifique el pago realizado por la administración”.
Por Redacción EL PILÓN