El mensaje positivo que dejó en Valledupar Paula Gaviria, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, durante su visita junto con el presidente Juan Manuel Santos, es alentador para las personas que sufrieron los estragos de la violencia guerrillera y paramilitar, pero contrasta enormemente con la realidad institucional en cada uno de los 25 municipios del Cesar.
Los alcaldes tienen en virtud de la Ley 1448 de 2001 –Ley de Víctimas- la obligación de apoyar todo el proceso de atención y reparación integral de éstas; sin embargo, en el Cesar unos alcaldes la conocen y la acatan y otros la conocen, pero no la obedecen. Lo mismo ocurre con el Gobernador del Cesar, que preside el Comité de Justicia Transicional donde se dinamizan las políticas públicas de atención a la población víctima del conflicto armado, pero que camina a paso lento, según lo han denunciado los mismos representantes de las víctimas.
La Ley de Víctimas establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional, para hacer efectivo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de repetición. El no cumplimiento tiene sus consecuencias disciplinarias y penales. ¿Será que los alcaldes y el gobernador no lo saben?
